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COLUMNA

La Lei do Solo y la trampa

El tiempo deja a cada uno en su sitio, y al año justo de gestión de la actual Xunta los hechos desmienten a los que sostenían que este Gobierno no hacía nada (entre ellos yo). Pero el equipo de Feijóo, al igual que quebró las cadenas de la imposición lingüística y devolvió la paz del consenso a las aulas otrora enfrentadas, ahora -pero más calladamente y ni siquiera con la excusa de tener que cumplir una promesa electoral- avanza a marchas forzadas en la restitución del urbanismo de toda la vida: el caos. La construcción ad lib con sus aspectos creativos (aunque incómodos para todos) y enriquecedores (muy enriquecedores, aunque no para todos).

Sobre las consecuencias del caos no hará falta que me extienda, porque están a la vista (Advertía George Sand, hace casi dos siglos, que los médicos pueden enterrar sus equivocaciones, pero un arquitecto sólo puede aconsejar a su cliente plantar hierba. Un urbanista, ni eso). El big bang, el caos anárquico y desorganizado, surgió en el desarrollismo, propiciado por la necesidad de tener una vivienda y/o deshacerse de la vieja, y amparado por el incumplimiento general de la normativa. Después, en los viejos buenos tiempos del fraguismo, le sucedió el caos orientado según las normas: en los años 90 se centralizó la gestión en la Administración autonómica (para dejar claro quién mandaba), y a la vez se descentralizaba hacia las administraciones locales (para que pudiesen hacer favores). La normativa urbanística era la más cumplida del mundo, o al menos a los tribunales no llegaban casos, con lo que o no funcionaban las leyes o funcionaban las trampas. La Ley Cuiña de 2002 fue un intento de frenar el libertinaje constructivo, y el Gobierno de PSdeG-BNG pretendió delimitar algo más tanta erección creativa y enriquecedora.

Feijóo avanza a marchas forzadas para restituir el urbanismo de toda la vida: el caos

Ahora, la nueva Lei do Solo alarma formalmente por permitir la construcción en zonas rurales y protegidas, pero el fondo es peor. No sólo "suaviza" la, al parecer, ruda y áspera normativa bipartita, sino que desmonta los organismos de control de su cumplimiento y permite fijar las excepciones a los ayuntamientos. La elaboración de la nueva normativa ha estado pastoreada por el responsable de urbanismo en aquella década prodigiosa (1990-1997) que, en otra demostración de la creativa y enriquecedora permeabilidad de lo público y lo privado, después se dedicó a defender en los tribunales a los infractores de aquellas leyes que habría tenido que hacer cumplir. En la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no sólo se deshacen del director, un técnico tan radical que había sido subdirector general con Feijóo de conselleiro, sino que se prevé una drástica reducción del cuerpo de inspectores. Casi todo -o al menos la Lei- con la sorprendente anuencia del PSdeG, confirmando la vuelta a los buenos viejos tiempos en los que en el partido mandaban los alcaldes (pero ahora ni siquiera los de las ciudades, sino los de los pueblos dormitorio).

Desmantelar la APLU no obedece al viejo buen principio liberal de "menos Estado", sino al más viejo pero menos bueno de no pisarse la cola entre leones. La Axencia Urbanística fue el organismo público que puso en conocimiento de la fiscalía barbaridades como las de Barreiros, un ayuntamiento de 3.000 habitantes en el que se otorgaron licencias para construir otras tantas viviendas (más). Obnubilados por lo creativo y enriquecedor de esa cementorrea, las autoridades locales no se pararon a ver si donde dejaban construir era rústico o urbano, terreno firme consolidado o marisma edificable, y tampoco se acordaron de hacer o pedir a los constructores equipamientos como calles, agua, alcantarillado y otros detalles menos esenciales que los videoporteros, pero obligatorios desde el punto de vista legal. El alcalde ha argumentado que lo hizo por "el bien del ayuntamiento" y que "sus vecinos lo apoyan". Evidentemente, nadie hace nada en detrimento consciente de la institución que preside, y tampoco los cargos que dependen de los electores suelen dedicarse a enervarlos, pero esos argumentos servirían también para justificar desde el linchamiento a la exención de multas.

No hagamos leña del bosque erigido. Barreiros no es un caso único. En Muxía lo intentaron la pasada legislatura, sobre tierras propiedad de algunos concejales y con el compromiso por escrito del gobierno local de rebajar la línea de protección de la costa. Las trabas legales a estas operaciones de enriquecimiento creativo son las que intenta despejar esa callada labor de gobierno. Y mientras tanto, se retiran los recursos contra las infracciones. Una vez, un popular alcalde que ya no lo es (alcalde), en una de las sabrosas conversaciones que manteníamos a modo de tregua, se empeñó en convencerme de las virtudes del "municipalismo". Los ayuntamientos han hecho muchas cosas buenas y satisfecho demandas ciudadanas que tendrían que haber atendido otros, pero no soy "municipalista" por las mismas razones que adujo James Joyce para negarse a la petición de un fan, que solicitaba besar la mano que había escrito Ulises: "No, ha hecho muchas otras cosas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de marzo de 2010