Cuando el trabajo es el infierno

Jaime Javier Aguilar tiene el 90% del cuerpo quemado, ocho dedos entre ambas manos y una pensión por incapacidad permanente. "Me había marcado un futuro diferente", analiza con la frialdad del que ha tenido tiempo para procesar su desgracia.

Este soldador paraguayo de 42 años perdió su carrera y su salud en 2006, cuando encendió un soplete en un sótano de la sede del PP y la habitación se convirtió en una bola de fuego por la explosión de gases de pintura. "El cuerpo se me cubrió de llamas en segundos", recuerda Aguilar. Trabajaba sin papeles y sin contrato para la empresa Carrocerías Tomás.

Cuatro años después, ha recibido un permiso de residencia por causas excepcionales y una pensión. Pero sigue esperando una indemnización por daños y perjuicios. Su empresa mantiene atascado el proceso judicial con un recurso. Esta situación, la paralización de las causas por parte de los imputados, es un problema común entre las víctimas de accidentes laborales, según denunciaron ayer la Fiscalía de Madrid y los sindicatos en un acto previo al Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra hoy.

El atasco judicial agrava la cuestión de la siniestralidad laboral

El tiempo que se tarda en hacer justicia, en que salga una sentencia al final de la usual cadena de recursos, es uno de los lastres con que cargan los trabajadores accidentados. Y ahí puso el foco ayer el fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, en una jornada de debate previa al Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. "Una causa que se tarda más de cinco años en instruir, difícilmente podrá servir para dar una respuesta justa", reconoció Esteban. En 2009, según los datos que ofreció, 20 de los 80 procesos en los que la fiscalía imputó delitos laborales se debían a accidentes ocurridos hace un lustro.

El fiscal juzgó que los recursos frenan las causas "de forma deliberada", y cuestionó que estos procesos judiciales se "eternicen" debido a la supuesta "complejidad" de los hechos. "Son dramáticos, pero no complejos", argumentó Eduardo Esteban.

En esta situación se encuentran Jaime Javier Aguilar, el soldador que se quemó en 2006 en la sede del Partido Popular en la calle de Génova, y muchas otras víctimas de accidentes en el trabajo. El abogado de Aguilar, Jesús Martínez, del sindicato UGT, asegura que tiene "unas 50 causas de este tipo pendientes de recursos". Víctimas y familias que se embarcan en procesos judiciales que se demoran sin que se resuelvan las imputaciones por falta de prevención de riesgos y sin que haya una indemnización de empresas y aseguradoras a los afectados.

Mientras tanto, unos se aguantan con su pensión de incapacidad, como Aguilar; otros, con la de viudedad, como la madre de Sara Gómez, de 26 años, cuyo padre, albañil, murió en el tajo en octubre de 2008. "La noche anterior me dijo que esa obra no le gustaba un pelo, que no quería ir, pero su jefe le mandó ir", recuerda Sara en conversación telefónica con este periódico.

"Parece ser que estaba trabajando sobre un techo de uralita que se rompió, y cayó desde tres metros de alto", detalla la hija del obrero fallecido. Esa apariencia es la que todavía no se ha corroborado en el juzgado. Ni esa ni ninguna otra. "Todo el mundo calla. El jefe estaba en la obra, con muchos compañeros más. Pero ahora nadie vio nada. Nadie sabe nada. A lo mejor a mi padre se le ocurrió subirse a una obra, una mañana de octubre, para tomar el sol", afirma Sara Gómez, agriada, con el juicio por la muerte de su padre estancado. Está recurrido.

Si el fiscal Eduardo Esteban habla de causas que se alargan más de cinco años, en los sindicatos se lleva la cifra más allá. "No es extraño que se celebren juicios diez años después de los accidentes", afirma un letrado de CC OO, Antonio García.

Al hecho que todos señalan como causa principal (los recursos de las partes imputadas), García añade otros dos aspectos determinantes: "En ocasiones son muchos los imputados. Hay juicios a los que concurren cinco o seis empresas. Pero también ocurre que los informes están meses atascados en la fiscalía, que tarda mucho en despachar los casos por la carga de trabajo".

El atasco judicial, el desamparo de las víctimas durante años, agrava la cuestión de la siniestralidad laboral. En 2009 murieron 95 trabajadores en la Comunidad de Madrid, y en el primer trimestre de este año han perdido la vida 28. Un problema que remite a un peligro de raíz, la falta de prevención de riesgos, el caballo de batalla constante de los sindicatos y las administraciones.

Jaime Javier Aguilar, en sólo ocho meses trabajando en la construcción, tuvo la ocasión de comprobar en qué consiste la falta de medidas de seguridad: "Había obreros que bajaban piezas pesadas con cuerdas, sin usar la grúa. Otros trabajaban sin arnés en sitios altos. Los soldadores no paraban ni cuando llovía, con el riesgo de las descargas eléctricas...", relata el trabajador paraguayo, apartado de su oficio para siempre por un accidente.

En ese tiempo vio y sufrió las posibles causas del drama, pero también detectó fácilmente la ecuación básica del problema: "Los mejores obreros para los jefes son los que trabajan a destajo, aprisa y con riesgos, para pagar menos por cada metro de obra que trabajan".

La actitud de los trabajadores ante el riesgo o los motivos que les llevan a asumirlos sin rechistar son la otra cara de la moneda. "Los sindicatos se preocupan, también las autoridades del Estado", opina Aguilar, "pero los empresarios no respetan las normas y los obreros corren demasiado detrás del dinero, sin formación, sin conocimiento", juzga Aguilar, que a partir de ahora empleará su mala experiencia en la Fundación de Atención a las Víctimas de Accidentes Laborales. UGT ha puesto en marcha la fundación esta semana, con el objetivo de que los afectados, sean o no afiliados del sindicato, tengan la ayuda de sus servicios jurídicos y puedan unirse en campañas ciudadanas contra los accidentes en el trabajo.

"Se trata de que la gente que ha sufrido esto pueda convertir esa rabia en una energía que haga que los demás sean conscientes de este problema", explica el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez.

Sara Gómez, la hija de Braulio, cuenta su caso en público con esa voluntad, pero no tiene claro que las palabras puedan determinar lo que suceda en la realidad: "Yo hablo porque quiero que esto no vuelva a pasar... Pero nadie va a hacer caso. La gente piensa que no le va a ocurrir algo así y sigue trabajando de la misma manera. Es como los accidentes de tráfico. Yo no espero darme un golpe, pero puede que me lo dé".