De Miguel dimite y permite a Agirre acotar la crisis

El diputado foral de Administración Foral y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel envió ayer a mediodía a la Diputación alavesa su renuncia, por medio de un mensajero que la recogió en su domicilio por orden del diputado general, Xabier Agirrre. Ambos hablaron en dos ocasiones. A primera hora de la mañana, cuando Agirre sopesaba aún si llamarle, De Miguel se puso en contacto con él y aceptó de inmediato la conveniencia de presentar la dimisión voluntariamente que le sugirió su jefe, después de un intercambio sobre su estado de ánimo personal. Le pidió "unas horas" para preparar el escrito y una carta privada dirigida al propio Agirre. La segunda comunicación, también a iniciativa de De Miguel, tuvo lugar sobre la una y media de la tarde, y fue para pedirle que enviara alguien a recoger su carta de dimisión. Fuentes oficiales de la Diputación señalaron que Agirre "no duda de la inocencia" de De Miguel y que éste compartió todos sus razonamientos sobre la conveniencia de su dimisión.

Agirre dará a conocer el nombre del sustituto del diputado dimitido en la reunión habitual que los martes celebra el ejecutivo foral y él mismo se encargará de comunicarlo en la rueda de prensa que normalmente protagoniza el teniente diputado y portavoz de la institución, Claudio Rodríguez.

Pese a la rápida reacción de Agirre, las consecuencias del escándalo para el gobierno alavés pueden no haber tocado fondo. EA, su único socio en el equipo de gobierno, tras la salida de Aralar -en desacuerdo con el proyecto de presupuestos pactado con los socialistas en octubre pasado- sopesa seriamente abandonarlo, para no verse contaminado por el escándalo. Agirre tendría en ese caso que proceder a una tercera crisis en su equipo.

El máximo dirigente del partido de Pello Urizar en Álava, Fernando Velasco, anunció que su formación se replanteará su presencia en el Gobierno foral si el PNV y el diputado general no ofrecen todas las explicaciones y cumplen una serie de exigencias que expuso públicamente, flanqueado, entre otros, por el miembro del gobierno Agirre, Mikel Mintegi. Esas exigencias "no dejan sitio a la negociación", advirtió. Velasco exigió a Agirre el cese inmediato de De Miguel, cuya decisión de dimitir se conoció durante su comparecencia, la apertura de comisiones de investigación en todas las instituciones y entidades públicas en las que pueda haber sospecha de actividades irregulares y el inicio inmediato de los trámites para que la Diputación se persona como acusación particular en el proceso.

Al presidente del PNV, Iñaki Gerenabarrena, al que citó expresamente Velasco, EA le exige una reunión entre ambos partidos la semana próxima para analizar en profundidad la situación y el compromiso de que el Grupo Parlamentario del PNV respaldará en la Cámara la comisión de investigación que su parlamentario, Jesús María Larrazabal pedirá si se confirma que entidades dependientes del Gobierno (lo sería el Parque Tecnológico de Miñano) o del Parlamento (es el caso del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas) son sujeto de la investigación judicial. Velasco exigió "una respuesta inmediata". "No vamos a permitir la más mínima sombra de duda de corrupción sobre un Ejecutivo en el que participamos". Velasco dijo que la posición no era sólo de la ejecutiva provincial, sino de la dirección nacional del partido.

El posible abandono de EA, a un año de las elecciones forales dejaría al PNV completamente solo con sus exiguos 14 escaños de los 51 que componen las Juntas Generales. La importancia de ese hecho no es numérica (EA tiene 2), pero sí en términos de imagen: los dos socios de los que se arropó en 2007 Agirre tras ganar sorpresivamente la cabeza de la institución siendo el tercer partido en las elecciones, habrían huido de su compañía. A EA no le viene mal apartarse del PNV en este último tramo y recorrerlo más en coherencia con su nueva apuesta por el entendimiento con la izquierda radical abertzale. En todo caso, fuentes forales no encontraron imposibles de cumplir las exigencias de su aún socio, al que aspiran a poder retener. Al menos, el PNV intentará evitar que esa eventual salida de EA del gobierno foral pueda verse justificada en una supuesta tibieza suya ante el escándalo.

En el flanco del partido, el PNV decidió ceder el protagonismo a la dimensión institucional de la cuestión, para poner de relevancia la dimisión de De Miguel. Tanto su presidente alavés, Iñaki Gerenabarrena, como los dirigentes nacionales, se mantuvieron en silencio. El EBB remitía a Álava y Álava no respondía. "No hay nada más que añadir" a lo explicado el miércoles por Gerenabarrena, señalaron fuentes oficiales de la dirección nacional, pese a que el partido contaba ya con un plano más exacto de situación después de haber hablado con los implicados. Así como el diputado general no conversó con De Miguel hasta la mañana de ayer, Gerenabarrena sí mantuvo un encuentro con él, al parecer en su propio domicilio, la misma noche del miércoles, una vez que los ocho detenidos fueron puestos en libertad.

Al PNV como partido le resta aclarar cómo actuará frente a la imputación judicial de uno de los integrantes de la ejecutiva de Álava, Aitor Telleria, así como con el resto en su condición de miembros de la formación. Una posibilidad sería la suspensión temporal de militancia, en tanto se sustancia el caso en sede judicial, pero esa respuesta fue imposible de obtener ayer. Las mismas fuentes oficiales del EBB señalaron que la decisión corresponde al Tribunal Nacional, pero eludieron concretar si se ha realizado ya o no alguna gestión ante él para que examine la cuestión.

La otra institución concernida indirectamente por las detenciones, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), por la condición de auditor jefe de otro de los imputados, Alfonso Arriola, guardó también silencio. Su presidente, Ignacio Martínez Churiaque, que es quien nombra a esos cargos asesores a propuesta de cada consejero, habló telefónicamente el mismo miércoles con el consejero del PNV Eusebio Melero, que fue quien propuso a Arriola. Tanto el miércoles como ayer resultó imposible contactar con ninguno de los dos. Fuentes del organismo señalaron que la cuestión se abordará la semana próxima si antes el auditor jefe imputado judicialmente no ha tomado ninguna iniciativa.