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Reportaje:EL LABORATORIO DEL ODIO

Salt, una olla a presión

Inmigración masiva, xenofobia y paro caracterizan el estallido social en un pueblo de Girona y alertan de lo que se está gestando ahora mismo en otros puntos de España

La ventanilla de un coche revienta ("crash") y cuando el dueño del vehículo sale de la peluquería con la cabellera a medio cortar, el ladrón ya se escapa a lo lejos por las calles del centro de Salt, un pueblo de Girona. El tipo, un gambiano con chaqueta de pana, llama al 091 y jura mientras tanto que los culpables son un grupo de marroquíes sentados en la acerca de enfrente que no paran de reír. Siempre son ellos, asegura. "Nosotros no hemos visto nada, negro", le contesta con chulería Kamal, un adolescente que pasa el día con sus amigos fumando hachís y trapicheando con drogas en el barrio. Es miércoles, tres de la tarde. A plena luz del día.

La convivencia en Salt, donde el 43% de sus 31.000 ciudadanos son inmigrantes, se ha resquebrajado estos días. Dos centenares de vecinos, hartos de la inseguridad en el pueblo, irrumpieron hace una semana de mala manera en el pleno del Ayuntamiento. Dos días después, en la calle se enzarzaron con unos magrebíes. La mayoría eran padres de familia que no quieren que se criminalice a sus hijos, pero también andaba por ahí Morad el Hassani, un ex presidiario cansado de que la policía le registre cada día. Un exaltado, rodeado de extranjeros, le gritaba: "Dejad de robar. Volved a casa". Los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir para que las cosas no llegasen a más. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual en Salt.

La alcaldesa propone derribar pisos para subir la calidad de vida e impedir que los autóctonos se marchen

La situación ha creado el caldo de cultivo ideal para que aparezcan de repente partidos con connotaciones racistas

La tensión que se ha vivido aquí recuerda al germen que dio paso a las revueltas que se produjeron en los suburbios de París en junio del año pasado, protagonizadas por jóvenes inmigrantes descontentos con el sistema. O a las de principios de año en la localidad italiana de Rosarno. La propia alcaldesa del municipio ha pedido a la Generalitat y al Estado más dinero y policía para impedir que los enfrentamientos vayan en aumento. "Salt es un laboratorio de toda España. Lo que pase aquí se repetirá con los años en otros lugares", repite con frecuencia la regidora, Iolanda Pineda (PSC). Está por ver, pero en España crece un sentimiento en contra de la inmigración. Una advertencia: el 77% de los españoles considera "excesivo" o "elevado" el número de extranjeros en el país, según el informe Racismo y Xenofobia 2009, editado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La historia de Salt explica mejor que nadie cómo se ha llegado a esta situación. En 1974, Salt era un barrio de Girona (posteriormente independizado como municipio) en el que se construyeron cientos de pisos de protección oficial, sin parques ni zonas verdes. Buena parte de la inmigración andaluza y extremeña se instaló aquí. Costaban unas 7.000 pesetas. Estas familias prosperaron y la mayoría acabaron yéndose a los municipios de alrededor, con mejor calidad de vida. Los pisos de Salt, que seguían siendo baratos, los fueron ocupando inmigrantes extranjeros, empleados en la construcción la mayoría de ellos. En 10 años, la población inmigrante pasó de un 10% a un 43%. Barriadas como el Grup Sant Jaume, por donde Dolors Boada camina hoy con las bolsas de la compra, han cambiado por completo.

Dolors, una viuda de 60 años que pasa el día en el hogar del jubilado haciendo gimnasia, es la única inquilina española que queda en su escalera. La mayoría de sus antiguos vecinos se han ido a pisos más amplios. El barrio se ha acabado degradando. Se vende droga, han aumentado la delincuencia (un 23% en todo el municipio) y a ella han dejado de visitarla sus nietos. "A mis hijos les da miedo que vengan, no quieren traerlos. Pero a mí no me saca nadie de aquí. Ésta es mi casa y sólo saldré muerta", cuenta en chándal y zapatillas de casa. Dolors no tiende la ropa en la calle por miedo a que se la roben, y en su alféizar no hay ni una margarita que florezca. Se cansó de que se las destrozasen. Hace poco, cuando venía del mercado, uno de Los Gemelos, dos hermanos muy conocidos en el pueblo por robar, le quitó la cartera. Ni así claudica: "Ni hablar. Mi sitio está aquí".

