Exportar tortura

Varios países de la Unión Europea, entre ellos España, ofrecen equipos de detención y seguridad que pueden ser usados como elementos de tortura, pese a que existe una directiva europea de 2005 que prohíbe ese comercio y, en el caso español, una resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 2006 que ordena suprimir la venta de "productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte, infligir tortura u otros malos tratos o penas crueles o degradantes". La denuncia ha sido hecha por Amnistía Internacional, en un trabajo conjunto con la Omega Research Foundation (ORF).

El informe, titulado De las palabras a los hechos, asegura, entre otras cosas, que dos empresas radicadas en España, NIDEC Defense Group y Grupo TDS (Tactical Defense Systems), han publicitado la venta de esposas paralizantes que dan descargas eléctricas y que son fabricadas en Estados Unidos. Esposas similares, según Amnistía, se utilizan en China y en otros países en los que la aplicación de descargas eléctricas de baja o mediana intensidad es un castigo y un método habitual de inmovilizar a los detenidos.

"No basta con decir que se aborrece la tortura; hay que combatirla con todos los medios", asegura Michael Crowley, de la ORF

Los autores del informe se quejan también de que esposas de gran tamaño, usadas para piernas completas, denominada modelo "5050" y cadenas para la cintura que proceden de una empresa española denominada Larrañaga y Elorza se están utilizando en algunos países, como Venezuela y Sudáfrica. La empresa española ha asegurado a Amnistía que ya no fabrica ese material.

La legislación europea prohíbe explícitamente la comercialización de cinturones paralizantes (sunt belts), y existe una cláusula en la que se establece que la Comisión Europea irá modificando la lista de productos prohibidos "tan pronto como los nuevos equipos aparezcan en el mercado". Amnistía y la ORF consideran que el tipo de esposas denunciado, que llegan a descargar de 10.000 a 50.000 voltios, son tan crueles como los cinturones y solicitan que se incluyan inmediatamente en la lista de productos prohibidos.

El informe resalta que España es uno de los siete Estados de la Unión Europea (integrada en total por 27) que informa públicamente sobre sus autorizaciones de exportación de equipos policiales y de seguridad. Alemania y España son además los únicos que proporcionan información sobre los usuarios finales de las ventas de los equipos que exigen licencia de exportación porque se estima que su uso puede ser "ambiguo". Aun así, parece que el control real de la comercialización de este tipo de productos dentro de la UE es mucho menos estricto de lo que se pensaba y que "de las palabras a los hechos hay un gran trecho".

El caso más espectacular es el de la República Checa, que entre 2006 y 2009 ha permitido la exportación de variadas partidas de grilletes y, sobre todo, armas de electrochoque y productos químicos usados como asfixiantes; pero en la lista de países denunciados figuran también Hungría, Alemania e Italia. El Consejo de Europa recordó recientemente a Praga que se considera habitualmente "inaceptable" inmovilizar a los detenidos con esposas atornilladas a la pared, una práctica que, al parecer, no es extraña dentro de la propia República Checa.

Entre los productos que se considera que están creados para su uso como torturas o tratos degradantes figuran esposas que se colocan en los pulgares de las manos, esposas que se atornillan a las paredes y que colocan al detenido en posiciones incómodas o dolorosas, y grilletes de pies y cintura que obligan también a los detenidos a colocarse o moverse en posturas penosas.

Los expertos de Amnistía y de la Omega Research Foundation estiman que la Comisión actúa con una lentitud exasperante a la hora de actualizar la lista de productos prohibidos y solicitan que el Parlamento Europeo intervenga en la polémica y obligue a los responsables de la UE a mantener una vigilancia más diligente. "No basta con decir que se aborrece la tortura o los malos tratos; hay que combatirla con todos los medios que se pueda, y la prohibición de comercializar productos de este tipo es un elemento importante", asegura Michael Crowley, de la ORF.