En solidaridad con las víctimas

Justicia no es sólo una palabra hermosa. La justicia es una condición imprescindible de la dignidad humana. La justicia es también calor, fraternidad, solidaridad con quienes han sufrido la implacable injusticia del terror. La sociedad civil ha salido esta tarde a la calle, en toda España, para asumir la causa de las víctimas del terror franquista, y para reivindicar la dignidad de los centenares de miles de hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y por la democracia de nuestro país. Hoy, tantos años después, somos conscientes del precio que ellos pagaron para que podamos reunirnos libre y pacíficamente en esta plaza, en su nombre y en el de libertad, la justicia y la democracia. Por encima de los tecnicismos, de las argucias legales y los laberintos jurídicos, queremos afirmar que hoy, una vez más, es la dignidad de las víctimas del franquismo lo que está en juego. Las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia su memoria, desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos, y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas, van mucho más allá del propio proceso. Esta causa podría interpretarse, y así lo ha hecho la prensa extranjera, como una lamentable prueba de la minoría de edad de la democracia española, un Estado que treinta y cinco años después de la desaparición del dictador, sigue acusando los efectos del terror indiscriminado al que Francisco Franco recurrió para tiranizar a los españoles durante cuatro interminables décadas. Que diversas iniciativas judiciales de organizaciones de extrema derecha, hayan logrado paralizar la investigación de los crímenes del franquismo, representa un escándalo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que repugna a la naturaleza esencial de los principios democráticos y nos devuelve a la noche oscura de los asesinos. Nadie puede ignorar que los 113.000 cadáveres que, todavía hoy, siguen enterrados en cunetas y descampados, son la prueba de un proceso de exterminio sistemático de una parte de la población, que sólo puede entenderse como un crimen contra la Humanidad. Nadie puede admitir que el deseo de los hijos y los nietos, de las viudas que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, para devolverles la dignidad que les arrebató una muerte injusta y reivindicar la memoria de su lucha por la libertad y por la democracia, pueda ser objeto de delito. Nadie puede siquiera comprender que un Estado democrático impute un delito de prevaricación a un juez que ha asumido los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por aplicar en España la doctrina del Derecho Penal Internacional que, hace unos años, le permitió actuar contra crímenes semejantes cometidos en países como Argentina o Chile. Los crímenes contra la Humanidad no pueden ser amnistiados y no prescriben jamás. La ley de Amnistía de 1977, preconstitucional, no puede prevalecer sobre la propia Constitución, ni sobre los tratados y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en materia de Derechos Humanos. España no puede continuar siendo una excepción para la Justicia española. Hoy, en esta tarde de abril, la sociedad civil está en la calle para reivindicar la madurez de nuestra democracia y para hacer suya la causa de las víctimas del franquismo. El impulso democrático que desembocó en la aprobación parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica debe continuar, y profundizarse para impedir que en el futuro se reproduzcan hechos tan vergonzosos como el auto del juez Varela. En solidaridad con las víctimas, por la justicia universal y la dignidad democrática de España: ¡No a la impunidad! ¡Investigar los crímenes del franquismo no es delito!

"Esta causa se interpreta como lamentable prueba de la minoría de edad de la democracia española"