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La Eurocámara exige una acción más enérgica contra los paraísos fiscales

Las medidas del G-20 y la OCDE son insuficientes, según el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo propone una acción más enérgica contra los paraísos fiscales, las lavanderías de dinero negro que permiten evadir impuestos. La Eurocámara estima que los acuerdos de intercambio de información fiscal alcanzados por el G-20 -el club que reúne a los países desarrollados y a los emergentes más pujantes- y la OCDE -que agrupa a una treintena de países ricos- no son suficientes para atajar el problema que provocan. Un informe aprobado recientemente por el Parlamento señala que los flujos de capitales ilícitos procedentes de los países en desarrollo oscilan entre 641.000 y 941.000 millones de dólares anuales, lo que multiplica por 10 la ayuda oficial al desarrollo. La riqueza embalsada en los paraísos ronda los 13,5 billones de dólares (10 billones de euros), según la Eurocámara. El texto aprobado la semana pasada exige a la OCDE, al G-20 y a la Unión "que adopten criterios más rigurosos para la identificación de los paraísos fiscales".

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Los países del G-20 acordaron el pasado año en las cumbres de Londres y Pittsburgh una serie de medidas para intensificar el intercambio de información y evitar las cuantiosas pérdidas de ingresos fiscales tanto en los países ricos como en el mundo en desarrollo. El fraude fiscal vía paraísos fiscales provoca unas pérdidas a EE UU de unos 100.000 millones de dólares. En el caso de Alemania la cifra asciende a unos 25.000 millones, y a 20.000 millones en el caso de Francia.

Sin embargo, los daños que generan los paraísos fiscales en los países en desarrollo son mucho más graves. La usurpación de sus recursos fiscales básicos supone la imposibilidad de escapar de la pobreza para muchos países. Las medidas adoptadas hasta ahora por el G-20 empezarán a aplicarse este año, pero resultan claramente insuficientes. El informe del Parlamento Europeo, elaborado por el eurodiputado socialista Enrique Guerrero, denuncia la hipócrita conducta de los países occidentales, que permiten que muchas grandes empresas obtengan importantes beneficios en los países en desarrollo eludiendo sus obligaciones fiscales.

El texto, aprobado por 283 votos a favor, 278 en contra y 15 abstenciones, sostiene que el impacto negativo de los paraísos fiscales "puede constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica". El informe fue aprobado por un cerrado margen porque el Partido Popular Europeo votó en contra, al oponerse a todas las referencias a "la coordinación de políticas económicas y al establecimiento de tasas al sistema financiero", según afirmó Guerrero.

El socialista denuncia la actuación de algunas empresas radicadas en países de la OCDE, que recurren a los paraísos fiscales "para no tener que pagar impuestos en los países en desarrollo en los que realizan actividades lucrativas". Por este motivo se pide a la Comisión Europea que encuentre la manera de conseguir que, por norma, "las empresas transnacionales en la Unión Europea deban informar país por país acerca de los ingresos y los impuestos abonados".

El informe denuncia que la mitad de los flujos financieros ilícitos fuera de los países en desarrollo está relacionada con la manipulación de los precios comerciales. Y reitera su llamamiento a favor de un nuevo acuerdo financiero global vinculante que obligue a los grupos multinacionales, incluyendo sus filiales, a revelar automáticamente los beneficios obtenidos y los impuestos abonados en cada país. Los eurodiputados exigen a los Estados miembros de la Unión que establezcan normas "que prohíban a cualquier sociedad, banco o institución registrados en un paraíso fiscal beneficiarse de fondos públicos".

El trabajo expresa su preocupación por el deterioro causado por la crisis en los países en desarrollo, que se enfrentan a un déficit financiero de 315.000 millones de euros en 2010. Al mismo tiempo, señala que las crecientes dificultades fiscales en los países más vulnerables amenazan 11.600 millones de gastos en educación, salud, infraestructuras y protección social, por lo que aboga "por una moratoria temporal sobre los reembolsos de deuda".

Guerrero recuerda que los países ricos han sido capaces de movilizar "cantidades ingentes de dinero para salvar el sistema financiero y se resisten a emplear mucho menos dinero para evitar que siga incrementando la pobreza, la mortalidad infantil, fomentar la salud sexual y reproductiva y la justicia social global".

Un estudio elaborado por Global Financial Integrity, que dirige Raymond Baker, concluye que sólo en África los flujos ilícitos entre 1970 y 2008, han ascendido a 854.000 millones de dólares. Lo más inquietante es que crecen a un ritmo del 11% anual. Baker señala que esta cifra permitiría eliminar toda la deuda externa de África y dedicar los 600.000 millones restantes a aliviar la pobreza y fomentar el crecimiento.

Desde que el G-20 declaró la guerra a los centros financieros opacos, hace casi un año, un buen puñado de países ha abandonado las listas negras de la OCDE, ante la amenaza de sanciones a partir de 2010. Para ello basta firmar acuerdos de intercambios de datos fiscales con apenas 12 países. No queda ya ningún país en la lista negra de este organismo y sólo 17 territorios en la lista gris -ver cuadro-, pese a que buena parte de los países han conseguido salir de las listas firmando acuerdos con otros paraísos. Y ya prácticamente nadie habla de sanciones para los incumplidores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de abril de 2010