El fiscal considera prevaricación que los alcaldes no colaboren con Tráfico

Desde 2007, una fiscalía especializada trata de contribuir a la mejora de la seguridad vial en Galicia. Su portavoz, Carlos Gil, abrió ayer las comparecencias de la comisión creada en el Parlamento con el mismo objetivo, ante la que dio cuenta de las principales iniciativas del ministerio público en sus primeros años de actividad. Una de ellas fue todo un aviso a navegantes, el de la persecución por un delito de prevaricación omisiva a los alcaldes que se niegan a elevar la Dirección General de Tráfico (DGT) los boletines de denuncia con pérdida de puntos.

No sólo la Guardia Civil está autorizada para detraer créditos en el carné de conducir. También las policías locales, pero para ello deben suministrar la información a la DGT para que haga efectiva la resta. El fiscal carece de datos oficiales sobre cuántos lo hacen, pero apeló a informaciones periodísticas para calcular que sólo un 20% de los 136 ayuntamientos gallegos con policía local cumple la ley. Sus alcaldes se exponen a multas económicas y a inhabilitaciones de hasta 10 años.

Sólo el 20% de los ayuntamientos restan puntos a los conductores

La fiscalía reclama el decomiso de los vehículos de los infractores

Es una de las conclusiones a las que llegaron los fiscales delegados de toda España en una reunión que celebraron en Santiago hace dos semanas. Otra de las reflexiones de los fiscales fue la denuncia del "imperio de las aseguradoras" en los juicios por delitos relacionados con la seguridad vial. "Las víctimas de los accidentes", lamentó Gil, son "las grandes olvidadas del proceso penal", que en muchas ocasiones se convierten "en un simple mercado en el que las compañías han cambiado penas por indemnizaciones". "Si conviene, se paga y se evita la pena", denunció. Ante esta situación, los fiscales gallegos han tomado la decisión de estar presentes en todos los juicios de faltas con heridos graves o fallecidos, en los que están en juego fuertes indemnizaciones.

En las reuniones de coordinación de los fiscales gallegos se amplió el abanico de las advertencias a los centros de reconocimiento médico por los accidentes debidos a deficiencias psíquico-físicas no detectadas. También a los encargados del mantenimiento de las vías públicas, "sean particulares o funcionarios", como presuntos autores del delito de alterar o no restablecer la seguridad del vial. Los fiscales vigilarán asimismo la responsabilidad de los conductores en caso de accidente como garantes de la seguridad de los que viajan en un coche, cuando no se utilizan los medios obligatorios de seguridad.

En los últimos dos años, la Fiscalía ha observado cómo la notable reducción del número de accidentes y de fallecidos en la carretera va aparejada de un notable crecimiento de las conductas delictivas, una tendencia atribuible, aunque no totalmente, a la reforma del Código Penal. Desde el 2 de diciembre de 2007 se consideran delitos la conducción a velocidad excesiva, la conducción sin permiso o un nuevo límite de tasa de alcoholemia. En Galicia se produjeron en 2008 un total de 8.930 delitos en materia de siniestralidad vial, lo que supuso un incremento del 109% respecto al año anterior. El 64,2% de ellos se siguieron por el trámite de juicios rápidos.

La reducción de muertos y heridos graves en Galicia es en todo caso "espectacular", gracias entre otras causas a la introducción del carné por puntos, los controles en la carretera, las campañas institucionales y la labor de las asociaciones de víctimas, citó Carlos Gil. De los 450 fallecidos en las carreteras gallegas en 2003 se pasó a 266 en 2008, lo que significa una reducción del 41%. El fiscal de Seguridad Vial de Pontevedra, que compareció en la comisión como portavoz de la fiscalía especial de Galicia, también ensalzó el plan contra la siniestralidad viaria en Galicia puesto en marcha por el Gobierno bipartito en 2007. "No ha habido plan más ambicioso en España ni en Europa", aseguró.

En el campo de las propuestas, la Fiscalía insistió en la posibilidad de decomisar los vehículos de quienes cometan delitos reiterados contra la seguridad vial. "El coche debe ser considerado un instrumento del delito, no sólo en casos de conducción temeraria como hasta ahora", defendió. Carlos Gil también abogó por implantar bandas reductoras de velocidad para evitar atropellos y por señalizar las zonas con fauna, dado que el pasado año se registraron 2.045 accidentes causados por atropello de animales.