El tripartito, dividido sobre cómo responder al fallo del Estatuto

Todavía no hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ni está claro si la habrá en el pleno de la institución que comienza hoy, pero los tres partidos que conforman el Gobierno de la Generalitat ya han mostrado las primeras fisuras ante un posible fallo adverso. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya no alcanzan un acuerdo sobre cómo debe actuar el Gobierno catalán ante una eventual sentencia que recorte la carta autonómica.

Mientras el presidente, José Montilla, pide tiempo para evaluar el impacto de la sentencia y buscar una salida política, Esquerra Republicana (ERC) exige una respuesta inmediata en un intento de evitar la victoria mediática del Partido Popular y de Convergència i Unió, que saldrían reforzados, por razones diametralmente distintas, de un eventual recorte del Estatuto.

Los socios del tripartito hablaron ayer del asunto en la reunión del Gobierno catalán y, al contrario de lo que sostuvo el lunes el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraron que una sentencia contraria "tendrá efectos" sobre la vida política catalana y española. Por ahora, al menos en público, el tripartito viene insistiendo en que la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser "liderada" por el presidente de la Generalitat. Montilla nunca ha aclarado qué piensa hacer, mientras insiste en su convencimiento de que el Estatuto sólo puede ser declarado constitucional. Pero a apenas seis meses de las elecciones catalanas los nervios apremian en los cuarteles generales de todos los partidos. CiU da por hecho el recorte y los grupos del tripartito tienen asumido que los nacionalistas de Artur Mas aprovecharán una sentencia negativa para denunciar la supuesta incapacidad del tripartito para defender los intereses de los catalanes.

Los socialistas e Iniciativa per Catalunya entienden, según fuentes de ambos partidos, que una sentencia negativa podría salvarse por la vía de pactar con el Gobierno central determinados traspasos de competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Entienden que de esta manera se podría salvar el espíritu político del Estatuto. Pero desarrollar esta vía requiere tiempo y ERC, muy diezmada en las encuestas, no está dispuesta a asumir el desgaste, máxime cuando votó no al Estatuto.