Es raro encontrar a alguien como Dolors. La mayoría quiere irse del pueblo. Que le pregunten a Delfín Pérez, el presidente de una comunidad de vecinos situada en Torres i Bages, una de las calles más conflictivas del municipio. Vive en un tercero y asegura que en el resto del edificio se han instalado pisos patera, donde cobran tres euros a todo el que entre por un espacio en el suelo donde dormir. "Tengo unos terrenos en Caldes de Malavella y ahora que me han dado los permisos no me puedo ir porque nadie me compra el piso". De lo contrario no se lo pensaría dos veces. Entre él y otras tres familias españolas pagan casi toda la comunidad.

Dos calles más abajo, en una plaza llena de basura y con las fuentes destrozadas, se encuentra José María Cedacers, un hombre que se llena de furia cuando habla de su bloque de viviendas. La convivencia para él se ha vuelto insoportable. "No soy racista", dice de primeras, "pero es que los extranjeros que están aquí no quieren vivir en comunidad. Tiran la basura por la ventana, no mantienen limpio el portal... no puedo hacer más". Cedacers dice que él y otros cuatro vecinos cargan también con todos los gastos del bloque.

Cosas como ésta han creado mucho malestar entre la gente. "Aquí necesitamos un Anglada", suelta de repente un carpintero en paro del pueblo. Sus deseos han sido escuchados. El líder del partido político ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha anunciado su desembarco en Salt. El actual concejal de Vic, un municipio cercano a Barcelona, va más allá de querer impedir el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles: pide directamente que cese la llegada de extranjeros. PxC pretende presentarse en las próximas elecciones municipales de 2011. El nombre de su cabeza de lista es todavía una incógnita.

Sentado ante una cerveza en un bar del pueblo, Jaume Torramadé no teme por la competencia que pueda suponer Anglada. El hombre ha dirigido durante ocho años el rumbo de Salt bajo las siglas de CiU. Desde 2007, él y sus siete concejales se sientan en la bancada de la oposición. Sólo 176 votos le separan de la actual alcaldesa, a la que acusa de populista: "Yo le hablé con claridad al pueblo. Le dije que era complicado convivir con todos los inmigrantes que habían llegado de golpe y porrazo. Salt necesitaba tiempo. Iolanda dijo que lo iba a solucionar todo de un día para otro. Pero se ha demostrado que no, que eso era una mentira. No se podía hacer. El problema es profundo y muy serio".

La inmigración llegó a Salt en la etapa de Torramadé, cuando los pisos levantados en los setenta pasaron de los inmigrantes nacionales a los extranjeros. "¿Por qué les dejaste venir?', me dice la gente. Pero yo no podía hacer nada, no podía meterme en una transacción económica entre dos personas", se excusa.

No podía, pero lo intentó. Puso en marcha una gestora inmobiliaria para controlar la venta de pisos en el centro de la ciudad, donde el porcentaje de inmigrantes se eleva al 80%. La idea consistía en que el Ayuntamiento se arrogaba el derecho de comprar los pisos en los que había inmigrantes interesados. Y lo hacía por el mismo precio. La fórmula, muy cuestionable, pero según él perfecta, nunca se puso en marcha porque acabó perdiendo las elecciones. ¿Eso es racismo? "Lo sería en cualquier otro lugar, pero no en Salt. Hay que valerse de la discriminación, utilizarla, porque se está poniendo en riesgo el modelo", finiquita Torramadé.

La situación ha creado el caldo de cultivo ideal para que aparezcan agrupaciones con connotaciones racistas. "Casi toda la delincuencia que tiene Salt viene de la inmigración", se lee en la página web de Gent per Salt, una agrupación de 25 personas que pusieron el proyecto en marcha en abril del año pasado. Desean "salvar al municipio" imponiendo mano dura. Su presidente, Antonio Rodríguez, un jienense que llegó al pueblo hace 40 años, niega ser un racista, pero explica que lo que está pasando es que "se van los buenos y vienen otros" con peores intenciones. "No podemos ser el cubo de la basura de Girona", declara ante un café en la escuela universitaria de fisioterapia. "Fallan los tres pilares: educación, vivienda y trabajo. Lo ideal para convivir", dice con ironía. Y añade: "Me preocupa que se vaya gente con raíces en el pueblo y venga gente que no las tiene. Sin educación".

