El Parlamento pide a la Xunta que ejerza la acusación en el 'caso Retablo'

En los 2.000 folios que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acumula sobre la Operación Retablo, -la red de corrupción generalizada que operó en la restauración de arte sacro de 2003 a 2009 en Ourense y Pontevedra- figuran media docena de ex altos cargos y alcaldes del PP.

Los dirigentes populares que aparecen en las conversaciones grabadas por la policía, entre los que figuran el ex conselleiro de Agricultura, Castor Gago, el ex director provincial de Cultura en Ourense José Luis Pérez y la actual subdirectora de Turismo, María Antón, tratan de mediar a favor de los dos cabecillas de la trama imputados por el juez, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa y José Manuel Pichel Pichel, y de los representantes de las firmas de restauración también imputados. Pese a las evidentes relaciones de Gómez-Gil con cargos populares de la época de Fraga, el PP trató ayer, en el Parlamento, a través del diputado López-Chaves, de atribuir las actuaciones presuntamente delictivas a la época en que el BNG dirigía Cultura, a pesar de que fue la anterior conselleira, Ánxela Bugallo, la que denunció las prácticas ante la fiscalía.

Pese al enconado debate, los tres grupos (PP, PSdeG y Bloque) coincidieron en pedir a la Xunta que se persone como acusación particular y restituya el "grave daño patrimonial causado a a la Administración Pública". La parlamentaria socialista María Quintas, cargó contra "el clamoroso silencio" del conselleiro de Cultura, Roberto Varela. Desde los bancos del BNG, Carme Adán fue más dura y pidió la dimisión de Varela.

Control de oposiciones

El pleno también abordó ayer las irregularidades en las oposiciones del Sergas. El diputado del PSdeG José Manuel Lage Tuñas reclamó un órgano autónomo que vigile futuras pruebas de acceso a la Administración. Lage tildó de "cómplices y encubridores" a los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y Facenda, Marta Fernández Currás, en los casos que atañen a las pruebas de acceso al Sergas. Acusó al PP de tener una doble vara de medir para los casos de irregularidades en las pruebas y calificó la situación de "escándalo".

Desde el PP, Antonio Rodríguez Miranda rechazó las acusaciones, que atribuyó a "medias verdades y falsedades flagrantes". Sin embargo, admitió que su partido estudiaría la creación del órgano fiscalizador que propone el PSdeG.