Álava se ampara en la ley para no hacer públicos los bienes de sus altos cargos

El teniente de diputado general alavés, Claudio Rodríguez, respondió ayer en una rueda de prensa al gesto del portavoz del PP en las Juntas Generales de esa provincia, Javier de Andrés, quien hizo pública la semana pasada su declaración de bienes e intereses. Rodríguez aseguró que la difusión de ese tipo de datos de los altos cargos forales se halla prohibida por ley. El gesto del dirigente popular respondía a la negativa del PNV y el PSE a que los populares pudiesen acceder a la información patrimonial del ex diputado de Administración Local, el peneuvista Alfredo de Miguel, imputado en un caso de supuesta corrupción.

Rodríguez recalcó que la decisión de De Andrés se enmarca en su "ejercicio de la libertad", pero que no puede exigir lo mismo a una institución, según informa Europa Press. "Quiero decir que el diputado general de Álava, Xabier Agirre, había anunciado, una semana antes, una modificación de la norma foral que regula el registro de bienes e intereses para que sea público", señaló.

El teniente de diputado general anunció que tal modificación llegará "en breve" a las Juntas Generales, una vez que haya sido aprobada por el Consejo de Diputados. Los altos cargos del organismo deben hacer una declaración de sus bienes cuando toman posesión de su cargo, si su patrimonio sufre alguna modificación, cuando dejan su actividad política y dos años después de haber abandonado el cargo, recordó Rodríguez.

Inspección

A ello se suma en cada ejercicio una inspección tributaria para comparar las declaraciones de la Renta y lo que los altos cargos forales hayan registrado en su declaración de bienes e intereses.

Rodríguez recordó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, negó a los socialistas acceder al registro de bienes e intereses de uno de los implicados en el caso Gürtel, acusado de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

"Esperanza Aguirre está haciendo lo mismo que esta Diputación amparándose en el derecho a la intimidad y en la ley de Protección de Datos. No está permitido al partido de la oposición acceder a la declaración; por tanto, dónde está la crítica", abundó Rodríguez. "Los que más tienen que callar son los que más hablan. Tienen que callar porque tiene abierto un frente de corrupción en todo el Estado", concluyó en referencia al PP.