La Audiencia confirma la imputación de un viceconsejero en el 'Guateque'

La imputación del viceconsejero de Transportes, Luis Armada, en el caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a cambio de dinero, sigue adelante, según un auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 26 de noviembre y que hasta ahora no habían recibido todas las partes.

El fallo desestima el recurso que en su día presentó el viceconsejero contra la decisión del juez de instrucción Santiago Torres, por la que denegó el sobreseimiento de la causa. Ahora, la Audiencia de Madrid confirma esta decisión, aunque sólo en uno de los tres delitos por los que se acusaba a Armada. Por eso, el tribunal ordena "continuar la instrucción de la causa, no por los delitos de negociaciones prohibidas [a los funcionarios] y de tráfico de influencias, sino para esclarecer si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación", afirma el auto.

El viceconsejero fue imputado por el juez Santiago Torres en el caso Guateque por haber firmado en 2001 una licencia de obras para un edificio protegido, situado en la calle de la Bola (Centro), en el que tenía un piso en propiedad, cuando era gerente de Urbanismo con José María Álvarez del Manzano (PP) de alcalde. El instructor destacó que el auto se tramitó con "singular agilidad". La licencia fue solicitada el 30 de abril de 2001 y se concedió el 1 de junio, 31 días después. La investigación está ligada a la denuncia particular de Margarita Botija, portavoz de una asociación de vecinos de Chamartín. Armada explicó en su día que se hicieron unas obras en el semisótano del inmueble por unas goteras. "Aprobó la obra la comisión de Patrimonio y se concedió la licencia", se defendió.El auto de la Audiencia de Madrid ha descartado dos de los tres delitos atribuidos por el juez instructor Santiago Torres al viceconsejero Luis Armada. Se trata de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y de tráfico de influencias. En el primer caso, porque considera que como el viceconsejero no intervino para informar de la licencia, "sino exclusivamente para resolver al respecto", no se cumplen los requisitos que exige el delito de negociaciones prohibidas.

Tampoco reuniría las condiciones del delito de tráfico de influencias, donde, según el auto, se castiga "la mera interferencia de situaciones derivadas de relaciones personales, profesionales o de jerarquía en el proceso de decisión", porque eso "pone en riesgo la imparcialidad de la función pública".

En este caso, continúa el auto, Armada es quien firma la resolución conflictiva, pero considera que "no habría influido en nadie y no habría realizado frente a nadie un comportamiento de prevalencia para la obtención de un beneficio económico". Por tanto, la Audiencia también descarta este delito y sólo aprecia el delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas.

El viceconsejero de Transportes ha recibido todo este tiempo el apoyo del Gobierno que preside Esperanza Aguirre. El secretario general del PP regional, Francisco Granados, acompañó a Armada en sus declaraciones ante el juez y llegó a "poner la mano en el fuego" por su actuación como gerente.

No es el único político imputado en el caso Guateque y sus ramas derivadas. También el concejal Íñigo Henríquez de Luna está imputado del delito de tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la concesión de una licencia de una tienda Becara, ya cerrada.

"Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que tiene que ver con el caso Guateque tiene una responsabilidad política", consideró ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas. "El caso continúa y esperamos que en la sentencia se puedan fijar responsabilidades políticas, porque la concesión de licencias se hizo mal". Además, Lucas cuestionó el apoyo de Granados al viceconsejero de Transportes y se preguntó si seguirá manteniéndolo al final del proceso.