La alcaldesa Pineda propone una fórmula distinta de la de sus oponentes para solucionar el problema: derribar pisos, ensanchar la ciudad, subir la calidad y el nivel de vida y conseguir así que los autóctonos no se vayan. Pero eso cuesta dinero, y el Ayuntamiento, con un presupuesto de 28 millones y una deuda de 24, no está precisamente boyante. "Les pedimos a todas las administraciones que nos tengan en cuenta. Es una situación de emergencia. Necesitamos un compromiso firme por parte de todos", afirma.

Iolanda Pineda, 34 años, es abogada. Ella maneja uno de los municipios más complicados de Cataluña y no le da miedo admitirlo. "En 10 años hemos tenido un crecimiento brutal de la inmigración. Eso no es fácil de digerir", explica siempre que alguien le pone un micrófono. Los que conocen las tripas de la política municipal aseguran que con ella los inmigrantes han dejado de ser invisibles, aunque sus críticos piensen lo contrario. Se han creado mesas de diálogo interreligioso con 46 entidades extranjeras representadas, programas para el cobro de deudores en las comunidades de vecinos, agentes cívicos, cursos de alfabetización catalana...

El día a día es una batalla, pero Pineda no la libra sola. Allí donde hay un follón estos días aparece un hombre alto, delgado, con gafas redondas y el cabello blanco. A las diez de la mañana o de la noche, da igual. Se trata de Andreu Bover, el responsable de inmigración del Consistorio. Bover ha apagado más de un fuego entre inmigrantes y españoles, en los que siempre estaba envuelto Morad el Hassani.

Morad tiene 28 años y la cabeza llena de cicatrices. Quien lo busque le encontrará sentado en el banco frente al Ayuntamiento. Lleva en el pueblo desde los 14, aunque tres años y medio los pasó en la cárcel por un delito de tráfico de drogas. Ahora afirma que está limpio, que no quiere problemas. A los Mossos d'Esquadra les consta una docena detenciones por agresión sexual, tráfico de drogas, conducción temeraria, lesiones o atentado a la autoridad, según contó el diario El Punt.

El día de los enfrentamientos ante el Consistorio, Morad, por casualidad, acudía a pedir hora para empadronar a su hija Soraya, recién nacida. En la puerta se encontró a españoles e inmigrantes intercambiando gritos y todo tipo de acusaciones. Con su coronilla de fraile, los dientes picados y el líder que lleva dentro (en la cárcel era preso de confianza) se erigió de inmediato en portavoz: "¡No se puede identificar inmigración con delincuencia! ¡Nos están usando CiU y PP para ganar las elecciones! ¡Sólo nos cachean a nosotros porque somos marroquíes!". Su imagen salió en todas las televisiones. En la mayoría de los periódicos. La alcaldesa, días después, convocó una reunión con las asociaciones de inmigrantes para poner calma en el municipio. Desde el Ayuntamiento aseguraban que ese chico problemático, delincuente habitual, no iba a estar en la reunión; pero quién sabe cómo se las apañó Morad, el padre primerizo, que acabó como un héroe accidental, como un mediador entre pueblos, y haciéndose la foto con la alcaldesa. Mano sobre mano.

No es raro ver a Morad dando vueltas sin mucho que hacer por Salt. Está en paro y pasa aquí y allá todo el día, aunque ahora tiene que buscar tiempo para su mujer y su nueva hija. "Yo puedo tener al pueblo tranquilo, calmado, sin problemas", cuenta en un banco, con una botella de agua entre las piernas que se ha traído de casa. Alrededor, unos quince compatriotas, todos parados, escuchan la conversación. Está harto de que le cacheen en mitad de la calle, delante de todo el mundo. "Así nos miran y dicen que somos unos delincuentes. La policía se pasa el día humillándonos", dice, y de un golpe de cabeza señala a un furgón de los mossos que está aparcado frente al parque.

¿Y los que le acusan de no ser un interlocutor válido de su comunidad por sus antecedentes? "¡Tengo derecho a la reinserción!", le espeta a todo aquel que quiera escucharle. Por el momento le han vetado. No va a encabezar ningún movimiento juvenil, como él pensaba. La asociación de chavales marroquíes, que está en camino de constituirse, ya le ha buscado un sustituto: un joven de 20 años, mecánico y con un historial inmaculado.

