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La heterodoxa gestión de Afer

Una auditoria de PriceWaterhouse detectó en noviembre de 2008 la ausencia de 18 informaciones significativas para analizar los estados financieros del grupo

Jabyer Fernández, dueño del grupo Afer, siempre apostó por un método atípico para la gestión de sus múltiples empresas. Como acostumbra a decir, incluso en sus reiteradas comparecencias ante los jueces, "esas cosas no las llevaba yo". Posiblemente a esta política tan poco ortodoxa obedezcan las múltiples limitaciones que la empresa PriceWaterhouseCoopers encontró para auditar, con fecha 26 de noviembre de 2008, los estados financieros del grupo, según el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las diez hojas que componen el documento de PriceWaterhouseCoopers es un rosario de aspectos detectados donde la información suministrada para acometer la auditoría o es insuficiente o no existe. Este estudio refleja hasta un total de 18 informaciones significativas a las que no tuvo alcance durante su revisión de los estados financieros del grupo Afer a fecha 30 de junio de 2008. Eso sí, según "comentarios de la dirección" la disponibilidad de estos documentos "no se espera que supongan ajustes significativos en el grupo". No obstante, los auditores consideraron en su momento que era "imprescindible" disponer de esta información "para evitar salvedades por incertidumbre o limitaciones de alcance".

No se dispone del "cuadre con todas las cuentas de las sociedades del grupo"
"No se encuentran presupuestos, costes y mediciones de las obras"

Dentro del cuadro de informaciones que no fueron entregados a los auditores destaca que Mamariga, una de las sociedades del grupo, no dispone de las escrituras de compra de los terrenos de sus promociones por importe de 1,1 millones de euros. A su vez, PWC tampoco pudo obtener información sobre un crédito concedido, en principio a empresas del grupo, por Áridos de Murguía por importe de 962.000 euros. Otro aspecto no dispuesto son las existencias en Fonorte Constructora por 2 millones de euros relacionadas con obras con socios, así como tampoco la información relativa a las cuentas de resultados a junio de 2008 de las sociedades que salen del perímetro de este plazo, como ocurre con Iurbenor Promociones.

En el extenso cuadro de informaciones pendientes de entrega a los auditores se incluyen los cierres a junio de 2008 del grupo Afer, circunstancia que "impide verificar el adecuado registro contable de las inversiones financieras con base a las escrituras o contratos de compraventa de participaciones.

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Desde un punto de vista mercantil, PWC detecta que no se la ha entregado el "cuadre y conciliación" de todos los saldos con el grupo en todas las cuentas y para todas las sociedades del grupo, así como todas las transacciones entre todas las empresas de este hoolding, propiedad de Fernández.

Según informaciones de este periódico, PWC ya había auditado en un ejercicio anterior al grupo Afer aunque sus conclusiones muy similares a las de 2008 no fueron impedimento alguno para su excelente relación con entidades bancarias. Es a partir de la crisis económica y de la insuficiencia de datos aportados a los auditores donde Jabyer Fernández empieza a sufrir la restricción de créditos.

PWC detecta que Fonorte o In Situ, por ejemplo, deberían de aportar los costes directos e indirectos de todas sus obras, o que incluso Burdilan y sus subsidiarias le entregue la relación en euros y en toneladas de la actividad de todo el año.

En su primera acotación, los auditores detectan que la información disponible sobre el perímetro del grupo Afer es "insuficiente", al igual que ocurre con la cartera, el presupuesto anual y a medio plazo de negocio y presupuesto de la tesorería. En este sentido se detecta "un problema de financiación y valoración de los activos inmobiliarios", en el que se introduce "una especial mención" a Iurbenor.

Como exponente palmario de la insuficiente información aportada por Afer, los auditores quieren saber las sociedades bajo control común e incluso los porcentajes de participación, así como una manifestación de los accionistas del grupo, además de las escrituras y otra documentación mercantil justificativa de la situación actual de las sociedades que han salido del hoolding.

A tal punto llegaba la heterodoxia del sistema operativo de Afer, en base al informe de los auditores, que no se han encontrado "presupuestos de costes actualizados y consensuados por el jefe de obra, el gerente y el director financiero", ni siquiera "mediciones de las obras". Por ello, a PWC se le hace "imposible emitir "opinión sobre las cuentas anuales de Afer".

En el aspecto fiscal, la auditoría detecta "el retraso en el pago de los salvos por IVA diferido" en varias sociedades, así como el "no registro" de intereses por los saldos financieros mantenidos entre empresas del grupo.

Ya en su recorrido por la gestión de algunas de las empresas que componen Afer -no llegan a ser precisadas-, la auditoría detecta que no dispone de información sobre el ajuste de reservas de revalorización por 24 millones de euros en Fonorte Inmobiliaria. Curiosamente, "en algunas sociedades como Ofinte", señala la auditoría, se registran los gastos según el criterio de la recepción de la factura "en lugar de provisionar en función del devengo". En su análisis sobre la gestión interna, a PWC le fue imposible, finalmente, disponer de los saldos "a cobrar son socios y directivos para todas las sociedades del grupo".

Aquellos buenos años

Estas contudentes advertencias de los auditores se produjeron mientras repasaban la situación societaria y financiera del grupo de Jabyer Fernández en junio de 2008. Para entonces, Afer venía operando con éxito en los mercados de la construcción por medio de sus sociedades. De hecho, ya había firmado -con honda repercusión mediática- el hoy polémico contrato con la Diputación de Vizcaya para la construcción de viviendas modulares en Alonsotegi o, incluso, Iberdrola le había confiado la construcción de su torre de referencia en Bilbao.

En este contexto tan atractivo, habida cuenta de su implantación ascendente en el mercado, hasta despertó el lógico interés de otros inversores. Uno de ellos fue Miguel Aguirre, un conocido empresario vasco ligado al transporte marítimo y la siderurgia, llegó a un acuerdo con el grupo Afer para adquirir el 5% de Habitide Alonsotegi.

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