El 95% de los contribuyentes puede deducirse las reformas de su casa

El Gobierno ha reforzado aún más su apuesta por la rehabilitación de viviendas como revulsivo para crear puestos de trabajo, tras el pinchazo inmobiliario. La práctica totalidad de los contribuyentes, el 95%, podrá deducirse en el IRPF hasta el 10% del coste de las obras de mejoras realizadas en su vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012. El documento definitivo de la llamada Comisión de Zurbano, formada por los partidos políticos para pactar medidas de reactivación económica, ha elevado hasta los 53.007 euros la renta máxima anual de aquellos ciudadanos que pueden acogerse a la ayuda fiscal. La deducción alcanzará el 10% del coste para rentas inferiores a los 33.007 euros, con un límite de 4.000 euros anuales por vivienda, y decrecerá progresivamente para aquellos hasta los 53.007. Podrán deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes con el mismo límite anual y un máximo de 12.000 euros.

Ninguna de estas reformas podrá pagarse en efectivo si el contribuyente quiere beneficiarse de la ayuda fiscal, con el fin de combatir la economía sumergida y evitar la emisión de facturas falsas. Además, se fijará el tipo reducido del IVA (del 8% a partir de julio) que pagan fontaneros y carpinteros, entre otros, para las reformas. Hasta ahora pagaban el 16%.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, reiteró el cálculo inicial del Gobierno: este esfuerzo por la rehabilitación se traducirá en la creación de 350.000 empleos. Pero también cifró la factura para las arcas públicas: con los incentivos a la rehabilitación se dejarán de recaudar 1.400 millones de euros. Si se añaden otras medidas fiscales, el coste asciende a 1.600 millones. En total, se aprobaron ayer 31 de las 54 medidas anticrisis que el Gobierno planteó en la Comisión de Zurbano, tras otras cuatro ya aprobadas el 30 de marzo. El resto de acuerdos de Zurbano no necesitan instrumento normativo y otro asuntos, como la política industrial y energía, serán fruto de una nueva negociación.

- Transporte al trabajo. Quedará exento en el IRPF del trabajador el coste del transporte colectivo de los centros de trabajo que pagan las empresas, con el límite de 1.500 euros anuales.

- Menos IVA en dependencia. Todos los servicios relacionados con la dependencia pagarán el IVA superreducido (4%).

- Freno a los embargos para los más desfavorecidos. El decreto eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en caso de impago de la hipoteca de la vivienda habitual. Este umbral estaba fijado en el salario mínimo interprofesional (633,3 euros) y ahora se eleva un 10%. Además, se incrementa en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos.

- Orden en las 'fusiones virtuales' de entidades financieras. Las entidades financieras que opten por aliarse mediante un sistema institucional de protección (SIP), una fórmula alternativa a la fusión que permite compartir riesgos y solvencia, deberán permanecer al menos 10 años. El objetivo que persigue el Gobierno es que los SIP resulten lo más estables posible, difíciles de revertir, y favorezcan una futura fusión, según fuentes del sector. Cada alianza deberá contar con una entidad central con personalidad jurídica, que puede ser de nueva creación o uno de los integrantes del SIP, pero fuentes de Economía ven difícil que pueda ser una caja de ahorros. La entidad se adherirá al fondo de garantía de depósitos. Las SIP deberán mutualizar al menos un 40% de sus beneficios y comprometer para su solvencia la misma proporción de recursos propios. Los pactos no conllevan ningún cambio de trato fiscal.

Además, se reducen de los plazos asociados al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) , como los plazos para actuar sobre entidades viables con dificultades ( de un mes a 10 días), y el periodo de tiempo para que Salgado se pronuncie sobre las memorias económicas (de 10 a cinco días) de las operaciones. Respecto a las cuotas participativas suscritas por el Fondo, computarán como "capital de la máxima categoría" y no resultará obligatoria la cotización en mercados secundarios. Además, se reduce el número de informes sobre emisiones participativas de las cajas.