Desmantelada en Murcia una red que pagó con 17.320 billetes de 500

Los integrantes de una red corrupta, ahora imputados por un delito de blanqueo de capitales, trataron de limpiar 8,2 millones de euros de dinero negro pagando en efectivo esa cantidad en una compraventa de terrenos de la localidad murciana de Molina de Segura.

La operación levantó las sospechas de la Agencia Tributaria porque los compradores utilizaron 17.320 billetes de 500 euros, que fueron transportados en sacas desde una entidad bancaria hasta el local de la notaría donde se formalizó la transacción el mismo día de la compra.

La Agencia Tributaria y el Cuerpo Nacional de Policía, que ha denominado a sus pesquisas y las detenciones posteriores Operación Lila, dan por desmantelada la red que llevó a cabo esta maniobra fraudulenta de blanqueo de capitales. Tenía ramificaciones en Murcia, Almería y Madrid.

Fuentes de la Agencia Tributaria en Murcia reconocen que durante la crisis económica "han intensificado los controles sobre este tipo de fraudes porque el dinero negro está aflorando en grandes cantidades". En este caso, el inicio de esta investigación se remonta a 2007, cuando esta operación inmobiliaria "con apariencia de legalidad", según fuentes conocedoras del caso, llamó la atención a los investigadores.

Más dinero negro

Para eludir los impuestos de la operación simularon que una empresa "administrada por un testaferro sin recursos" compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones. El día de la formalización de las escrituras llevaron a la notaría, en efectivo, los 8.660.000 euros en billetes de 500. Este importe se repartió en la notaría entre mediadores y vendedores, que utilizaron más de tres millones de euros, esa misma tarde, para comprar otra finca en el municipio costero de Águilas.

Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de empresas -casi todas pequeñas y del sector de la construcción- dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas. Los imputados, de los que no ha trascendido identidad, son los empresarios vendedores y compradores, los intermediarios y varios empleados de entidades financieras y de notarías.