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Análisis:EL ACENTO

Hechos consumados

Desde el golfo de Vizcaya hasta Girona el litoral está envilecido por una cinta de cemento y asfalto sobre la que se han edificado hoteles, urbanizaciones, restaurantes, chiringuitos o cualquier sombrajo que produjera plusvalías en un suelo que, por ley, debería ser intocable. En mayor o menor grado, ese alicatado costero es ilegal. Una inferencia razonable -fundada en que toda ilegalidad tiene culpables, responsables y cómplices-, indica que los culpables serían los constructores que hayan corrompido a concejales para construir a menos de 100 metros de la orilla o en zonas protegidas; los responsables estarían entre las autoridades que por corrupción o negligencia no hubieran evitado el desastre urbanístico; y los cómplices, todos aquellos que permitieron la destrucción del litoral.

Si atribuir a la corrupción urbanística la destrucción de la costa es una idea verificable y verificada, ¿por qué Medio Ambiente ha exigido a TVE que se supriman dos minutos de uno de los capítulos de la serie Las riberas del mar océano, financiada con 1,3 millones de euros del departamento, y que denuncia esa corrupción en Telde, Andratx o Marbella, y ha sugerido que deben derribarse poblados en primera línea de costa como en Chilches y Moncófar? La excusa oficial parece pueril: la ruina costera se debería a malos planes urbanísticos y al exceso de edificabilidad. Pero ¿no son la "mala planificación" y el "exceso de edificabilidad" síntomas de corrupción? Si se responde que no, cítese un caso en el que la "mala" planificación haya reducido la edificabilidad.

La respuesta real es el peso inerte de los hechos consumados. Derribar construcciones ilegales cuesta votos y presiones de Ayuntamientos, autonomías o incluso países implicados. Mejor no agitar el avispero. La cruda realidad es que el Estado carece de poder para imponer la legalidad en las costas. Pero tampoco puede cambiar la percepción ciudadana de que la corrupción es culpable de los delitos costeros. El trémulo reparo de Medio Ambiente es inútil. El Ministerio, que anoche dio marcha atrás en su censora petición, ha caído en cuenta de que, si el documental no llegaba a TVE, se vería en YouTube.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de marzo de 2010