Bomberos privados para el fuego público

Miguel Couselo, bombero de un parque de la provincia de A Coruña, asegura no saber si el camión de extinción con el que trabaja cabe por algunos de los caminos de su comarca. "Para hacer inspecciones del terreno hay que gastar gasolina y la empresa nos la restringe a lo indispensable", explica. No son recortes del gasto directo de las administraciones. Él no trabaja ni para su Ayuntamiento ni para su Diputación, como lo hace la inmensa mayoría de los bomberos, sino para Veicar, una empresa privada que se dedicaba a la recogida de residuos hasta que la Xunta de Galicia implantó hace ocho años un sistema inédito en el resto de España: la privatización de estos servicios de emergencias, que ahora consolida el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Los empleados denuncian que el servicio público se sacrifica porque fallan los medios y la coordinación. La Administración defiende una gestión "eficiente" sin consecuencias negativas para los ciudadanos.

La Xunta aduce que así se esquiva la burocracia de la Administración

"¿Con qué autoridad desalojas una casa?", se pregunta un profesional

Los trabajadores de las empresas denuncian la falta de medios

Otras provincias estudian el modelo, según Emergencias de Galicia

Los sindicatos se querellarán para que el sistema no se extienda

"Aquí hay un enchufismo tremendo", dicen las centrales

Aunque la ley de bases de régimen local establece que todos los municipios de más de 20.000 habitantes deben tener un cuerpo de bomberos propio, en Galicia esto solo se cumple en 7 de las 21 localidades de este tamaño. Para el resto de dispersa población gallega hay consorcios entre las diputaciones y la Xunta. Excepto el parque de Silleda (Pontevedra), los 17 restantes están gestionados por empresas privadas. El modelo es el inverso al que tanto la Xunta como algunas administraciones gobernadas por el PP en el resto de España defienden para la sanidad. Mientras en la salud buscan empresas privadas que hagan las infraestructuras donde trabajan sanitarios que cobran del Estado, en las emergencias es la Administración la que pone el edificio y los materiales para que sea una empresa privada la que se encargue del personal.

Cuando llegó el bipartito de PSOE y BNG al poder en Galicia en 2005 mantuvo el modelo, aunque hizo un amago de rectificación ante las protestas de los trabajadores. Pero no lo hizo, llegó de nuevo el PP al Gobierno y el sistema avanza: la Diputación de Lugo y la Xunta negocian un nuevo convenio provincial que parece ir por este camino.

Sindicatos como CC OO temen que el modelo se exporte fuera de la comunidad autónoma. Santiago Villanueva, director general de Emergencias e Interior de la Xunta, ratifica esta sospecha: "Me consta que hay administraciones que están estudiando este sistema, que es relativamente nuevo y se tiene que mejorar, pero que funciona bien". Defiende que lo importante es el servicio que reciben los ciudadanos -"quienes están satisfechos"-, y añade que la decisión también es responsabilidad de las diputaciones. Argumenta que en el año 2000 no había ningún parque de bomberos en Galicia fuera de las ciudades y que ahora hay 18. "En un año habrá 25 y servirá para que el 95% de la población pueda ser atendida en 20 minutos o menos ante una emergencia", añade.

La Xunta mantiene el discurso de la agilidad de la gestión privada frente a la burocracia y la lentitud de la pública. Villanueva pone un ejemplo: "Si seis bomberos se dan de baja por alguna enfermedad, las empresas están obligadas a sustituirlos con personal de su bolsa de trabajo el mismo día para asegurar el servicio; esto no se podría hacer cuando son funcionarios". Este discurso permanecía normalmente fuera de determinados servicios públicos. "Somos pioneros", sostiene Luis Barca, gerente del consorcio de bomberos de A Coruña. Lo cierto es que tampoco es frecuente fuera de España. En Inglaterra, por ejemplo, el Servicio de Bomberos y Rescate depende de cada una de las autoridades locales y sigue siendo un servicio enteramente público, sin intervención de empresas privadas. Los Ayuntamientos, sin embargo, son libres de delegar esas funciones en las llamadas Compañías Controladas por las Autoridades Públicas, aunque han de estar dirigidas por personal procedente del Servicio de Bomberos. Los bomberos propiamente dichos siguen siendo empleados públicos. Hay otros países donde, junto a los servicios públicos, está muy arraigada la tradición de los bomberos voluntarios, como en Alemania, Suiza o Portugal. Es una forma de actuar que también se da en algunos lugares de España, donde un grupo de voluntarios se pone al servicio de los profesionales cuando son necesarios y las actuaciones no entrañan un gran riesgo.

Pero poco tienen que ver con la privatización gallega. La lista de las críticas de los trabajadores, que sufren una discriminación salarial con respecto a los funcionarios que llega a los 600 euros, son desmentidas por los responsables de la Administración. Pero incluso algunos, como Miguel Ángel Pérez, responsable de los parques de Pontevedra, admiten que se puede mejorar la coordinación y aumentar el personal. Las situaciones que se producen por este modelo, según algunos bomberos consultados "son inauditas y pueden llegar a convertirse en graves ante una eventual catástrofe".

