Los nuevos parques eólicos ocuparán terrenos de unos 6.000 propietarios

Detrás de la cuestionada seguridad jurídica del concurso eólico del bipartito y de su suspensión y convocatoria de uno nuevo por parte del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo están unos 6.000 afectados, entre propietarios de montes particulares y vecinos de terrenos mancomunados. En el reparto de los 2.325 megavatios de potencia eólica los terrenos que ocuparán los molinos se consideran de utilidad pública y, si no se llega a un acuerdo con la empresa, las fincas son expropiadas a precio de suelo rural, sin tener en cuenta el aprovechamiento económico que las empresas saquen de los parques.

El sindicato Unións Agrarias (UU AA) considera que se ha dejado escapar en la modificación de la Lei do Solo -en la que pedían la designación de suelo eólico a los terrenos destinados a parques- una nueva oportunidad de que una norma regule "a favor del mundo rural". "Estos 2.325 megavatios van a necesitar miles de hectáreas forestales de propietarios particulares que van a seguir siendo valoradas por su valor rústico y no por su capacidad de generar energía", explicó Jacobo Feijoo, secretario de Desenvolvemento Rural e Producións Forestais de Unións Agrarias. Por eso, el sindicalista reclama una "valoración justa" de los terrenos para crear rentas complementarias en el ámbito rural. "Desde el punto de vista de las rentas no hay un mecanismo para que esta creación de riqueza repercuta en el mundo rural", se reafirmó.

"Las eléctricas suelen pasar como elefante por cacharrería", dice el sindicato

La suspensión del anterior concurso y el consecuente retraso de las adjudicaciones y puesta en marcha de los parques perjudica también directamente a los propietarios de montes, explicó Feijóo, ya que su valor va a depender directamente del precio del kilovatio por hora que fije, en los próximos meses, el Gobierno central a través de un Real Decreto. El nuevo precio de la electricidad se prevé inferior al actual y afectará a los parques de nueva creación -los que ya están en funcionamiento seguirán con las antiguas tarifas-. Por ello, ante menores ingresos de los parques, el sindicato augura rebajas en lo que se paga por el terreno. El peor escenario de bajada, que tiene también en cuenta la nueva orden eólica de la Xunta, sería de un 33% que se traduciría en un tercio menos de ingresos para los propietarios.

Unións Agrarias culpa de esta situación al retraso por el reparto de megavatios: "Si hubiese habido una tramitación ágil [los nuevos parques] entrarían en el coste actual".

Además, el sindicato agrario sospecha que dentro de los proyectos emergentes que primará la orden no se cuentan los de empresas agroalimentarias, sino tecnológicas, mientras que las beneficiadas serán "siete empresas eléctricas". "Y es peor porque suelen pasar como elefante por cacharrería y no les van a importar los propietarios", criticó el presidente de la asociación de propietarios de terrenos eólicos, José Antonio Diéguez.

Los propietarios de terrenos con molinos instalados reciben entre un 1% y un 1,5% de la facturación anual del parque eólico si llegaron a un acuerdo de alquiler con las empresas. Sin embargo, si el dueño se resiste a vender la tierra se expropiará a precio de suelo rústico y entonces los beneficios caen hasta el 0,5%, menos de un euro por metro cuadrado, según indicó Diéguez.

Lo cuenta en primera persona porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de utilidad pública de su monte de comuneros en el municipio lucense de Chantada que el Gobierno de Manuel Fraga utilizó en 2004 para expropiarlo. El fallo cuestionó que la explotación eléctrica tenga más interés social que la "riqueza paisajística" y la "productividad del monte" a través de las actividades de pastoreo y del "aprovechamiento de las maderas". El bipartito recurrió la sentencia al Supremo, que mandó repetir el juicio de forma urgente porque "no se explicaba debidamente la sentencia", indica Diéguez. Hace dos semanas que se volvió a hacer el proceso y esperan que en otras dos tengan la sentencia, esta vez firme, porque el Supremo considera que el TSXG debe basar su sentencia en la ley gallega y ser así la última instancia.