El Gobierno podrá forzar el alquiler de pisos vacíos en 432 municipios

El Gobierno catalán tiene ya en sus manos el marco territorial que le permitirá desplegar la Ley de Vivienda, incluida la polémica medida del alquiler forzoso de pisos vacíos. La Generalitat podrá expropiar el usufructo de las viviendas vacías en 432 municipios catalanes, es decir, en casi la mitad del total, según fija el Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV). Fuentes del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda recordaron que sólo se recurrirá a esta medida en determinados casos y una vez agotadas todas las vías para sacar estos pisos al mercado de alquiler.

El artículo 42 de la Ley de Vivienda, aprobada en 2007, establece que la Generalitat podrá declarar el "incumplimiento de la función social de la propiedad" de pisos que estén permanentemente vacíos. A partir de entonces, el dueño tiene dos años para alquilarlo. Si no lo hace, el Gobierno catalán podrá expropiar durante cinco años su usufructo para arrendarlo, aunque antes deben haberse agotado todas las medidas públicas de fomento del alquiler.

La Generalitat dice que el alquiler forzoso es la última vía a la que recurrirá

Después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat declarara inconstitucional este artículo por vulnerar el derecho de igualdad -puesto que los municipios podrían aplicar criterios dispares-, el Ejecutivo catalán previó que sólo se aplicaría en "áreas de demanda fuerte y acreditada". El PTSV, que ayer salió a información pública junto con el proyecto de decreto para aprobarlo, establece que el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda podrá ejercer esta potestad en 432 localidades distribuidas en 39 ámbitos territoriales.

El plan establece que la demanda es "fuerte" cuando en una zona urbana la demanda es seis veces superior a la oferta o bien hay unas necesidades de vivienda el 10% superiores a la media, y en áreas rurales, cuando se precisan más de 400 casas de las que hay o el mercado pide un 50% más que la media. El PTSV se centra en municipios o ámbitos territoriales, y en los gráficos (véase el de la página siguiente) la mancha más intensa está en la región metropolitana de Barcelona, la costa tarraconense y las zonas de Blanes-Lloret de Mar y Roses-L'Escala.

De los 432 municipios en los que se podrá ejercer el alquiler forzoso, 119 están en ámbitos metropolitanos, 210 en zonas urbanas y 103 en áreas rurales, según el documento. El director general de Promoción de la Vivienda, Joaquim Gascó, explicó ayer que estos ámbitos territoriales no sólo sirven para aplicar el alquiler forzoso, sino también otras dos medidas: la promoción de vivienda social en suelo urbano consolidado -es decir, las zonas residenciales ya construidas y el centro de las ciudades- y el ejercicio del derecho de compra preferente de inmuebles.

Gascó aseguró que el Gobierno catalán espera no tener que recurrir a algunas de estas medidas, sobre todo a la del alquiler forzoso, puesto que antes puede recurrirse al fomento de la rehabilitación, les redes de mediación y las ayudas públicas. "Aun así, el Gobierno debe estar preparado y debe poder ejercer esas medidas", aseguró. En todo caso, Gascó recordó que los afectados no serán familias que, por ejemplo, hayan heredado algún piso, sino grandes fortunas que han adquirido pisos para especular y que no tienen interés en sacar al mercado de alquiler sus inmuebles.El Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSV) es un extenso documento técnico y normativo que, según Joaquim Gascó, "constituye el marco orientador de las políticas" que prevé la Ley del Derecho a la Vivienda. "Es el último fundamento de la estructura de la política de vivienda de la Generalitat", asegura el director general de Promoción de Vivienda de la Generalitat.

Y uno de los pilares es que el 15% del parque de viviendas de las localidades catalanas con más de 5.000 habitantes sea protegido a los 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, en 2027. La Generalitat lo ha bautizado como Fondo de Solidaridad Urbana y se trata de un sistema por el que los municipios catalanes irán coordinando con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda las políticas necesarias para elevar su parque de vivienda social.

Si bien la Generalitat siempre ha considerado que la proporción de vivienda pública todavía es muy baja, dentro de la etiqueta de "vivienda social" se incluyen los alquileres de renta antigua con prórroga forzosa o los pisos de inclusión social. En total, el PTSV establece que los 207 municipios con más de 5.000 habitantes necesitan 163.343 viviendas sociales para llegar al objetivo de 2027.

Sólo la ciudad de Barcelona ya deberá procurar tener 40.312 pisos sociales más que ahora. La conurbación de Barcelona deberá hacerse con 31.049 viviendas; el resto del arco metropolitano, con 45.380; la provincia de Girona, con 15.252, y los municipios del Camp de Tarragona, con 14.225. Gascó explicó que hasta 2013 todos los municipios deberán acordar con la Generalitat cómo ampliar su parque social.

En los ámbitos territoriales con más demanda, además, la Generalitat promoverá la masoveria urbana, consistente en un acuerdo entre propietario e inquilino por el que el dueño cede su piso sin cobrar rentas al usuario a cambio de que éste lo rehabilite. El Ejecutivo catalán, además, destina ayudas para estas reformas.