Luis Armada: "La investigación del 'caso Guateque' está en su fase final"

Dice el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, Luis Armada, que está muy tranquilo, pese a que un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, fechado el pasado 26 de noviembre, ordena al juez Santiago Torres -instructor del caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a cambio de dinero- que investigue si el alto cargo regional cometió prevaricación. El mismo tribunal ha descartado los delitos de negociaciones prohibidas y de tráfico de influencias. También dice estar tranquilo porque guarda un as en la manga, que hasta ahora no ha utilizado, porque no ha sido necesario.

Para explicarlo hay que remontarse a 2001, cuando Armada era gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, bajo el mandato de José María Álvarez del Manzano. Entonces, firmó la licencia de obras de un edificio protegido en la calle de la Bola (Centro), en el que él tiene su vivienda en propiedad. Recuerda que intervino la Comisión de Patrimonio, que aprobó la obra, y por eso se concedió la licencia. Los trabajos consistieron en la mejora de los lucernarios que existían en la cubierta, de unos 30 metros cuadrados, sobre un almacén en el sótano. Armada vive en el ático.

Una providencia del juez del 'caso Guateque' rechaza la prevaricación

El portavoz socialista anuncia que recurrirá ante la Audiencia

Después, llegó la denuncia particular de Margarita Botija, portavoz de una asociación de vecinos de Chamartín, y finalmente la instrucción del juez Torres, en la que está personado como acusación el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid. "El fiscal siempre ha estado conmigo", recuerda Armada. De hecho, la inspección de las obras realizada durante la investigación del caso descartó la imputación sobre la falsedad de la licencia otorgada. En febrero de 2009 hubo una nueva prueba de inspección, realizada por la empresa Tracsa, que determinó que las obras realizadas coinciden con el proyecto presentado. Dicho informe adjunta fotografías de cómo estaban los lucernarios y de su reparación.

Pero la prueba con la que el viceconsejero está seguro de poder convencer al juez Torres es el expediente de la Junta Municipal de Centro sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE) del inmueble, en 2002. En ella se constata que "la terraza situada sobre la planta sótano del edificio se encuentra en mal estado" y resuelve "ordenar al denunciado [la comunidad de propietarios] que realice las obras necesarias para subsanar las deficiencias" para poder pasar la inspección. "Inmediatamente", dice la resolución.

"La investigación que se está realizando [en el caso Guateque] está en su fase final", sostiene el viceconsejero, que aún no comprende por qué el asunto de las obras de su edificio se ha incluido en la investigación de la trama. Está convencido de que el juez terminará dándole la razón. Y esgrime una providencia del mismo magistrado, del pasado 16 de septiembre, en la que ya éste descartaba prevaricación en todo el caso Guateque. La diligencia es en respuesta a un escrito del fiscal y dice: "Que quede constancia de la incerteza del hecho de que en la presente causa se hayan dirigido judicialmente contra persona alguna (...) la formulación de imputaciones por prevaricación".

El fallo de la Audiencia obliga al juez Torres a investigar si Armada cometió prevaricación. Por tanto, el instructor deberá aún pronunciarse sobre ese delito, antes de que el viceconsejero quede fuera del caso. "Si el juez no quiere continuar con la investigación que le pide la Audiencia, tendrá que argumentarlo muy bien", rebate el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, que es parte en la causa. "Por ahora no ha tomado la decisión". Y asegura que, si se produce, él recurrirá ante la Audiencia.