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Cambios en el marco urbanístico

El acuerdo para legalizar las casas critica al bipartito

La Xunta del PP, la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, y el Ayuntamiento de Barreiros tienen ya listo el convenio para legalizar el caos urbanístico que ha imperado en este municipio. En virtud de ese acuerdo las tres administraciones se reparten el coste de llevar los servicios de agua, luz y saneamiento a los edificios que brotaron desde hace tres años al amparo de las licencias concedidas por el Ayuntamiento del PP cuya legalidad dirimen ahora los tribunales.

La primera sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Lugo ya ha anulado una de los permisos para construir cuatro edificios y 173 vivienda en San Miguel de Reinante. El Ayuntamiento anunció ayer que ya ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza. Otros 43 pleitos determinarán si el resto de licencias para levantar más de 3.000 pisos en un municipio de 3.300 habitantes se ajustan a Derecho. La negociación política para legalizar todo ese desorden por la vía administrativa continúa. Según consta en el convenio impulsado por la Xunta, aprobado por el Ayuntamiento de Barreiros y que debe ratificar la Diputación, los promotores inmobiliarios aportan siete de los 14,1 millones de euros para reurbanizar las distintas promociones; el resto se los reparten la Xunta y la Diputación.

Impacto provincial

La redacción del texto que pretende hacer tabla rasa sobre el urbanismo de Barreiros culpa al Gobierno de Touriño de perjudicar con sus recursos judiciales la construcción en toda la provincia. La exposición de motivos del convenio subraya que "al no atender los requerimientos del anterior Gobierno gallego para revisar de oficio las númerosas licencias concedidas", el alcalde de Barreiros propició que "la Administración autonómica intepusiese casi medio centenar de recursos" en los juzgados.

Según el convenio, las impugnaciones del bipartito "han ocasionado un profundo impacto económico -que hoy por nadie es cuestionado- en todo el sector de la promoción, construcción y empresas auxiliares no sólo en el ayuntamiento de Barreiros y de su comarca sino que alcanza a toda la provincia de Lugo y por supuesto se ve agravado por la actual coyuntura económica".

Para corregir esta situación la Consellería de Territorio se compromete a "promover la adopción de medidas de modificación de la normativa reglamentaria o con rango formal de ley" que legalizarán las urbanizaciones impugnadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de marzo de 2010