El PSOE apoya ahora el acuerdo para dar servicios a casas ilegales en Lugo

Dos días después de desautorizar que la Diputación de Lugo participe en el convenio que dotará de servicios a las viviendas ilegales de Barreiros, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, le dio ayer su bendición. "En ningún momento se hacen aportaciones para espacios afectados por la vía judicial", afirmó, para dar por buenas las explicaciones del presidente de la institución provincial, el socialista José Ramón Gómez Besteiro. "Otra cosa es que se le den otro tipo de ayudas económicas al Ayuntamiento de Barreiros", agregó.

La Diputación participa junto a la Xunta y el Ayuntamiento, gobernado por el PP, en un convenio a tres bandas para dotar de servicios a gran parte de las 3.174 viviendas levantadas en zonas sin servicios, parte de ellas ya anuladas judicialmente. El pasado fin de semana, Vázquez se refirió al convenio como una "legalización de delitos con dinero público", y anunció que contra eso sería "beligerante". También declaró que el presidente de la Diputación lucense "tenía intención" de facilitar los sistemas de depuración "para más sitios, entre los que se incluía ése", pero añadió: "Yo le transmití a nuestra gente que donde hay irregularidades urbanísticas, las administraciones socialistas no deben apoyar. No podemos ser cómplices de delitos".

Pachi Vázquez dice que la institución provincial se limita a pagar obras

Besteiro sigue adelante con el proyecto porque "no es urbanístico"

Ayer, la perspectiva había cambiado. Insistió Pachi Vázquez en que las instituciones gobernadas por el PSdeG, como la Diputación, "no deben hacer ningún tipo de acuerdo" que afecten a espacios pendientes de actuaciones judiciales, pero añadió que Besteiro le "transmitió" que "en ningún momento" las ayudas afecten a viviendas denunciadas. El líder socialista combinó esta defensa del presidente provincial con la crítica al de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por "querer legalizar con dinero público obras ilegales". Eso sí, en el mismo convenio.

Besteiro, mientras, se reafirmó en su intención de participar con 1,2 millones de euros en el convenio, que inscribió en el marco de la ejecución de inversiones en Barreiros. El presidente de la Diputación se mostró convencido de que no contribuirá a legalizar nada, sino a facilitar "la dotación de servicios". El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, está inmerso en una querella por prevaricación urbanística presentada por la fiscalía, en la que también están implicados el resto de integrantes de la junta de gobierno y la arquitecta municipal.

Gómez Besteiro sostiene que coincide "plenamente" con las declaraciones de Vázquez, y garantiza que no habrá complicidad con ilegalidades, "ni en Barreiros ni en ningún otro sitio". Pero el presidente provincial sí matiza que la Diputación participará en el convenio para "colaborar" en la prestación de servicios públicos. Y está dispuesto a hacerlo "en términos similares" en otros ayuntamientos, entre los que citó Viveiro, Burela y Foz, este último, objeto de controversia urbanística entre su alcalde socialista y la Consellería de Política Territorial del bipartito.

"Más allá de esto, la Diputación no sabe ni entiende", aseveró Besteiro, quien precisó que el organismo que preside "no da licencias ni aprueba planes urbanísticos, ni en Barreiros ni en ningún otro sitio". "Eso es responsabilidad, única y exclusivamente del Ayuntamiento y de la Xunta", añadió. El presidente descartó plantear el convenio como una "cuestión urbanística", y agregó que las irregularidades serán, "si se demuestran y acreditan, responsabilidad de quienes las autorizaron o consintieron, pero en ningún caso de los vecinos de Barreiros".

Mientras tanto, el vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Xosé Antón Bao, socio del PSdeG en el gobierno provincial, se desmarcó del convenio. Bao sostiene que el urbanismo de Barreiros se ha realizado de forma "inadecuada" y afirma que el objeto del convenio debería recaer en los promotores que construyeron de forma irregular. El BNG aboga por esperar a que la justicia deje esta cuestión "claramente delimitada" y rechaza el uso de dinero público "para salvar los muebles de los promotores".