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La investigación judicial de la trama corrupta

Anticorrupción involucra a cargos del PP en los delitos

La Fiscalía Anticorrupción redactó en diciembre pasado uno de sus últimos informes sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. En dicho informe, Anticorrupción sostiene que los negocios ilegales de Correa hubieran sido imposibles sin la participación de cargos del PP. Lo que sigue resume dicho informe:

- Relaciones personales. "Para la obtención de contratos públicos [Correa] utilizaría las relaciones personales con quienes ocupan puestos de responsabilidad en dichos órganos de tal forma que consigue los mismos sin que exista una libre concurrencia en las adjudicaciones. En contraprestación a la obtención de los contratos para sus empresas entregaría a los responsables políticos compensaciones, de naturaleza económica o de otro tipo, en la forma y en el lugar que le soliciten".

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- Pelotazos urbanísticos. "Además captaría proyectos inversores (adjudicaciones de suelo, construcción de inmuebles, obra pública, etcétera) negociando previamente su concesión por parte de las Administraciones Públicas a la empresa que él avale, para lo que presenta a los concursos a empresarios afines a los que ofrece dichos negocios previa negociación de una compensación económica".

- Operaciones ficticias. "Las sociedades de su conglomerado realizarían operaciones financieras ficticias (emisión de facturas falsas, etc.) con objeto de acreditar una actividad con la que enjugar los ingresos ilícitos obtenidos".

- Blanqueo de capitales. "Para el diseño de una estructura de blanqueo de capitales dispondría de especialistas que le han configurado los procedimientos necesarios, mediante la utilización de paraísos fiscales, la constitución de sociedades patrimoniales participadas por sociedades domiciliadas en el exterior que a su vez son propiedad de entidades domiciliadas en territorios o países no cooperantes, que le han permitido disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo. (...) Los despachos de abogados, tanto el de Luis de Miguel Pérez como el de José Ramón Blanco Balín, [aparecen] como diseñadores de una estructura societaria en paraísos fiscales o territorios no cooperantes hacia donde canalizan los fondos obtenidos de forma ilícita en España y desde donde salen de nuevo para nutrir el capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España".

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