Los municipios logran una moratoria de sólo un mes para el Plan del Litoral

El apretado calendario del Plan de Ordenación del Litoral (POL) experimentó ayer su primera modificación desde que fue presentado en sociedad, el pasado 25 de enero. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, accedió a prorrogar el plazo concedido a los ayuntamientos costeros para presentar sus primeras observaciones. Pero apremiado como está por el compromiso de aprobarlo, al menos inicialmente, antes de que acabe el año, no serán tres los meses de moratoria que conceda, como solicitaban los alcaldes, sino sólo uno. Un tiempo escaso, recibido con escepticismo en los municipios donde el plan presenta más problemas.

El anuncio de la moratoria lo realizó Agustín Hernández tras entrevistarse con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández. Fue una reunión de guante blanco, como todas las que han mantenido el conselleiro y el alcalde socialista de Ames desde que el PP gobierna en Galicia. Fernández eludió las referencias al excesivo volumen de documentación recibido por los ayuntamientos, como hizo en el comunicado en el que anunció la petición de una prórroga de tres meses, el pasado domingo. Tampoco se refirió a la "difícil comprensión" de los planos por los técnicos. Pero sí a lo "farragoso" del proyecto en su conjunto.

Pontevedra sostiene que no cambia nada, ya que el problema es "de fondo"

El presidente de la Fegamp trasladará el anuncio del aplazamiento a los municipios. Lo celebró, pero no ocultó que las expectativas eran otras: "Esperábamos que fuera algo mayor". Con todo, esos 30 días permitirán a los ayuntamientos costeros "trabajar con una premura no tan exagerada". "Valoraremos el plazo según los alcaldes me vayan diciendo", añadió. Y los alcaldes empezaron a decir. Es el caso de Pontevedra, donde el POL está siendo objeto de un agrio debate político. También el de Cangas y de otros municipios con amplio frente costero. En Pontevedra, su concejal de Infraestructuras, el nacionalista César Mosquera, consideró "ridícula" la moratoria de un mes, aunque adelantó que, más que observaciones, lo que el ayuntamiento presentará será "una enmienda a la totalidad del plan". "Queremos que se retire y se sustituya por otro", sentencia.

"Con un mes de prórroga no cambia nada, porque el problema es de fondo", relata el edil pontevedrés. "La información que nos remiten está repleta de errores y no coincide con la colgada en Internet, que además va cambiando a diario", añade. Según Mosquera, la Xunta aplica en el Plan del Litoral "criterios levantinos", como la protección a 200 metros a cada lado "de regatos secos", que contrasta con la catalogación de espacio "de simple mejora ambiental" de otros como el que ocupa la factoría de Ence en la zona de Lourizán. "Se protegen zarzales y se desprotegen bosques para poder enclavar parques eólicos", denuncia el concejal pontevedrés.

El propio Carlos Fernández reconocía, tras reunirse con el conselleiro de Medio Ambiente, que la prórroga "no dilata con exceso" los plazos que manejan los ayuntamientos, aunque valoró la oportunidad de contar con más tiempo para analizar la "amplia información".

Aunque Agustín Hernández mantiene el calendario, lo cierto es que los plazos se estrechan. El 17 de mayo vence la suspensión de desarrollos urbanísticos en la franja litoral de 500 metros. La consellería pretende levantarla parcialmente, valiéndose del borrador del POL y de las aportaciones municipales. Pero el tiempo que tendrá para estudiarlas será escaso, porque el plazo de los ayuntamientos concluye el 10 de mayo, sólo siete días antes. Con las consideraciones de los alcaldes o sin ellas, la consellería deberá trabajar a marchas forzadas para cumplir su compromiso de sustituir la suspensión generalizada por un decreto de prohibición más detallado, a la espera de la aprobación definitiva del plan.