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Etxaburu reclamó 80.000 euros por obras en Miñano

La ausencia de una declaración jurada parece aliviar a los imputados

La prórroga del secreto del sumario del denominado caso De Miguel ha abierto, paradójicamente, nuevas expectativas sobre el alcance real de la supuesta trama. Así, mientras desde la vertiente judicial se atribuye esta ampliación temporal al "volumen de documentos que deben ser analizados minuciosamente", entre los imputados cobra fuerza la hipótesis de que no existe "una declaración jurada" sobre la que se fundamenta el origen de la investigación a cargo del fiscal de la Audiencia de Álava, Josu Izaguirre. Y en el medio, el PNV, donde se ha instalado la teoría de que "nada va a afectar al partido".

Según la información recopilada por EL PAÍS, la fiscalía de Álava y el juez Roberto Ramos trabajan sobre una grabación, realizada por una persona muy próxima a Iñaki Etxaburu -uno de los imputados- y que pone a disposición de Izaguirre en la que se refleja cómo este empresario vizcaíno reclama el pago pendiente de 80.000 euros por unas obras realizadas en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava) y que Alfredo de Miguel no había satisfecho aún.

De Miguel creó una sociedad para evitar el sobreprecio de la futura sede del ABB

Desde el sector de los imputados cobra fuerza la hipótesis de que la investigación judicial encuentra dificultades para obtener una declaración jurada que sustente el contenido de la grabación que obra en poder del juez Ramos. No obstante, este diario conoce la acumulación de datos que ha acumulado la fiscalía y el juez de este caso de supuesta corrupción y que confirman la existencia de un posible delito de tráfico de influencias y de cohecho.

Una persona muy próxima a Etxaburu -no se ha podido confirmar que fuera Ainhoa Alberdi, administradora única de la empresa Urbanorma, propiedad del imputado- fue quien reclamó a De Miguel la cantidad pendiente de pago y, además, grabó la conversación.

Para entonces, Etxaburu había afrontado una negativa experiencial empresarial. En Bilbao, por ejemplo, se recuerda cómo en 2008 se procedió al concurso de los avales de que disponía por una cantidad próxima a los 300.000 euros una vez que se procedió a la rescisión del contrato por parte de Bizkailur a la empresa de su propiedad denominada Loizate S. L. para la construcción de 36 viviendas -24 en Ereño y 12 en Elantxobe- por un importe de 3,9 millones de euros. A partir de entonces, Etxaburu, con contactos en el PNV vizcaíno, traslada su estrategia empresarial a Álava, donde engarza con algunos de los también imputados en el denominado caso De Miguel.

Mientras se sustancian estas posibles responsabilidades también se ha conocido que Alfredo de Miguel decidió la creación de la sociedad Landaburu para la compra de una futura sede del PNV alavés. Según la información recopilada por este diario, De Miguel apostó por esta fórmula después de comprobar cómo los precios exigidos para determinados edificios "se desorbitaban" al conocer sus propietarios que el PNV era su posible comprador. Así se explica, como adelantó EL PAÍS, la sorpresa de los propietarios del edificio Ibarra, futura sede del Araba Buru Batzar, cuando conocieron en el acto de la firma de las escrituras la identidad de los compradores ya que las negociaciones anteriores fueron realizadas a nombre de una sociedad instrumental.

Con todo, en el PNV alavés parece haber relajado la preocupación inicial sobre las consecuencias internas de este caso de supuesta corrupción. Ayer mismo cobraba fuerza la idea de que se iba "a quedar" en una cuestión de "enriquecimiento personal de algunos" pero sin afectar "a las paredes del ABB".

Mientras, en el ámbito de la Audiencia de Álava se extendió un decidido manto de silencio sobre el futuro inmediato de un proceso rodeado de la lógica expectación. Como excepción, hubo quien aseguró que existe "mucha documentación" tras las diligencias practicadas y se necesita "más tiempo" para su análisis.

Conocida la prórroga por un mes del secreto del sumario, las defensas de los imputados solicitarán al juez que se les notifique el auto de esta resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos con el fin de poder impugnarlo.

Las mismas fuentes señalaron que la resolución judicial, en la que se establece que el secreto sumarial se mantenga un mes más, no ha sido notificada a los abogados de los ocho imputados, vinculados al PNV, al ser secretas las actuaciones.

El abogado de Alfonso Arriola explicó a este diario que no tienen constancia oficial de la resolución judicial por la que el caso De Miguel seguirá bajo secreto de sumario, informa Ania Elorza. La decisión del juez "es un mazazo porque supone continuar en esta situación", en la que según el defensor del ex asesor del Tribunal Vasco de Cuentas se está realizando un juicio mediático sobre su cliente con informaciones falsas que general "un daño personal y profesional". "Esta medida se debe aplicar de forma restrictiva", indicó, ya que a su juicio prolongar el secreto supone limitar el derecho a la defensa. En cuanto tengan conocimiento de las razones por las que se ha mantenido el secreto de sumario "decidiremos si impugnar".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de abril de 2010