Granados adjudica un contrato de un millón al perito que usó para desmentir el espionaje

La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada por supuesto espionaje político, adjudicó el mes pasado un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociación que preside Castor Iglesias. Este perito fue el que usó hace un año el consejero de Interior, Francisco Granados, para desmentir el supuesto espionaje político que mantiene a cuatro de sus hombres de confianza imputados en un juzgado de Plaza de Castilla.

El 17 de febrero de 2009, Iglesias firmó un informe grafológico encargado a dedo por Granados donde exculpaba al agente autonómico José Manuel Pinto de ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes del espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos adversarios dentro del PP de Esperanza Aguirre. El informe, que utilizó Granados para rechazar las acusaciones de espionaje, contradecía las conclusiones de dos peritos contratados por EL PAÍS. Ambos sostenían que Pinto era el autor de anotaciones en los partes, y esto vinculaba el espionaje con agentes de Granados.

Iglesias admite que antes sólo habían hecho traducciones puntuales

Algunos de sus contratados carecen de cualificación, según los jueces

El Gobierno regional le encargó trabajos antes de ganar el concurso

Sus traductores alegan que cobran 14 euros por hora. Iglesias lo niega

Con meras fotocopias del trabajo ajeno, Iglesias rebatió a los dos peritos contratados por este periódico, que sí analizaron los originales (imprescindible para identificar claves como la presión al escribir). Ambos grafólogos, cuyas periciales han pesado en sonoros procesos de la Audiencia Nacional, concluían que Pinto era el autor de las notas y están dispuestos a testificarlo ante la juez del caso. Iglesias cobró 3.600 euros por el trabajo que exculpó a Pinto. Se lo encargaron porque no era un desconocido. Su Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) estaba bajo contrato de la Comunidad de Madrid desde 2003 para prestar peritajes en los juicios rápidos, tarea por la que percibe 60.000 euros cada 18 meses.

Tras la pericial exculpatoria de Pinto, la AEPTJ de Iglesias logró un contrato a dedo de mes y medio para suministrar traductores e intérpretes a los juzgados. Tras este encargo a dedo, el 19 de febrero pasado, la Asociación de Iglesias ganó un concurso, con carácter bianual, dotado con 900.000 euros, al que se presentaba por vez primera para la prestación de intérpretes y traductores en los juzgados madrileños. Iglesias reconoce que con anterioridad sólo habían prestado una labor semejante de manera "puntual" en algún juicio. De hecho, la traducción e interpretación no figura entre los servicios que la página web de la asociación publicita. Nada de eso le impidió quedarse con la mitad de un servicio que en Madrid monopolizaba Seprotec desde 2007. Un servicio privado cuyas deficiencias ya había denunciado Jueces para la Democracia por entender que la nula o baja cualificación profesional de los intérpretes lesionaba las garantías procesales.

Según un portavoz de la consejería de Interior, se contrató a la asociación de Iglesias por ser la oferta más barata para un servicio crucial que puede dirimir si una persona va o no a la cárcel. Según jueces consultados por EL PAÍS, algunos traductores de AEPTJ han calcado los defectos de sus antecesores: nula o baja cualificación. Iglesias aduce que nadie se ha quejado por escrito sobre la supuesta mala calidad de sus traductores, pero no excluye que en algún caso se haya producido algún error con el currículo de sus contratados. Este diario tiene documentado a modo de ejemplo el caso de tres de sus traductores que incumplen los requisitos mínimos de calidad:

- Una argelina que acudió para un juicio el 9 de febrero de 2010 para asistir a un marroquí. El juez anotó lo siguiente: "Viene por AEPTJ. No tiene título alguno (no dice los conocimientos que tiene). Oculta datos. No hace bien la interpretación. Se pone a charlar con la víctima".

- "El traductor viene de AEPTJ", anota el juez, "para un caso de daños y para atender a una perjudicada portuguesa. El permiso de residencia es de Guinea, pero dice que es de Senegal y viene para hablar en portugués. Y dice que sólo tiene bachiller. No está cualificado. No sabe interpretar. Habla pisándole las palabras a la testigo".

- El tercer traductor sin titulación específica trabaja en el área de lenguas no europeas. Fue repescado del desempleo por la Comunidad de Madrid en septiembre de 2009 para que acudiera como intérprete a la sede de AEPTJ, seis meses antes de que esta entidad resultara ganadora del concurso de traductores. El formulario le exigía acreditar títulos y experiencia ante dicha entidad. No lo hizo porque carecía de ambas, según admite.

La organización de Iglesias realizó tareas de traducción en una docena de juicios ya en enero de 2010 cuando aún no había ganado el concurso. De hecho, el 22 de diciembre de 2009, la dirección general de Justicia, dependiente del consejero Granados, anuncia que desde el 1 de enero de 2010 "una vez comprobado que los servicios de traducción e interpretación no pueden ser prestados por el servicio de intérpretes y traductores propios de la Comunidad de Madrid, se podrán encargar directamente los trabajos de referencia, sin necesidad de autorización previa de la dirección general de Justicia, a la Asociación Española de Peritos Judiciales, sita en la calle General Pardiñas, 98". Iglesias admite que, antes del concurso, la consejería de Granados les contrató "por alguna razón" para tal servicio del 1 de enero al 15 de febrero de 2010. AEPTJ, según documentan sus traductores, paga la hora a 14 euros, cuando el monto abonado por la Comunidad rondaba los 40 ó 50 euros. Iglesias niega estas cifras, pero alega no poder precisarlas. Estos hechos están en la base de la denuncia de Jueces para la Democracia: es imposible tener un intérprete cualificado a ese precio. Por ello, demandan que la Comunidad de Madrid gestione directamente dichos contratos, para mejorar el servicio y el salario.