"Este señor me quiere cobrar comisión para cerrar el trato"

"Este señor me quiere cobrar una comisión para cerrar el trato". El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, recibió personalmente hace varios meses esta denuncia de un conocido empresario, quien identificó, lógicamente, a la persona "muy conocida" que le exigía el pago y cuya identidad no puede ser desvelada todavía por encontrarse la instrucción bajo secreto de sumario.

Contrastada la denuncia del empresario, el fiscal abrió de inmediato la línea de investigación, que sigue adelante a pesar del golpe de efecto que supuso el pasado miércoles la detención y posterior puesta en libertad con cargos y sin fianza de ocho destacados militantes del PNV de Álava, un grupo encabezado por Alfredo de Miguel, diputado foral dimisionario de Administración Local, y considerado, junto con Aitor Tellería, un ex concejal peneuvista de Vitoria, cerebros de esta supuesta trama.

Precisamente ayer, Alfredo de Miguel, que dimitió como diputado foral y vicepresidente segundo de Caja Vital, se dirigió a los medios de comunicación para proclamar su "absoluta indefensión" y confiar en que "en el menor espacio de tiempo posible quede demostrada" su inocencia. De Miguel, que dice no conocer los motivos para su detención, reitera su compromiso "con el país y con los ideales" que han guiado su actuación a lo largo de su trayectoria política.

Con anterioridad a este pronunciamiento, ya se habían registrado los efectos políticos de este duro golpe judicial al PNV, tercera fuerza en Álava. El diputado foral Alfredo de Miguel envió a mediodía a la Diputación alavesa su renuncia, por medio de un mensajero que la recogió en su domicilio por orden del diputado general, Xabier Agirrre, informa Isabel C. Martínez. A su vez, EA, único socio en el gobierno foral del PNV tras la salida de Aralar -en desacuerdo con el proyecto de presupuestos pactado con los socialistas en octubre pasado- sopesa seriamente abandonarlo, para no verse contaminado por el escándalo.

Según ha podido conocer EL PAÍS, la documentación recabada en algunos de los locales donde se practicaron registros minuciosos tras las detenciones es de "gran valor" ya que confirma alguna de las hipótesis con las que ha venido trabajando conjuntamente la Fiscalía de la Audiencia de Álava y el titular del Juzgado número 4 de Vitoria. A tal punto llega el calibre de algunos de los documentos hallados que no se descartan nuevas imputaciones. De momento, la imputación de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales se mantiene para los ocho detenidos, que fueron puestos en libertad tras una declaración ante el juez que se prolongó durante casi 14 horas.

Mucho más sigilo se apreció en el seno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), otra institución concernida indirectamente por las detenciones, por la condición de auditor jefe de otro de los imputados, Alfonso Arriola, que guardó silencio al igual que el PNV, posiblemente porque conocía la voluntad de De Miguel de emitir una declaración propia a lo largo del día. Por el contrario, el PP aprovechó la coyuntura y su portavoz en las Juntas Generales de ese territorio, Javier De Andrés, denunció que el pacto de PSE y PNV en Álava "está causando una quiebra institucional".