Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:

Una reforma en medio del túnel

Las trabajos para fijar las nuevas reglas financieras avanzan muy lentamente

José Viñals, director de asuntos monetarios y mercados del FMI, sostenía la semana pasada en Washington que el tren de la reforma financiera avanza toda velocidad. "Lo que pasa es que como el tren está en aún esta dentro del túnel, no se ve a la velocidad a la que viaja. Pero cuando salga del túnel, se verá". El repaso de las medidas puestas en marcha por el G-20 muestra que efectivamente, el tren se mueve. Pero los calendarios fijados para que las reformas sean efectivas indican que o bien el túnel es muy largo o bien la velocidad es más propia de un mercancías que de un AVE.

La cumbre de Londres del G-20 del 2 de abril de 2009 proclamó que "los grandes fallos en el sector financiero y en la regulación y la supervisión financieras fueron causas fundamentales de la crisis". "La confianza no se recuperará hasta que no reconstruyamos la confianza en nuestro sistema financiero", añadía la declaración final de una reunión que fue el gran estreno internacional del presidente de EE UU, Barack Obama, entonces en pleno apogeo.

Tras el impulso de la cumbre de Londres, el proceso se ha frenado

Hay una enorme batalla por inclinar las normas de un lado u otro

En el futuro habrá exigencias más duras de capital a la banca

Las normas sobre retribuciones tratan de desincentivar el riesgo excesivo

En Londres, cuando se vivía aún lo más agudo de la crisis, se fijó una agenda de reformas ambiciosa, pero pronto el G-20 chocó con la realidad. En la cumbre de Pittsburgh de septiembre pasado, los dirigentes del grupo de países avanzados y emergentes debían empezar a pasar a limpio los grandes principios esbozados en Londres, pero en lugar de eso, el G-20 echó un borrón. La dimensión del encargo era tal que los organismos financieros internacionales que elaboran las normas y recomendaciones pidieron más tiempo. Así, bajo la apariencia de "un calendario más detallado", lo que ocurrió realmente es que se dilataron los plazos previstos en Londres para la reforma financiera. La cosa va lenta. Y, sin embargo, se mueve.

CAPITAL y LIQUIDEZ

Una de las reformas más importantes (y que va más despacio) es la que tiene que ver con los requisitos de capital y liquidez de la banca. El comité de Basilea tiene previsto presentar un borrador de su conjunto de propuestas en julio que, tras el paso por diferentes organismos, se convertiría en definitivo a finales de este año, con la venia de la cumbre del G-20 de noviembre. Los elementos clave de las nuevas propuestas son medidas para elevar la calidad y transparencia de la base de capital, nuevos requisitos de liquidez, la posible introducción de una nueva ratio de apalancamiento que contribuya a evitar riesgos excesivos y, la gran aportación española, las reservas anticíclicas, con las que los bancos deberían constituir fondos de capital en tiempos de bonanza que puedan ser usados en periodos de crisis.

La reforma no es neutral. Hay una enorme batalla por inclinar la normativa de un lado u otro por las grandes implicaciones que puede tener para las entidades y para las economías, pues algunas normas puedan contribuir a cerrar el grifo del crédito.

El diablo está en los detalles, y ahí están las discusiones. Con respecto al capital, la primera pelea es por establecer cuál es la definición de core capital (o capital de máxima calidad) y si se aplica de modo homogéneo en todos los países. La segunda es si se fija un límite mínimo o se deja que sean los mercados los que juzguen. La tercera es sobre cuándo entrarán en vigor las nuevas reglas. En Pittsburgh se acordó que las nuevas exigencias se aplicarán a medida que las condiciones financieras mejoren y la recuperación económica esté asegurada, señalando hacia finales de 2012, lo que en el sector se interpreta como que los ratios no serán exigibles hasta las cuentas de 2013. Pero aunque se retrase la entrada en vigor, los mercados ya van a empezar a juzgar con los nuevos parámetros. Lo que está claro es que las viejas formas de medir el capital están en desuso y que las nuevas van a suponer mayores exigencias, lo que puede poner en dificultad a numerosas entidades.

En cuanto a la liquidez, algunas propuestas penalizan a la banca comercial en detrimento de la de inversión, lo que parece un contrasentido. Por eso, también en esta materia hay una batalla soterrada de los grupos de presión tratando de arrimar el ascua a su sardina.

