Dos estrategias frente a frente

Dos estrategias chocaron ayer en sede judicial. Ambas lideradas por dirigentes del PP. Unos, que se opusieron en su día a la línea anti Rajoy de Esperanza Aguirre, fueron víctimas del espionaje en vísperas del congreso que debía definir el liderazgo del PP. Se trata del vicealcalde madrileño Manuel Cobo, el entonces vicepresidente segundo regional Alfredo Prada y la diputada autonómica Carmen Rodríguez Flores. Los otros, los acusados, son todos subordinados de Francisco Granados, consejero de Interior de Aguirre.

Más de un año después de que estallara el escándalo, las víctimas mantienen el mismo reto: quieren saber quién ordenó y financió el intenso espionaje que sufrieron en sus carnes cuando se ventilaba un pulso entre su máximo mentor político, Mariano Rajoy, y Aguirre. Ellos no han variado su discurso. Aguirre y los suyos, sí.

Al inicio, aseguraron que nunca se había seguido a Cobo ni a Prada. Ante la evidencia de que el primer informe policial ya demostraba que en mayo de 2008 Prada fue seguido hasta la saciedad por agentes de Granados, éste aventó que no era extraño que se produjeran coincidencias dado que al ex vicepresidente segundo se le habían practicado contravigilancias como a cualquier otro miembro del Gobierno de Aguirre. Contravigilancias que serían ilegales. Y que nunca han demostrado haber aplicado con tal furor a ningún otro cargo.

Aguirre no ha despedido a ninguno de los cinco imputados que mantiene bajo contrato, cuatro en calidad de asesores. Ello contrasta con su exigencia de dimisiones en el caso Gürtel para los cargos propios y ajenos del partido. Y manipula en su descargo una frase de un periodista para asegurar que no hay pruebas de que ella ordenara el espionaje. Pero no explica por qué le es más fácil echar a sus diputados que a sus asesores cazados en labores de espía.