Varela lleva a Garzón al banquillo por su "imaginación creativa" con el franquismo

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados en las próximas semanas por "múltiples motivos opuestos al ordenamiento jurídico", entre ellos el de "haber intentado asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas del franquismo", lo que según Varela constituye un delito de prevaricación judicial.

En un auto dictado ayer, Varela utiliza un tono incendiario para descalificar la "imaginación creativa" de Garzón, acusarle de "desconocer principios esenciales del Estado de derecho" o "leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía", y le imputa haber actuado por "objetivos no justificables".

El instructor ha rechazado todas las pruebas pedidas por el magistrado

El instructor tampoco se priva de "calificar" antes que las acusaciones el supuesto delito de Garzón como el de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal -dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho-, castigado con una pena de 10 a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa a pagar durante dos años. Varela prefiere la calificación más grave a la de la modalidad imprudente del artículo 447 que reduciría la pena a un máximo de dos a seis años de inhabilitación.

En su auto, el instructor transforma las diligencias en procedimiento abreviado y da a las acusaciones de Manos Limpias y de Falange Española de las JONS un plazo común de 10 días para formular sus escritos de acusación. El fiscal tiene el mismo plazo para solicitar el sobreseimiento.

Pese a que Varela afirma que en este momento no le incumbe establecer "con certeza" la imputación, sino sólo "una veracidad probable", en su exposición final de los hechos el juez parece querer evitar al Supremo el trabajo de dictar una sentencia condenatoria. Según su versión, tras aprobarse la Ley de Memoria Histórica, Garzón "intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones" de las víctimas de la represión franquista, pero, "consciente de su falta de competencia", construyó "una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento".

Privado del control de las exhumaciones por decisión expresa de la Audiencia Nacional, Garzón puso fin a la tramitación del sumario, "lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos". Según Varela, además de no tener competencia para abrir la causa al franquismo, Garzón tampoco la tuvo "para declarar la extinción de responsabilidad en el marco del sumario que no concluyó".

Previamente, el instructor rechaza todas las pruebas pedidas por Garzón, con una displicencia que apenas deja margen a que en su día pueda admitirlas la Sala de lo Penal cuando juzgue al magistrado. En concreto, deniega el testimonio de juristas internacionales que declaren sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad porque sería una "desconsideración" a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones "acudir a la opinión de otros juristas".

El juez del Supremo tampoco considera "útil?" la declaración como "experto" del que fuera primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, porque la defensa de Garzón no expone "qué tipo de experiencia ha puesto a contribución" en la causa sobre el franquismo. Tampoco admite la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo criterio resulta "extensa y nítidamente expuesto" en sus dictámenes contrarios a la competencia de Garzón. Así, Zaragoza, que había aceptado ser testigo de descargo de Garzón, no tendrá opción a expresar su opinión sobre si el juez delinquió o no. Para Varela, tampoco es "pertinente" la declaración del testigo Ricardo Vinyes sobre lo horrendo de los crímenes del franquismo por cuanto "esa constatación en nada añadiría ni restaría", a las razones para imputar a Garzón.

El instructor ni siquiera admite la propuesta del fiscal del Supremo para que declaren los magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, ya que "dichos magistrados han dicho en su voto particular cuanto estimaron conveniente".

Varela se ufana de que la Sala Penal haya confirmado su decisión de denegar el sobreseimiento, e incluso llega a afirmar que la "intencionalidad" del juez imputado ha sido ya objeto de "valoración suficiente" por el propio instructor y "por la Sala Segunda del Supremo". Según fuentes jurídicas, estas afirmaciones pueden poner en un brete la pretendida ausencia de "contaminación" de la Sala que pretende juzgar a Garzón.