Retorno al clientelismo

Hace tiempo que las sociedades maduras y democráticas decidieron que existían decisiones importantes en materia de control, regulación y legalidad que debían ser aisladas del ciclo electoral. Por este motivo instituciones como el Banco de España, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Consello de Contas o el Consello Consultivo tienen una presidencia y/o dirección cuyo mandato, para dar autonomía y credibilidad a sus decisiones, tiene duración fija y no coincide con el periodo electoral.

La necesidad de consolidar una cultura urbanística, de frenar la ocupación indiscriminada del territorio, de separar las decisiones disciplinarias del poder local por su proximidad al ciudadano, y de eliminar el clientelismo político en la inspección y la disciplina urbanística, llevaron al anterior Gobierno a poner en funcionamiento la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Se aprobó su reglamento, se estableció el procedimiento de elección del director con acuerdo previo con los ayuntamientos, se fijaron cuatro años de vigencia del cargo y se la dotó de medios materiales y humanos.

El modelo liberal de Feijóo subordina el interés colectivo a la utilización partidista del urbanismo

Frente a esto, el modelo de territorio de Feijóo, liberal en la forma y en el fondo, parece repetir la tradicional consigna conservadora de "ti vai facendo" y subordina el interés colectivo a la utilización partidista del urbanismo. Comenzó nombrando a la ex gerente de urbanismo de Sanxenxo como secretaria general de Territorio, decisión que no hacía presagiar nada bueno. Le siguió la modificación del plan de acuicultura, para permitir instalaciones industriales en Red Natura y cambiar el modelo de concesión de suelo público para acuicultura por una privatización de la costa que abre la puerta a la especulación en la parte más sensible de nuestro territorio.

El programa de demolición continuó con la modificación de los estatutos de la APLU, para eliminar su autonomía y permitir que el Gobierno quite y ponga director a su antojo. Inmediatamente, destituyeron al director que, junto al personal de la APLU, contribuyó a paralizar irregularidades como las de Barreiros, municipio costero en el que el número de viviendas previstas más que duplica el censo de habitantes. Licencias para 3.174 nuevas viviendas concedidas con informes desfavorables de la secretaria municipal, en suelos sin accesos, sin agua ni saneamiento y con imposibilidad de cubrir la demanda previsible de energía eléctrica. Irregularidades que se ven ratificadas por sentencias de anulación de licencias y por la imputación de la fiscalía al alcalde popular de Barreiros, a la Junta de Gobierno local y a la arquitecta municipal por presunta prevaricación urbanística.

Sin embargo, lejos de defender la legalidad, en los nuevos tiempos del liberalismo sin complejos de Feijóo, se destituye a quien defiende el interés general, se paraliza la incorporación de profesionales a la APLU, se anuncia la dejación de las funciones de la Xunta como garante de la legalidad al paralizar contenciosos contra alcaldes del PP y, en el suma y sigue del deterioro territorial, se promueve un convenio para intentar dar cobertura a las irregularidades de Barreiros. Así, el Gobierno responsable del urbanismo gallego que presupuesta para el 2010 menos inversión pública, peores servicios públicos, menos recursos para educación y para políticas de empleo, puede destinar siete millones de euros para amparar situaciones irregulares, consolidar un modelo de crecimiento insostenible y socializar los costes de urbanizar que deberían recaer en los promotores.

Adicionalmente, el Gobierno impulsó una reforma de la Lei do Solo parcial, inoportuna y de "peligrosas consecuencias", en opinión de la Fiscalía de Urbanismo que, en la medida que establece la regularización de construcciones sin licencia, debería diseñar instrumentos de control, vigilancia y garantía de que los desmanes urbanísticos de Galicia no volverán a repetirse. Sin embargo, la coincidencia con el desmantelamiento de la APLU, lejos de garantizar objetividad y rigor, presagia la vuelta a la barra libre y al clientelismo político que tan nefastas consecuencias provocaron durante los 16 años de gobiernos del PP.

Mientras tanto, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) es arbitrario y no clarifica su alcance ni contenido y las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) duermen en un cajón. Quizás la aprobación de estos documentos esté pendiente de nuevos cambios en su redacción que permitan dar amparo a la defensa de intereses privados, desaguisados urbanísticos que no tendrían encaje en las DOT aprobadas inicialmente por el Gobierno anterior.

A pesar de este contexto, el PSdeG, con responsabilidad de país, ofrece al Gobierno su colaboración para alcanzar un pacto que defina nuestro modelo territorial y dé estabilidad legal y real al urbanismo gallego. Está por ver que el PP sea capaz de administrar esta oferta, corrija el rumbo de su política territorial, priorice el interés general de Galicia y demuestre su voluntad de proteger el territorio y de alcanzar este pacto.

María José Caride es diputada del PSdeG