Ofensiva contra las pensiones

El anuncio del atraso en la edad de jubilación ha traído consigo una verdadera conmoción social. Esa propuesta se ha justificado en el envejecimiento demográfico, omitiéndose que el aumento de la esperanza de vida no se debe tanto al de la duración de la vida de las personas mayores como a la erradicación de la mortalidad infantil. Según el documento del Gobierno, la esperanza de vida en el estado a los 65 años, sólo aumentaría en 2,5 años entre 2009 y 2040. Además, la esperanza de vida media va acompañada de desigualdades muy importantes según la clase social y el tipo de trabajo, por lo que es profundamente antisocial forzar a la mayoría de la población a que trabaje dos años más para financiar las pensiones de los más ricos durante 10 años.

La elevación de la edad de jubilación es una grave regresión social

Según algún informe, la cuantía del aumento del gasto en pensiones pasaría del 8,4% del PIB actual al 15,1% en el 2060. Quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento, obvian que en el pasado los aumentos han sido superiores a los que hoy se prevén, sin que se haya producido ninguna catástrofe económica La política de contención que se ha realizado, ha dado lugar a importantes superávits, que desde su creación en 1997 han ido destinados al Fondo de Reserva. No compartimos la complacencia hacia ese Fondo, ya que no es razonable la existencia de superávits mientras la pensión media en la CAPV y en Nafarroa eran en enero de 2010 de 958,06 y 870,33 euros mes respectivamente (inferior aún era la media del Estado español: 772,57) y mucho menos la de las mujeres. Estas cifras implican que la pensión media es bastante inferior al umbral de la pobreza, que en el año 2008 estaba fijado según un estudio de Elkartzen en 1.080 euros.

Se pretende que el atraso en la edad de jubilación se inicie desde el 2013, a pesar de que el sistema arrojará superávit hasta después del 2020. Sólo cuando los ingresos por cotizaciones sean insuficientes para hacer frente al aumento del gasto en pensiones, -no antes del 2023-, sería el momento de aumentar progresivamente los tipos de cotización. En los últimos 15 años, los beneficios empresariales han aumentado casi el 50% en términos reales, mientras que las pensiones sólo lo han hecho el 18%. Con lo que es incompatible la mejora de las pensiones y/o el mantenimiento o reducción de la edad de jubilación es con la continuación de la tendencia de las últimas décadas de aumento del excedente empresarial a costa de los salarios y de las cotizaciones

Por otra parte, la elevación de la edad de jubilación es una grave regresión social. La política de las empresas de prescindir de trabajadores/as mayores, por otros/as con menor salario y más "disciplinados" por los contratos temporales, da lugar a que un elevado porcentaje de las personas asalariadas se encuentre sin empleo cuando accede a la pensión, con la consiguiente reducción de ésta debido a la cotización por bases reducidas y a la aplicación de coeficientes reductores por anticipación de la jubilación. Por lo tanto, el ahorro en el pago de pensiones se va a producir porque las prestaciones de las personas prejubiladas, de desempleo o de prejubilación, van a ser de cuantía inferior a las pensiones de jubilación, más aún si, tal como se anuncia, se empeoran las condiciones de la prejubilación.

En el documento sobre el Pacto de Estabilidad enviado a la Comisión Europea se programaba una reducción de las pensiones por un importe de 4 puntos del PIB, como resultado conjunto del atraso de la edad de jubilación (16.800 millones de euros/año menos), de la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cálculo y de otras medidas previstas (atrasar las jubilaciones anticipadas, recortar la pensión de viudedad, la incapacidad temporal, etc.)

Las reacciones contra las propuestas del Gobierno -entre ellas las de los sindicatos CC.OO y UGT- han polarizado el debate político y social sobre la necesaria respuesta contra la propuesta de elevación de la edad... dando de alguna forma por buena la situación actual. Sin embargo, es inaceptable que se ponga en el mismo paquete a las personas que tienen la suerte de realizar un trabajo creativo y la mayoría de los asalariados y asalariadas ocupadas en la ejecución de tareas arduas y faltas de interés. Igualmente no es de recibo el hecho de que muchas trabajadoras deban simultanear su trabajo externo con la intensa dedicación a actividades de cuidado de hijos y otros familiares.

Las instituciones autonómicas de la CAPV y de Nafarroa se han acomodado al sistema español de pensiones, dando por bueno que el sistema público es insostenible financieramente y que es inevitable el desarrollo de las pensiones privadas. Ni se plantean, como alternativa para hacer frente al aumento del gasto, la elevación de las cotizaciones ni aprovechan el momento para volver a exigir el traspaso de las competencias en esta materia.

La apuesta de estas instituciones por las pensiones privadas se apoya -precisamente- en que la carencia de competencias impide que pueda actuar en la mejora de las pensiones públicas de reparto. Sin embargo, intervienen en la fijación de impuestos, para acordar desgravaciones fiscales a las aportaciones a las pensiones privadas. Así, en el 2005 la reducción por las aportaciones a estas pensiones ascendió a 1.072 millones de euros, equivalente al 5% de la base imponible y era la segunda fuente de reducción más importante, sólo superada por la debida a la tributación conjunta.

Mikel de la Fuente y Josu Zalbidea en nombre de STEE-EILAS.