Cualquier día de la semana se encuentran las esquinas repletas de corrillos de gente. Igual que los bares. En las carnicerías de marroquíes no cabe un alma, pero la mayoría son familiares que están tomando el té. En este pueblo donde sobran peluquerías, el 25% de los inmigrantes y el 13% de los autóctonos están parados. Y eso ha afectado mucho a la convivencia.

"Yo soy prorracista", clama sin pudor una mujer de 59 años que se niega a dar su nombre. Le molesta que se escupa por la calle o que los inmigrantes hagan, según ella, tanto ruido en la calle. "Por desgracia, he nacido aquí. No me puedo pagar otro piso, si no, ya me habría ido", lanza un segundo antes de irse, calle abajo, y mirar con desprecio a dos mujeres que cruzan la calle con velo.

Dentro de la comunidad musulmana hay quien intenta calmar los ánimos. Es el caso de Mohammed Ataouil, a quien parece que lo hayan estirado como un chicle. Viste con túnica, es alto y lleva barba. Ataouil se ha esforzado en mantener a raya a Morad y los suyos estos días. No es un líder religioso, pero casi. Los marroquíes (la mitad de los inmigrantes en Salt) le escuchan. Ataouil posee una carnicería y una frutería y preside la asociación cultural Al Hilal. "A mí también me han robado en mis negocios. La delincuencia no tiene nacionalidad".

Los jóvenes, comandados por Morad, le han mirado con desconfianza. No se sienten representados por gente como Ataouil, hombres de barbas de chivo, porque ellos se consideran laicos. "En el tema de la convivencia hay que dejar el Corán de lado", opinan.

Las dos parroquias de la ciudad han intentado también calmar los ánimos. Durante la liturgia del domingo pasado, el cura leyó una plegaria en la que abogaba por el "respeto, el diálogo y la buena convivencia". "La seguridad es un derecho, como es un derecho tener un trabajo digno y lo es poder poner cada día un plato en la mesa", pudieron escuchar los fieles durante la misa. Amén, se escuchó al final.

Claro que hay un Salt donde no existen estos problemas, donde la gente va al teatro, paga la comunidad con regularidad y los jóvenes acuden a la Universidad. Alrededor de las viviendas unifamiliares se ven preciosos jardines. Pero no es ahí donde se concentra la mayoría de los extranjeros: el 80% de ellos vive en el centro, donde no crece precisamente el verde, un sitio en el que la gente pasa parte del día a la puerta de su casa.

Los inmigrantes aseguran haber sufrido en primera persona la oleada de robos que afecta a la localidad. En el bar Fouta hay un ruidoso futbolín y una pantalla gigante donde se ve el fútbol. Su dueño, Bari, de 40 años, es de la República de Guinea. Hace 10 años que está en Salt y asegura que nunca le han parado por la calle. Él es sólo una víctima más de la delincuencia. Hace tres meses entraron en su bar, le robaron la cadena de música, una televisión de plasma y "whisky del bueno". Se suma a los muchos vecinos que quieren irse. "No es racismo. Menos por mi parte, mírame la piel. Sencillamente, no se puede vivir. Yo no quiero que mis hijas crezcan aquí". Aún está a tiempo: las niñas tienen tres y cinco años.

Un bar tampoco es que sea una balsa de aceite. De noche se puede comprar un teléfono Nokia robado por cinco euros o conocer la historia de un hombre que dice llamarse Eduardo y que se ha pasado una temporada entre rejas por causar la muerte de dos ancianos en un accidente de tráfico cuando iba bebido. "Las he hecho de todos los colores, robos, drogas y caigo por esa tontería del accidente", confiesa, lamentado su supuesta mala suerte. Es de noche, el alcohol empieza a hacer mella.

