Una estrategia básica

La progresiva evolución del contexto hacia una economía basada en el conocimiento ha puesto sobre el tapete internacional de los análisis y de las políticas la importancia de disponer de sistemas de educación y formación eficaces y de calidad. En España, la contundencia de la crisis económica y su demoledor impacto sobre el empleo ha llevado a los expertos y a la propia opinión pública a reconocer, sin ambages, la precariedad de nuestro sistema educativo en materia de resultados, que se manifiesta en el hecho de que, de cada 100 alumnos que entran en el sistema escolar, 44 salen de él infracualificados, es decir, sin haber terminado la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio.

Descendiendo al ámbito concreto de la sostenibilidad del Estado de bienestar, la educación no sólo opera en términos positivos del lado de los ingresos incrementando las aportaciones fiscales de los ciudadanos, por efecto de la conocida vinculación entre nivel formativo y nivel de empleo y de retribución, sino que lo hace, además, en términos negativos del lado de los gastos, al reducir en el medio y largo plazo el gasto sanitario y el gasto generado por la delincuencia, en magnitudes significativas que se han podido estimar.

Una interpretación superficial de todo lo anterior podría llevarnos a invocar el incremento sustancial del gasto educativo, en tanto que inversión, como solución milagro. Pero esas soluciones sencillas a problemas complejos, por lo general, no suelen ser soluciones. En efecto, también en la relación entre gasto educativo y resultados opera la ley de los rendimientos decrecientes, de modo que la influencia de la variable gasto sobre la variable resultados no es lineal sino que disminuye con el incremento de gasto educativo, hasta llegar a un valor a partir del cual grandes inyecciones de recursos producirán, en el mejor de los casos, pequeños avances en materia de resultados escolares. Esto último es lo que se observa en los países desarrollados.

En la pretensión deseable de sostenibilidad del Estado de bienestar, y por exigencias tanto de la coyuntura económica como de la baja calidad de nuestras políticas educativas, es preciso desplazar el acento del gasto bruto a la eficiencia del gasto. El incremento del gasto en educación, por sí solo, constituye pues un indicador de mejora claramente insuficiente. En este punto surge la pregunta ¿cómo mejorar la eficiencia del gasto educativo? Cabe esbozar, en lo que sigue, un conjunto fundado de orientaciones metapolíticas:

Definir mejor las prioridades. A este respecto, no estaría de más recordar el principio de Pareto, o ley universal de las prioridades, que establece para los sistemas complejos que el 20% de las causas explica el 80% de los efectos. No se trata, pues, de dispersar los esfuerzos en mil y una medidas, sino de identificar ese grupo relativamente reducido de factores críticos cuya influencia en la mejora de los resultados escolares es máxima, y de concentrar sobre él las políticas educativas.

Basar las políticas en evidencias. Tanto para definir, con alguna seguridad, las prioridades como para corregir, en su caso, las actuaciones es preciso basar las políticas no en meras suposiciones sino en el soporte que nos facilita una comprensión profunda de los fenómenos y que reposa sobre las evidencias empíricas.

Adoptar enfoques sistémicos. En educación, las políticas eficaces suelen agruparse en racimos cuyos elementos están interrelacionados, de modo que refuerzan sus efectos mediante una suerte de bucles causales. Esta visión integrada o sistémica de las políticas no sólo incrementa su eficiencia sino que acorta los tiempos necesarios para que los resultados se manifiesten.

Evaluar y tomar en consideración el impacto de las políticas. Esto se hace imprescindible si se pretende hacer inteligentes las políticas; es decir, para corregir a tiempo los errores y para aprender sin demora de la experiencia.

Francisco López Rupérez es presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.