Una de las principales quejas tiene que ver con la consideración propia del trabajo de bombero, que goza de rango de agente de la autoridad en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Navarra, Aragón y Madrid, pero que no tiene este reconocimiento en otras. "Si ni siquiera somos funcionarios, sino meros trabajadores de una empresa privada, ¿cómo desalojas un edificio en caso de una emergencia, cómo entras en una vivienda donde sabes que alguien se ha asfixiado por el humo, cómo accedes a una propiedad privada o paralizas la actividad de una empresa?", se pregunta Martín Rubiño, uno de los responsables sindicales y bombero de Boiro (A Coruña). Él mismo responde: "O a base de la buena voluntad de los ciudadanos o esperando que la Guardia Civil o la Policía Local autoricen estas intervenciones, lo que puede retrasar una actuación en la que los segundos son vitales". Pero esta argumentación es rebatida con rotundidad por Luis Barca, gerente de A Coruña: "Pueden actuar igual que un bombero funcionario de un Ayuntamiento. La de agente de la autoridad es una competencia de algunas comunidades autónomas y para que te la den tienes que ser funcionario, es cierto, pero no hace falta para las actuaciones; un señor con un peto puede cortar el tráfico. Me parece rizar un poco el rizo". Algo parecido dice el responsable de Pontevedra: "El bombero es un profesional que da un servicio y no tiene por qué ser ninguna autoridad, tampoco lo son los funcionarios".

La autoridad puede no ser un gran inconveniente, según Jesús Miranda Páez, director del Máster Universitario Counseling, Urgencias, Emergencias y Catástrofes, de la Universidad de Málaga: "Si este caso fuese el de policías podrían llegar problemas más fácilmente, pero como un bombero te viene a salvar, sueles dejarte". Dice que, además, en determinadas situaciones, los bomberos son agentes de la ley. Esto está claro para los funcionarios, pero no para las empresas privadas. Por eso, CC OO, UGT y el sindicato nacionalista CIG preparan demandas en los tribunales para paralizar las futuras privatizaciones del servicio. También se querellarán por cesión ilegal de trabajadores, ya que entienden que el único cometido de las empresas es aportar empleados. Sostienen que es contraproducente para las diputaciones y la Xunta, ya que con la rentabilidad que sacan las empresas se podría mejorar el servicio y las condiciones laborales. Según un informe de CC OO, la rentabilidad para las compañías puede llegar casi al 50%.

Estos beneficios redundan, en opinión de los sindicatos, en empobrecimiento del servicio, turnos con menos efectivos de los necesarios, más dificultad a la hora de renovar materiales y menos formación. Uno de los problemas que dicen preocuparles más es el de la coordinación, un conflicto inexistente para la Xunta y las diputaciones que tienen el servicio en manos de empresas. El director de Emergencias e Interior explica que en grandes incendios han concurrido juntos bomberos de varios parques, de empresas distintas, incluso de provincias diferentes, sin dificultad. Hay un sistema de comunicación de todos los parques que está también integrado con la policía. Pero los bomberos aseguran que a la hora de actuar no pueden comunicarse con sus compañeros más que a gritos porque no hay una frecuencia de radio unificada. Tampoco tienen mucha confianza en el protocolo de actuación que guía a los diferentes cuerpos y que dicta que el que está establecido en la comarca donde sucede la emergencia debe dirigir a todos los demás. "Si viene aquí un suboficial de fuera y dice que se haga algo, ¿quiénes somos nosotros, de una empresa privada, para contradecirle?", se pregunta Carlos Rey, portavoz de la plataforma de bomberos. Aunque, según la Xunta, estos protocolos funcionan, Santiago Villanueva explica que algunos están en revisión: "Estamos dispuestos a mejorar. A negociar, pero creemos que el sistema funciona bien".

A lo que no parece dispuesta la Administración es a cambiar el modelo y contratar a los bomberos, lo que también influye en el sistema de acceso. Para entrar en un cuerpo público de bomberos hace falta pasar una oposición con duras pruebas físicas y una teórica. La formación práctica llega una vez dentro. En las empresas, antes de ser contratados, los aspirantes deben pasar un curso de 200 horas, por lo que pueden tener una bolsa de trabajo de la que carece la Administración. Y, aunque los mínimos físicos establecidos son muy similares a los de cualquier Ayuntamiento, son las empresas las responsables de comprobarlo, cosa que no convence a los sindicatos. "Aquí hay un enchufismo tremendo. Si alguien en vez de hacer 16 dominadas, hace 12 y es amigo de alguien, entra igual", asegura Martín Rubiño. Este periódico no consiguió hablar con ningún responsable de las empresas que prestan servicio para recabar su versión en este debate, que, en última instancia, es el de la gestión pública frente a la privada.

Con información de Walter Oppenheimer, Laura Lucchini y Rodrigo Carrizo.