Escurriendo el bulto

Las noticias que siguen llegando de Grecia reflejan que, pese a la impopularidad que conlleva, el Gobierno griego se ve obligado a tomar medidas que afectan a las pensiones, al sueldo de los funcionarios y a las subidas de impuestos como forma de responder a las presiones de los acreedores externos. Sin embargo, por estos lares seguimos esperando que la crisis se acabe sola, por lo que todos los grupos de presión siguen teniendo éxito en su afán de escurrir el bulto, consiguiendo que las medidas gubernamentales no les afecten a ellos y/o se pospongan indefinidamente.

Por no poner sino los ejemplos mas evidentes, que afectan a los sectores de las finanzas y de la construcción, podemos ver que 30 meses de crisis no han conseguido aflorar las perdidas reales de esos sectores y que, en consecuencia, se reduzca tanto el tamaño de las entidades financieras como el precio de los pisos, pues fue su excesivo crecimiento en el pasado lo que generó gran parte de la crisis actual. Otro sector como el de los funcionarios no sólo ha conseguido mejorar su posición durante estos dos años de crisis, sino que se ha blindado para los próximos tiempos frente a los eventuales recortes. Obviamente, en ese contexto nadie osa acometer ninguna reforma a fondo de la Administración que aumente su eficacia.

Pese a la crisis, la Administración vasca sigue viviendo en la gloria

Basta con ver las dos medidas estrellas del "pacto anticrisis" para ver que están concebidas de forma que no molesten a nadie. Por un lado, en un sistema sobrendeudado como es el financiero y que, por lo tanto, necesita urgentemente reducir su tamaño, el Gobierno no tiene otra idea que la de aumentar la oferta financiera, al crear un nuevo actor, el ICO, que inyecte 20.000 millones de euros adicionales al sistema. Por otro lado, en un país con un exceso de viviendas nuevas sin vender que oscila, según las fuentes, entre el millón y el millón y medio, al Gobierno no se le ocurre otra cosa que fomentar la rehabilitación de las viviendas actuales, es decir aumentar aun más la oferta. Con ello se posponen una vez más las medidas drásticas que necesitan ambos sectores.

En Euskadi las cosas también parece que se deslizan por la línea de escurrir el bulto, de buscar la línea de menor resistencia y de esperar que la crisis pase pronto y sin necesidad de intervenir quirúrgicamente. Pasan los meses, las diferentes administraciones anuncian medidas de austeridad, pero nadie osa poner en tela de juicio ningún macroproyecto, sino que se siguen prometiendo nuevas y costosas infraestructuras cuya rentabilidad económica y social se ignora. Por supuesto, tampoco nadie acomete la desagradable y difícil tarea de reformar nuestra Administración, que es cara e innecesariamente compleja, para mejorar su eficacia.

Los datos, sin embargo, son contundentes. Según la ultima estadística de ejecución presupuestaria publicada, correspondiente al tercer trimestre del 2009, el gasto de Gobierno y diputaciones en personal propio había subido un 6,8% sobre el ejercicio anterior, lo que quiere decir que se han contratado muchos más funcionarios y que cada funcionario ha visto mejorar sustancialmente su sueldo. Peor aún, el gasto del capitulo 2, donde se esconden las múltiples subcontratas que realizan parte del trabajo de la Administración, ha subido nada menos que un 10,8%. Es decir, que a pesar de la crisis actual la Administración vasca sigue viviendo en la gloria.

Probablemente por eso, la nueva ley Municipal tampoco parece que vaya a acometer la tarea de reformar la estructura de nuestra Administración local, plasmada en un número excesivo de municipios, 251, y en donde un principio de racionalidad administrativa debería forzar la unión de los más pequeños y promover las mancomunidades de servicios en todos los demás, de manera que con menos personal se pudieran dar realmente unos servicios de calidad al ciudadano.

Igualmente, hay que revisar a fondo el papel de las diputaciones, pues su formato actual no responde ni a necesidades objetivas ni a la historia. Desde un punto de vista funcional, las diputaciones actuales ejercen una serie de funciones sin claro perfil, muchas de las cuales serían ejecutadas con mayor eficiencia a nivel de mancomunidades de municipios (como, por ejemplo, todo lo relacionado con los servicios sociales) y otras podrían ser ejecutadas con mayor eficacia por el Gobierno vasco. Pero los intereses creados son los que son, y ahí esta la reciente advertencia del PNV, para que no se toque la LTH.

¿Y qué decir del abrumador colectivo de empresas "privadas" que han sido creadas por las administraciones en estos últimos años?. Nadie sabe con exactitud ni cuántas son ni lo que cuestan, pero se habla de que hay más de 240 empresas, sin contar las que dependen de los ayuntamientos, que dan empleo a unos 10.700 trabajadores. Muchas de ellas no están sometidas a ningún control de gasto y en muchos casos han servido, o sirven, para contratar a amigos, tanto si son empleados como si son proveedores. Afortunadamente aquí sí parece que se mueve algo, pues el Parlamento vasco acaba de aprobar una moción pidiendo que se racionalice este subsector de la Administración vasca. A ver si es verdad, porque para salir de la crisis necesitamos conseguir reducir el coste de nuestra Administración entre un 15 y un 25%.