RETRIBUCIONES

Los grandes principios sobre la reforma de las retribuciones ya están sentados por el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), pero su aplicación es otra cosa. Los mayores avances se realizan por el lado del gobierno corporativo, con obligaciones de supervisión interna y transparencia sobre las retribuciones, pero va más despacio la implementación de la idea de que las políticas de retribución no incentiven el riesgo excesivo. En algunos países, entre ellos España, la aproximación es no sólo aumentar la transparencia mediante nuevas exigencias normativas, sino también reforzar los poderes del supervisor (el Banco de España) para controlar si las políticas retributivas incentivan el riesgo o si son acordes con una fuerte base de capital del banco. Cuando se endurezcan las exigencias de capital, los supervisores tendrán mayor margen de maniobra. Para los bancos con elevada solvencia, no habrá límites a la cuantía de los bonos multimillonarios, pero lo que sí se exige a los países miembros del CEF es que antes de final de año incorporen sus recomendaciones. Habrá un examen en el segundo trimestre de 2011. Las recomendaciones del CEF son, en algunos casos, bastante concretas. Así, se establece que una parte sustancial de la paga variable (entre el 40% y el 60%, según los casos) sea diferida al menos tres años y que, en caso de que los resultados que dieron lugar a su generación empeoren de un modo significativo, se pueda suprimir su pago, algo así como reclamar la devolución del bonus. Además, una parte sustancial de la paga variable, al menos el 50%, debe pagarse en acciones u otros instrumentos ligados a la cotización. También se proscriben los bonus garantizados. El objetivo de todo ello es desincentivar la asunción de riesgos excesivos a corto plazo que no tengan en cuenta las implicaciones que para la entidad puedan tener a medio y largo plazo. De todas formas, es una de las reformas que avanza más rápido, en parte porque es una de las que más réditos puede aportar a la opinión pública. Algunas entidades, como es el caso del Banco Santander en España, han decidido adelantarse y adoptar de inmediato las nuevas políticas de retribución.

DERIVADOS

Los líderes del G-20 acordaron en Pittsburgh que todos los contratos de derivados estandarizados over the counter (esto es, negociados ahora fuera de mercados organizados) deben ser negociados a través de plataformas electrónicas o mercados de valores y liquidados a través de cámaras centrales de compensación para finales de 2012. Se trata, con ello, de que haya mayor transparencia y garantías. Un grupo de trabajo está preparando una serie de recomendaciones concretas que presentar al CEF en octubre de este año. Aunque hay algunas iniciativas nacionales ya en marcha, por ahora los derivados over the counter siguen campando a sus anchas. Entre estos tipos de contratos están los famosos credit default swaps (CDS) o seguros contra impago de deuda, un mercado altamente especulativo. Tras la quiebra de Lehman, los CDS llevaron al borde del abismo a AIG y ahora han tenido un papel destacado en la crisis de la deuda soberana. Aunque se trata de mercados menos líquidos y transparentes que los de bonos, los CDS sirven para apostar por el impago o la quiebra de un país. Han recibido enormes críticas porque se puede comprar el seguro (el CDS) sin tener nada que asegurar (el bono), lo que puede crear incentivos perversos: es como permitir contratar un seguro de incendios sobre la casa del vecino, han argumentado algunos. Además, las garantías exigidas son claramente insuficientes y como ocurrió con Lehman y AIG, no está nada claro que si al final se produce el impago eso no tenga consecuencias en cadena, por no estar la cobertura de los riesgos suficientemente garantizada. Los precios de los CDS, además, parecen con frecuencia contradecir la lógica. El mercado de CDS asigna mucha más probabilidad de impago a un país como España (cuya solvencia está entre la AAA y la AA) que a otros con una calificación muy inferior como Colombia, Perú o Indonesia (ésta última con rating de bono basura).

DEMASIADO GRANDE PARA CAER

Si alguien tenía alguna duda de que hay entidades que eran demasiado grandes para dejarlas caer (too big to fail), la quiebra de Lehman se encargó de despejarlas. El riesgo moral de que si un banco va bien, el beneficio se lo lleven los accionistas y, si va mal, el rescate lo paga el Estado, ha llevado a elaborar políticas para lidiar con las entidades sistémicamente importantes. Hay tres objetivos: reducir la probabilidad y el coste de la caída de una entidad, mejorar la capacidad de afrontar la crisis de un banco sistémico y amortiguar el contagio y las interconexiones con el conjunto del sistema.

La mejora de la supervisión de las entidades sistémicas es la vía para prevenir su caída. Para reducir el coste, se estudia fijar un requerimiento extra de capital para las entidades sistémicas. Además, de modo general se plantea una tasa a la banca que contribuya a cubrir el coste del rescate y hay medidas anunciadas en este sentido. De nuevo, aquí hay una batalla entre quienes defienden que hay que penalizar el tamaño y quienes creen que lo que hay que hacer es desincentivar el riesgo. Tanto en lo que se refiere a las exigencias de capital como al modo de calcular el impuesto a los grandes bancos.

