Ocho de las once leyes de Feijóo son modificaciones de normas anteriores

Pocas leyes, escasos cambios y mucha prisa. Son las tres particularidades de la producción legislativa en el primer año de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que se acaba de cumplir. Si se exceptúa la Lei de Orzamentos, que se rige por un procedimiento especial, la Xunta sacó adelante en el Parlamento en estos 12 meses 10 proyectos legislativos, a los que hay que añadir la proposición del BNG para reformar la normativa de las cajas, que la Xunta hizo suya. Once en total, pero de ellos, hasta ocho son meras modificaciones de leyes ya existentes, en algunos casos destinadas a cambiar unos pocos artículos de la ley anterior. Otra, la del aprovechamiento eólico, sustituye al decreto del Gobierno bipartito sobre la misma materia.

Pese al limitado alcance de la mayoría de las leyes de la Xunta del PP, la celeridad fue su principal característica. Todas las leyes aprobadas por el Consello del Gobierno se tramitaron en el Parlamento por el procedimiento de urgencia, un método que ha provocado quejas reiteradas del Consello Económico e Social y de la oposición. Y de ellas, la mitad por lectura única, lo que permitió apurar al máximo los plazos. Es el caso de la Lei de Caixas, que se publicó en el Diario Oficial de Galicia apenas un mes después de que se aprobara inicialmente. Las seis leyes aprobadas por lectura única -cinco de la Xunta y la de cajas, del Bloque- superan las tramitadas por el mismo procedimiento en toda la legislatura anterior.

Iniciativas legislativas

Además de todas estas leyes, el Parlamento tomó en consideración durante este primer año una iniciativa legislativa popular sobre mujeres embarazadas promovida por asociaciones antiabortistas, que se convirtió en la primera ley admitida a trámite del mandato de Núñez Feijóo, y otra sobre el sector naval, ambas en trámite. También están pendientes de informe del CES los borradores de la Lei de Augas y de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores.

Las tres únicas leyes que no son modificaciones aprobadas en este mandato son la de modernización del transporte público, que consta de dos artículos; de medidas tributarias para la transmisión de viviendas y actos jurídicos documentados, de cinco artículos, y de aprovechamiento eólico, que deroga un decreto del Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas.

La producción legislativa mejora en todo caso a la del mencionado Gobierno bipartito, que en su primer año sólo sacó adelante siete leyes, incluida la de Orzamentos. Pero a diferencia de la actual Xunta del Partido Popular, sólo una fue una modificación legislativa. Entre las aprobadas se encontraban leyes como la del Dereito Civil, del Consello Agrario Galego, de protección de los ríos y de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega. Tras el verano, el Gobierno que entonces presidía el socialista Emilio Pérez Touriño retomó la actividad legislativa, y concluyó el año 2006 con 17 leyes aprobadas, seis más que las que sacó adelante la Xunta en su primer año.

- Modificación de la ley de pesca. Fue la primera que la Xunta remitió al Parlamento. Consistió en un simple aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de Pesca aprobada en la anterior legislatura, para dar tiempo a la nueva Consellería de Mar a elaborar otra norma distinta.

- Modificación de la ley de función pública. Consiste en una reforma del artículo 35, con el objetivo de permitir la realización en castellano de todos los procesos selectivos de personal de la Xunta. Hasta ese momento, había pruebas en gallego obligatorias.

- Modificación de la ley de régimen presupuestario. Consta de un único artículo, que modifica el 48 de la ley anterior, para permitir que los organismos autónomos, sociedades públicas autonómicas y otros entes públicos pasen a integrarse en los Orzamentos Xerais de la Comunidad Autónoma.

- Ley de medidas tributarias. Primera ley completamente nueva de la legislatura. Consta de cinco artículos, en los que se introducen exenciones fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para fomentar el acceso a la vivienda y la sucesión empresarial.

- Ley del transporte público. Acuciada por la Unión Europea, la Xunta remitió al parlamento una ley de medidas urgentes, consistente en dos únicos artículos por los que se prorrogan las concesiones del transporte público por carretera y el escolar. Se aprobaron por el procedimiento de urgencia y en lectura única.

- Segunda modificación de la ley de pesca. Tras aplazar la aplicación de la del bipartito, la Xunta aprobó la modificación de la que estaba en vigor. La norma riza el rizo al convertirse en una modificación de una ley que modifica a otra anterior, y que nunca llegó a entrar en vigor. Aunque de artículo único, supone una revisión profunda de la ley aprobada en 1993.

- Modificación de la ley de comercio interior. Como en el caso de la del transporte, consistió en una transposición de una directiva europea casi al límite del plazo del que disponía la Xunta. Adecua la normativa comercial en materia de autorizaciones para la implantación de establecimientos comerciales.

- Ley de aprovechamiento eólico. Derogó el discutido decreto del bipartito y estableció las nuevas condiciones para efectuar un nuevo concurso. Contempla la creación del canon eólico y el fondo de compensación ambiental.

- Modificación de la ley de cajas. En pleno debate sobre la fusión de las cajas, Feijóo sorprendió al votar a favor de la toma en consideración de una proposición de ley del BNG, aprobada por lectura única. La impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional paralizó la entrada en vigor de once preceptos. El resto está en un limbo jurídico que Facenda no aclara.

- Modificación de 24 leyes. De una tacada, la Xunta tuvo que reformar 24 leyes para adaptarlas a una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que estaba en vigor desde 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

- Modificación de la ley del suelo. Es la última de las leyes aprobadas por el Parlamento gallego en el primer año de legislatura. Polémica por la amnistía a edificaciones ilegales y por sus efectos en la dispersión de la población, es un paso previo a la nueva ley de ordenación urbanística que el Gobierno gallego se propone efectuar a lo largo de la legislatura.