El Ejecutivo desestima la oposición foral a la ley de Publicidad

El Gobierno aprobará la próxima semana el proyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, pese a la oposición que las tres diputaciones le han mostrado ya, por incluirlas entre las instituciones que serán sometidas a su regulación. La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, quien anteriormente había avanzado la fecha de ayer para su aprobación por el Consejo de Gobierno, justificó el retraso en el trámite, con un plazo de hasta dos meses, de su evaluciacón por la Comisión Jurídica Asesora.

"No comprendemos por qué se oponen a una regulación básica que sólo aspira a la transparencia y a evitar campañas de autobombo de las instituciones", dijo ayer Mendia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Esas campañas "tienen que ser útiles a los ciudadanos para su mejor servicio, pero no pensamos mantener las que sólo sirven para vender la gestión", añadió. A juicio del Gobierno, para ello existen otro tipo de cauces.

La portavoz adelantó que los servicios jurídicos del Gobierno han avalado la competencia de éste para realizar esa regulación, aunque admitió igualmente la legitimidad de las diputaciones para recurrir a la Comisión Arbitral. "Están en su derecho y será ésta, si llegan a ella, la que decida en ultima instancia si el proyecto de ley es correcto", sostuvo.

Las diputaciones mostraron en noviembre su oposición al proyecto de ley y pidieron que se eliminase de él toda referencia a ellas, al considerar que la regulación de las campañas de publicidad y comunicación institucional entran dentro de las competencias de territorios históricos.

Campaña de 2011

La aprobación de la ley proyectada por el Ejecutivo vendría a acotar la capacidad de acción de las diputaciones, y también de los ayuntamientos, en un terreno hasta ahora sin regulación específica en Euskadi. Afectaría ya a la campaña para los comicios municipales y forales de 2011.

El proyecto de ley fija varias prohibiciones expresas. La que más temen las diputaciones es la que impedirá las campañas que quieran "destacar los logros o los objetivos alcanzados". Otra es la de promocionar planes no aprobados por las Cámaras representativas, ya sea el Parlamento o las Juntas Generales.