En cuanto a la gestión de crisis y el riesgo de contagio, hay trabajos para mejorar la coordinación internacional, para establecer cortafuegos. En último término, una de las opciones más llamativas es el llamado testamento bancario, en el que una entidad establece la fórmula legal y societaria para liquidar sus activos de una forma ordenada, de modo que pueda disolverse sin crear un colapso del resto del sistema financiero. Con ese libro de instrucciones, los bancos dejarían de ser demasiado grandes para caer.

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

Las agencias de calificación crediticia están entre las grandes culpables de la crisis financiera. Asignaron calificación AAA, la máxima posible, a títulos financieros que empaquetaban hipotecas basura o a bonos de la quebrada Lehman Brothers. Ya se habían equivocado antes muchas veces, en la crisis asiática de los noventa, en Enron, en Parmalat... Esta vez, ayudaron a la banca a vender humo. Con ello, facilitaron la diseminación por todo el sistema financiero de activos tóxicos que han puesto a la banca, primero, y a la economía, después, contra las cuerdas.

Las sesiones ante el comité del Senado de EE UU han dejado al descubierto las vergüenzas de estas agencias, en las que se dio prioridad a lograr negocio frente a la calidad del examen de riesgos. No se atajaron los conflictos de intereses y eso corrompió su trabajo.

Lo curioso es que dichas agencias, que se equivocaron hasta el extremo, han emergido de la crisis con un enorme poder. Basta mencionar el terremoto que han provocado esta semana las rebajas de calificaciones de la deuda soberana de Grecia, Portugal y España por parte de Standard & Poor's, que junto con Moodys y Fitch dominan este mercado como una especie de oligopolio. Sus calificaciones no sólo mueven los mercados de deuda sino que son válidas a la hora de presentar activos como garantía para obtener liquidez del Banco Central Europeo, por ejemplo.

En esta materia, los dirigentes del G-20 se limitaron a adoptar en Londres un compromiso genérico de "ampliar la supervisión y el registro regulador a las agencias de calificación crediticia para garantizar que cumplen el código internacional de buenas prácticas, en especial para impedir conflictos de interés inaceptables". Tras esa declaración, tanto en Estados Unidos como en Europa se han dado algunos pasos para regular mejor las agencias, y ellas mismas han hecho algo de autocrítica y han revisado parte de sus métodos.

En Europa, la nueva normativa de supervisión de las agencias obliga a éstas a inscribirse en un registro y cumplir una serie de reglas para que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de interés, se asegura la calidad de los métodos de calificación y de las notas otorgadas y se aumenta la transparencia. Además, deben diferenciarse del resto las calificaciones de productos estructurados.

HEDGE FUNDS

Otro de los acuerdos de la cumbre del G-20 en Londres fue "ampliar la regulación y la vigilancia a todas las instituciones, los instrumentos y los mercados financieros sistémicamente importantes", incluyendo por primera vez a los fondos de alto riesgo (hedge funds) sistémicamente importantes. Este tipo de fondos ha vivido en una especie de limbo regulatorio en buena parte de los países. Ni siquiera la grave crisis desatada por la quiebra del Long Term Capital Management a finales de los noventa sirvió para que se fijasen reglas estrictas para este tipo de entidades. No se puede decir que hayan sido causantes de la actual crisis financiera, pero nadie duda de que han contribuido a agravarla, muchas veces obteniendo con ello enormes beneficios. Tumbaron las acciones financieras con ventas en descubierto y se lucraron con el desplome de los productos estructurados respaldados por hipotecas basura. También se han lanzado a atacar al euro y a algunos países, como Grecia, sobre todo en el mercado de CDS. John Paulson, salpicado por el caso de fraude de que se acusa a Goldman Sachs, ha ganado miles de millones con esas operaciones.

En un discurso pronunciado la semana pasada, la consejera de la Comisión el Mercado de Valores de EE UU (la SEC), Elisse Walter, advertía que los hedge funds son entidades "virtualmente sin regular" pese a que gestionan más de un billón de euros. Aunque las leyes de reforma financiera que se tramitan en EE UU pueden dar más poderes al supervisor, Walter advierte que dejan lagunas. En Europa, la presidencia española quiere que se regulen los hedge funds antes de junio. De momento, el Gobierno español accedió a la petición del primer ministro británico, Gordon Brown, de dejar la reforma para después de las elecciones del 6 de mayo.

En otros vagones del tren de la reforma financiera se pretende establecer nuevas reglas sobre las titulizaciones, armonizar los principios contables o mejorar la coordinación de los supervisores. Pero, de nuevo, los plazos son largos: el tren sigue en el túnel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de mayo de 2010