Ajustar con sentidiño

Siento simpatía hacia los gobernantes que, cuando es necesario, suben los impuestos y ajustan el gasto a la baja. Eso es ser fiscal y políticamente responsable. Por eso creo que, de entrada, es positivo que la Xunta se apunte a la estrategia de la consolidación fiscal, ante la situación de caída de la recaudación tributaria que están sufriendo todas las administraciones públicas españolas, sin parangón en décadas.

A partir de ahí, hay que discutir la forma de hacerlo y los posibles efectos de las diferentes opciones. De forma autónoma, el ajuste fiscal puede realizarse incrementando ingresos tributarios o recortando gastos. La primera vía pasa por mejorar la gestión tributaria e intensificar los esfuerzos contra el fraude, o por subir tipos impositivos y eliminar exenciones y deducciones. En el terreno de la gestión, la capacidad de la Xunta es menor. Los tributos que tramita de forma directa son secundarios en términos recaudatorios, porque en España la gestión está altamente centralizada. En cuanto a la subida de impuestos, existe cierto margen. Pero es difícil imaginar que un Gobierno situado en la derecha ideológica y que prometía en su programa bajadas impositivas vaya a transitar esta senda. El aplazamiento sine die de esas rebajas es lo máximo que cabe esperar.

El peso del presupuesto autonómico en el empleo y el PIB de Galicia duplica al de Madrid

Por tanto, el ajuste presupuestario va a centrarse en el lado del gasto, lo que conduce a interrogarse sobre su tamaño, las partidas concretas en las que se puede realizar, sus efectos sobre el sistema productivo y sus consecuencias para el bienestar social.

En cuanto a la dimensión del recorte, las comunidades autónomass deberían ser leales y cumplir con lo pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La coordinación de las políticas fiscales es tarea del Gobierno central y lo que debe hacer cada agente decisor (comunidad autónoma, diputación o ayuntamiento) es cumplir con lo firmado. Eso es ser un país serio y creíble en los mercados financieros internacionales. Aprobar presupuestos que superan ya de entrada el déficit acordado, como ha hecho alguna comunidad, es ser fiscalmente irresponsable. Por tanto, hay que aplaudir los esfuerzos de la conselleira de Facenda para conseguir mantener el déficit para 2010 en los límites establecidos, sin caer en la tentación de esconder facturas en el cajón y aunque para ello sea necesario revisar sobre la marcha el presupuesto en ejecución.

Dicho lo anterior, hay que encontrar las partidas en las que el ajuste sea menos gravoso, no sólo desde un punto de vista social, sino también económico. Tarea que no es sencilla, por varias razones objetivas. La mayor parte del presupuesto autonómico se canaliza hacia servicios muy visibles para el ciudadanos, con gran influencia sobre su bienestar (sanidad, educación, servicios sociales...). Por ejemplo, el peso de la Administración autonómica en el empleo y el PIB de Galicia duplica al de la Comunidad de Madrid: lo que quiere decir que una mayor proporción de personas y empresas dependen de sus contratos con la Xunta. Existen muchas líneas del presupuesto de gasto intocables por diversas razones (intereses de la deuda, salarios...), lo que significa que realmente el ajuste no recae sobre 11.000 millones de euros, sino sobre una cantidad sustancialmente inferior. 200 millones de euros no llegan al 2% del presupuesto aprobado para 2010. Pero se convierten en un porcentaje de dos dígitos cuando se deja a un lado la parte del presupuesto que no es revisable a la baja, al menos en el corto plazo.

Sería temerario tratar de solventar en unas líneas el problema, pero me atrevo a sugerir algunas ideas. Primera, deben evitarse los ajustes generales: hay que hacer un trabajo minucioso para evitar meter la tijera allí donde los recursos son ya insuficientes. Segunda, la metodología de las tablas input-output pueden decirnos algo sobre el impacto económico de recortar una cosa otra, dependiendo de su naturaleza o del destino geográfico de los pagos que se eliminan. Tercera, los ajustes presupuestarios sirven de poco cuando los gestores tienen la opción de meter las facturas en el cajón. Si los responsables de gestión no colaboran, el ejercicio adelgazador puede quedar en un brindis al sol. Finalmente, los ahorros en las estructuras de la administración y de los gabinetes que se dedican a pensar y diseñar estrategias pueden ser enormemente costosos para la acción del Gobierno.