ICV-IU pide blindar a quien investigue el franquismo

Si el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dejado la puerta abierta a modificar la Ley de Memoria Histórica, un grupo político, IU-ICV, ha decidido traspasarla con propuestas concretas. La decisión de Joan Herrera, de ICV, junto a Gaspar Llamazares, de IU, de interpelar al Gobierno sobre "la recuperación de la Memoria Histórica", tiene como motivaciones últimas que no vuelva a ocurrir una situación como la que vive el juez Baltasar Garzón por pretender la investigación de crímenes del franquismo. Aunque no sólo eso. Herrera, que peleó palabra a palabra la Ley de Memoria Histórica promovida por el Gobierno, con satisfacciones y sinsabores, también pretende subsanar, a través de una moción parlamentaria, los fallos o lagunas que se registran en la práctica de esta ley algo más de dos años después de su aprobación. Así, por un lado, pretende "hacer las reformas necesarias para garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista".

Solicita un alto comisionado y una fiscalía de apoyo a las víctimas

También, y, ya referido en concreto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, solicita la reforma de cuatro artículos para que las administraciones y, en último caso, la central, es decir, el Gobierno, tenga la máxima responsabilidad en las exhumaciones e identificaciones de las fosas. De esta forma no cabría que estas se produzcan según el criterio de cada juez.

La iniciativa se presentará la próxima semana y es probable que su discusión se produzca la siguiente y, por tanto, hay margen para la negociación política con el Grupo Parlamentario Socialista.

El aspecto que más directamente entra en la situación que ahora vive el juez Garzón se traslada en esta propuesta: reformar las disposiciones legales que sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones del ordenamiento jurídico que vayan contra los principios de justicia, verdad y reparación. "Dichas reformas tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista", señala el grupo parlamentario.

También se pide la creación de un Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y una fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Por otro lado, también se hablará directamente de la Ley de Amnistía de 1977. Los diputados del BNG, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Dávila, piden su modificación para que lo dispuesto en esa ley "no sea de aplicación a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, a los que será de aplicación lo dispuesto en la normativa internacional que regula los mismos".