El fiscal pide enviar al Supremo los indicios de corrupción contra un aforado de Castilla y León

La Fiscalía Anticorrupción ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicación de obras en la Junta de Castilla y León como para haber pedido en los últimos días al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigación del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicación de aforados en el caso. Las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petición se recogen en varios informes de la policía, y tienen que ver con la adjudicación de obras públicas en esa comunidad, gobernada por el PP.

La policía llevaba más de seis meses intentando esclarecer la identidad de tres personas que habrían cobrado 40.000 euros en comisiones ilícitas y que aparecían en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta. Los agentes requisaron en la sede principal de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, documentación suficiente para acreditar que la adjudicación de la construcción de la variante de Olleros de Alba por la Consejería de Fomento de Castilla y León habría sido supuestamente amañada para beneficiar a una empresa concreta, Teconsa, que a su vez habría repartido comisiones ilegales entre cargos políticos. Correa habría sido el encargado de distribuir esas cantidades; además, se habría quedado con una parte.

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La adjudicataria, Teconsa, organizó la sonorización en la visita del Papa

Teconsa, la favorecida por esa adjudicación, es la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorización, se quedó con la organización de ese tipo de tareas durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica valenciana, Canal 9, dirigida por un amigo de la trama, Pedro García, adjudicó a Teconsa esas labores por seis millones de euros, de los que la mitad, según la investigación judicial, fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a empresas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero que adjudicó la televisión valenciana.

"T.O." Y "TOTI" eran algunas de las iniciales que aparecían en los apuntes de la organización corrupta en relación a la obra de Castilla y León. Hace más de un año, el juez Baltasar Garzón apuntó que Correa y algún político habían influido en la decisión de adjudicar la variante a una empresa determinada. Garzón se basaba en apuntes contables requisados al contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde aparecía incluso un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejería de Fomento castellano-leonesa que dirigía entonces el popular José Manuel Fernández Santiago, ahora presidente del Parlamento de Castilla y León. El 3% del importe de la adjudicación, 96.100 euros, aparecían en la contabilidad B de la trama, repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la policía atribuyó a Fernández Santiago (TOTI), a Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) e incluso a Jesús Merino (diputado nacional popular).

Tras varios informes policiales, la Fiscalía Anticorrupción considera que los indicios que ya hay son suficientes para nuevas imputaciones, aunque se trata de aforados de otra comunidad autónoma, en este caso de Castilla y León, por lo que ha considerado que lo mejor es remitirlo al Supremo, donde ya se investigan supuestos delitos de Bárcenas y Merino.

En el Supremo está el informe de la Intervención General del Estado sobre la variante de Olleros. Anticorrupción ha pedido al juez que en lo referido a Fernández Santiago, que en principio debería ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vaya al Supremo, ya que la competencia de éste sobre Bárcenas y Merino arrastraría al presidente del parlamento castellano leonés al Supremo. Anticorrupción entiende que debe ser el Supremo el que se quede con la causa de Castilla y León, para no abrir un nuevo frente junto a los de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y el del Supremo.

Fuentes próximas a la Fiscalía del alto tribunal sostienen que no pueden pedir la asunción de la competencia sobre lo que afecta a Castilla y León porque ya lo hicieron para asumir toda la causa y el Supremo respondió que se quedaban sólo con los aforados nacionales (Bárcenas y Merino). Parece que los magistrados esperarán a que Pedreira levante el secreto del sumario y el instructor del caso en el alto tribunal le siga. A partir de ese momento, habrá que ver si el Supremo decide hacerse cargo o hay que remitirlo al tribunal superior de Castilla y León.