La agencia de control urbanístico incrementó un 4.200% los derribos

Desde el 31 de julio de 1980, día en que el Gobierno de Adolfo Suárez transfirió las competencias sobre urbanismo a Galicia, hasta 2007, una única construcción ilegal fue demolida en la comunidad. Durante casi tres décadas, ese expediente de derribo fue toda la contundencia que demostraron siete gobiernos distintos frente a la anarquía inmobiliaria que reinó en el interior y la costa cuando estalló el boom urbanístico.

En sólo dos años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que acaba de descabezar, previa modificación de sus estatutos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas presidida por Agustín Hernández, había revertido esa situación. Durante 2008 y 2009, el organismo independiente que impulsó el bipartito ejecutó 42 órdenes de demolición, cinco en su primer año de funcionamiento y 37 el ejercicio pasado y firmó expedientes por los que incrementó sus sanciones hasta 8.335.859 euros.

La APLU impuso multas en dos años por más de ocho millones de euros

Con una labor ingente por delante, la estrategia diseñada por el organismo cuando sus inspectores empezaron a pisar las obras pasaba por poner fin a la sensación de impunidad que amparaba a los infractores, ya fueran constructores o alcaldes. Proliferaron los expedientes de restauración de la legalidad (169 entre 2008 y 2009) y las excavadoras irrumpieron por fin en los solares para tumbar edificaciones ilegales. Las actas de inspección aumentaron al mismo ritmo que los medios de la APLU: en 2008 fueron 265, un año más tarde, 517. En este tiempo, los expedientes informativos se multiplicaron por cuatro hasta los 887 durante 2009 y se presentaron 208 recursos en los tribunales, incluidos los que pretenden anular las licencias y poner fin al desaforado crecimiento en Barreiros, y que el juez ya ha empezado a anular. Igual que los expedientes sancionadores, que pasaron de 12 a 44.

El grado de efectividad de sus acciones judiciales no deja lugar a dudas: los pleitos planteados por la agencia se resolvieron con 114 sentencias favorables y 18 desfavorables. En el caso de los juicios que afectaron a demoliciones y sanciones, el 99% cayeron del lado del ente adscrito al Gobierno gallego.

Además, en virtud de un convenio con la fiscalía, la documentación de los casos más graves se remitían al ministerio público que obtuvo de ese modo jugosa información con la que sustanciar sus denuncias, la última por prevaricación urbanística contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, del PP, tres de sus concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada.

Esa fue la silenciosa labor que desde 2007 ha efectuado el ente al que ahora pretende restar competencias y personal la Xunta de Feijóo. Según fuentes próximas a este organismo, la relación de puestos de trabajo que diseña su nueva directora, María Fernández Allegue, prescindirá de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería. Ésta también se ha reservado la capacidad para destituir y nombrar al director de la APLU, hasta ahora a salvo de presiones políticas.

Desde que la consellería de Política Territorial de María José Caride la puso en marcha, los técnicos de la agencia resolvieron 539 solicitudes de autorización sobre usos en zonas de servidumbre (los primeros 100 metros de la costa). Una tarea que ya no ocupará más a sus funcionarios puesto que el cambio de los estatutos además de servir en bandeja el cese de su anterior director, Hipólito Pérez, otorga esa atribución, la de permitir infraestructuras junto al mar (aparcamientos, chiringuitos, piscifactorías y paseos marítimos municipales) a la Dirección Xeral de Urbanismo.

Durante los dos últimos años, sus funcionarios atendieron 1.000 consultas efectuadas por técnicos y personal municipal, y 12.000 efectuadas por los ciudadanos.

Pese a la falta de colaboración de algunos alcaldes, los inspectores de la Xunta habían empezado a detectar una disminución de las obras que comienzaban sin licencia autonómica. Esa es la constatación que arrojan las inspecciones en todas las provincias salvo en la de Pontevedra en la que se siguen detectando contrucciones irregulares.