El CES insta al Gobierno a rehacer el decreto de la renta básica

El Consejo Económico y Social (CES) ha solicitado que el Gobierno revise el proyecto de decreto sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI, la antigua renta básica) y mejore su redacción para evitar "inseguridades jurídicas". La entidad alerta también sobre los efectos que la prestación puede tener sobre el mercado laboral si la cuantía de las ayudas se aproxima a las retribuciones en algunos segmentos del mercado laboral. El consejo hizo público ayer su dictamen en el que duda de que un convenio de inclusión y la supervisión de las ayudas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide puedan corregir los efectos sobre el mercado laboral.

El organismo consultivo del Gobierno, que agrupa a sindicatos -ELA no participa-, patronal y otras instituciones y entidades sociales, acepta que se otorgue al empleo un papel central y protagonista en la inserción, pero considera que algunos aspectos deben ser replanteados. La "redacción imprecisa" del apartado de los convenios de inclusión y de la coordinación entre los servicios sociales de base y Lanbide dificultará que estos consigan su objetivo, apunta el CES.

El dictamen alerta del efecto en el empleo en función de la cuantía

Además, considera "gravemente restrictiva" la denegación del acceso a la renta en caso de que el solicitante tenga una participación en una vivienda, incluso en los casos en que no pueda disfrutar de la misma. "Este punto puede abarcar, por ejemplo, a personas que han experimentado un proceso de separación matrimonial y que son titulares parciales de la vivienda de su ex cónyuge o que perciben una pequeña herencia de la que no pueden disfrutar", advierte el consejo.

También critica el requisito de no disponer de ningún bien inmueble, a excepción de la vivienda habitual, cuyo valor catastral -diferente del valor de mercado- puede ser determinante a la hora de autorizar o denegar la ayuda. Solicita igualmente que se aclare si pueden optar a las ayudas las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y centros ocupacioneales; quienes conviven con sus padres, así como hijos que estuviesen bajo la custodia de una víctima de maltrato. El Consejo no secunda, en cambio, la crítica de varias ONG a la limitación del cobro de la renta a dos perceptores por vivienda para desincentivar los pisos patera.

El Departamento de Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, respondió que el borrador del decreto supone un "desarrollo fiel" de la Ley de Garantía de Ingresos, aprobada en diciembre de 2008 -sólo EHAK votó en contra y el PP se abstuvo-. Recuerda que la vivienda habitual está exenta de cualquier tipo de cómputo, salvo que tenga un "carácter excepcional". Añade que, si el solicitante es propietario de una segunda vivienda que no pueda utilizar, el valor de la propiedad será tenido en cuenta, pero ello no le impide percibir la prestación. También recuerda que el decreto recoge nuevos derechos. Cita como ejemplo que los conyúges sin hijos en custodia que vuelven a su familia de origen tras la separación -habitual en hombres- pueden acogerse a la RGI con el nuevo decreto.

El Ejecutivo resalta además que la apuesta por reforzar el papel de Lanbide y las políticas activas suponen un elemento diferenciador entre "una política de subvenciones desincentivadoras" y la búsqueda de una autonomía económica que sería el primer paso para conseguir la inclusión laboral y social. Y recuerda que la redacción final del proyecto seguirá las instrucciones de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno.