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Columna
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Estabilización

Enrique Gil Calvo

Hace poco más de 50 años, el Gobierno tecnocrático de Franco tuvo que imponer el célebre Plan de Estabilización exigido por la OCDE y el FMI como única forma de superar la grave crisis económica que arruinaba la economía española a causa del fracaso de la autarquía. Pues bien, diez lustros después, el Gobierno democrático de Zapatero de nuevo tiene que adoptar un Plan de Estabilidad, también recomendado por la OCDE y el FMI pero esta vez exigido además por la Comisión Europea, como única forma de superar la crisis económica que hoy paraliza la economía española a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Se me dirá que semejante comparación resulta odiosa, lo cual es cierto. Pero a pesar de las insalvables diferencias entre aquella situación y ésta, lo cierto es que el paralelo puede plantearse por analogía aunque sólo sea en términos formales. Algo que además conviene hacer por sus indudables efectos pedagógicos.

El plan de Bruselas choca con la desconfianza de los ciudadanos y el boicoteo de oposición y sindicatos

Veamos. La crisis de la segunda mitad de los 50 estuvo causada por el aumento incontenible de la deuda pública acumulada, imposible de financiar a causa tanto del déficit fiscal como del déficit exterior, que amenazaban con provocar la bancarrota de la Hacienda española. Exactamente igual que ahora. Y la causa de aquel insostenible desequilibrio externo fue la falta de competitividad de la economía española, estrangulada por 15 años de autarquía improductiva. Pero también ahora ocurre lo mismo, dado que nuestro déficit soberano se debe sobre todo a la falta de competitividad exterior, dada la improductividad de nuestra economía tras 15 años de monocultivo inmobiliario. Respecto a las soluciones que entonces y ahora nos recomiendan los organismos internacionales (además de devaluar la peseta para ganar competitividad, lo que hoy resulta imposible), también son las mismas: romper con la burbuja autárquica, reducir el déficit fiscal (elevando los impuestos y recortando el gasto público) y liberalizar el mercado de trabajo congelando sueldos y salarios.

Como se sabe, el Plan de Estabilización de 1959 alcanzó gran éxito, tras dos años de grave recesión y duros sacrificios por parte de la población española, que sufrió extraordinarios incrementos de un rampante desempleo sólo aliviado por la emigración a Europa como única válvula de escape. Y ahora habrá que hacer lo mismo pero sin poder contar con el auxilio de una devaluación competitiva. Por tanto, el Plan de Estabilidad que nos impone Bruselas sólo podrá aplicarse con éxito a costa de duros sacrificios por parte de la población española. Y esta vez ya no puede emigrarse al exterior como en los años 60, sino que por el contrario ha de costearse el desempleo de dos millones de inmigrantes atraídos por la burbuja inmobiliaria. ¿Tendrá este Gobierno autoridad moral suficiente para exigirnos sacrificios a los españoles, logrando que nos apretemos efectivamente el cinturón?

Cabe dudarlo. Y las dudas provienen de dos razones al menos. Ante todo surgen de la menguada confianza que la ciudadanía mantiene en las autoridades, empezando por el propio presidente Zapatero y siguiendo por sus vicepresidentes y ministros, cuyo crédito político se ha reducido al mínimo. Y para pedir sacrificios hay que tener tanta credibilidad como la del presidente griego Yorgos Papandreu al menos, que todavía goza de elevadas cotas de confianza ciudadana tras haber ganado las recientes elecciones. Lo cual sugiere la conveniencia de una alternancia política en España para que otro nuevo Gobierno más legitimado que el actual esté en condiciones de demandar sacrificios a la ciudadanía. Pero tampoco en esto hay esperanzas, pues el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, todavía goza de menor credibilidad que Zapatero (además de estar deslegitimado por el caso Gürtel), por lo que también habrá de fracasar cuando nos pida sacrificios a todos.

Y la segunda razón que hace dudar de la capacidad del Gobierno para imponer un draconiano Plan de Estabilidad es el activo boicoteo que va a sufrir este Plan por parte tanto de la oposición como de los sindicatos. Por cuanto respecta a estos últimos, que creen vivir todavía en el espléndido aislamiento de la autarquía, ya han dictado un explícito veto que imposibilita tanto la congelación salarial como la doble reforma del mercado de trabajo y el sistema de pensiones. Y por lo que se refiere a la oposición, ya hemos presenciado esta semana pasada su explícito sabotaje en forma de rebelión fiscal a la imprescindible subida del IVA: una medida exigida por Bruselas que ellos aplicarán en cuanto ganen las elecciones, pero que ahora sabotean con taimada deslealtad para hacer abortar el Plan de Estabilidad.

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