Sin subvenciones garantizadas

Los propietarios de montes no son los únicos que observan incrédulos lo que deparará el nuevo concurso eólico. Las empresas son conscientes de que los márgenes de rentabilidad de los parques han sufrido un "shock regulatorio" con la creación del registro de preasignación por parte del Ministerio de Industria y hacen números con la nueva orden de la Consellería de Industria en la mano, a sabiendas de que nada será igual en el negocio del viento. La creación de ese registro es un método para filtrar las peticiones de subvención, frenar la especulación y, de paso, hacer pivotar de algún modo sobre el Gobierno central las competencias para adjudicar megavatios en lo que se entiende como régimen especial (energías renovables que reciben ayudas a través de la retribución que se paga al productor).

Ante este escenario, también se entiende que en la presentación del nuevo concurso, el conselleiro de Economía, Javier Guerra, se midiera mucho a la hora de valorar lo que se pagará a los futuros adjudicatarios de los 2.325 megavatios en liza. "La creación del registro es de mayo del año pasado", dijo, "y yo fui conselleiro en abril; por tanto, no es una responsabilidad de nuestro Gobierno". "En cualquier caso, ese registro de preasignaciones también afectaría al reparto eólico del anterior Gobierno", se limitó a asegurar Guerra.

El atractivo del negocio del viento no es el mismo desde que el Ministerio de Industria decidió activar el registro con el objetivo de racionalizar el acceso a las primas. El modelo fija un calendario y cuotas por comunidad autónoma para poder recibir subvenciones a la producción en régimen especial, por debajo de 50 megavatios por instalación. Todos los parques adjudicados por el bipartido estaban por debajo de ese umbral.