Tres calles más arriba, los adolescentes marroquíes siguen fumando hachís a la puerta del restaurante chino. La mayoría han nacido en Cataluña. Ni estudian ni trabajan. Juegan al billar, hablan de coches de gran cilindrada, del sueño de tener una cartera llena de fajos de billetes. Pero la realidad es otra: "No somos nadie, invisibles. Sólo nos miran para echarnos la culpa de algún robo. Siempre que pasa algo en el pueblo aparece un coche de policía por aquí". Aunque invisibles, han arruinado el negocio del restaurante, regentado por un matrimonio y su hijo. Los pocos clientes que había en el último año han dejado definitivamente de venir. Como la mayoría de los que viven en el pueblo, Zhan Huan, de 42 años, se quiere ir. "Me han arruinado el negocio. Sólo quiero traspasarlo e irme lo más lejos que pueda", cuenta el hombre, hastiado. Su mujer, mientras, va mesa por mesa intentando echar a los que fuman drogas. No le hacen caso y desiste pronto.

La mayoría de estos chicos han estudiado en La Farga. Cuando se le pregunta a la directora, Gemma Boix, qué porcentaje de inmigrantes hay, contesta que un 95%, aunque es demasiado generosa con el número de escolares nacionales. En realidad, de los 410 alumnos que tiene el colegio, sólo cuatro pertenecen a familias españolas. El resto procede de otros países. "No sé si yo misma traería a mis hijos", llega a decir Boix. La Farga es, prácticamente en su totalidad, un colegio de escolares de padres inmigrantes.

Cuando empieza el curso no hay ningún niño que entienda a la profesora. Al acabar ya saben hablar medianamente bien catalán y castellano. "A su nivel, claro, pero entienden el idioma", dice Boix, para quien es un orgullo y un ejemplo el trabajo que hacen. Hace ya unos 10 años que es la escuela con más inmigrantes. Se debe a su tamaño: era el centro de enseñanza más grande del pueblo y siempre sobraban plazas. Si llegaba un niño a la ciudad en mitad del curso, lo mandaban aquí.

Primero llegaron andaluces y extremeños. Ahora, la inmigración marroquí, senegalesa, gambiana, paquistaní, suramericana... Pero los problemas no son los mismos. Boix ha tenido que negociar con más de un padre musulmán que no quiere llevar a su niña a la piscina. "Es uno o dos por curso, como mucho", dice, intentando quitar hierro al asunto. Por ahora siempre ha convencido a los progenitores. En caso contrario, los niños deberían cambiar de colegio. Boix es también beligerante con el velo. "Son niñas, tienen 12 años. Yo les digo que ya tendrán tiempo en el instituto de llevar el velo si quieren. Aquí prefiero que vayan destapadas".

¿Cuál es el futuro de estos chavales inmigrantes, que han llegado a un país del que ni siquiera conocen la lengua? "No suelen ir a la universidad, acaban en módulos profesionales", cuenta Ferran Jambert, director de la escuela Veinat. Fuera de la oficina no para de llover. En 1992 había sólo un inmigrante en el colegio, ahora están ya en el 74%. Y subiendo. "A los tres años es cuando más problemas tienen. No hablan ni español ni catalán. Eso produce un retraso que hay que paliar con aulas de refuerzo", lamenta el director. A la salida del colegio se ve a dos chicas, una negra y otra con un velo, compartir el paraguas. "Nos llevamos de maravilla", coinciden las dos. Creen que los problemas de convivencia, de inseguridad, son cosas de mayores. "No han crecido juntos, como nosotras", afirma Fátima, muy dispuesta.

Tanto políticos como los propios educadores piden una repartición. ¿El ideal para que la integración fuera efectiva? "Un 20% o un 30%" de alumnos de familias inmigrantes, asegura Torramadé. Proponen que escuelas de otras ciudades de los alrededores asuman parte de esa inmigración. Por ahora no se conocen voluntarios. "Algún día llegará una generación adaptada y todo funcionará bien. Estaremos como Ámsterdam", desea Boix. Aunque no se atreve a predecir en cuánto tiempo podría llegar ese día soñado.

La explosión de la inmigración ha desbordado también los centros sanitarios. La seguridad también es la conversación de moda en la sala de espera del centro de asistencia primaria.

-En Girona ciudad no me han robado ni una vez. Está plagado de mossos.

-Pues aquí no los ves. Eso es lo que hace falta.

Dos ancianos y una anciana comentan la jugada. Varias sillas de plástico más allá, cuatro mujeres marroquíes y dos hombres charlan también. Quizá se refieran al convulso ambiente de Salt. No lo sabemos. Hablan en su idioma.

"La situación que nos encontramos en el ambulatorio se parece a la España de hace 50 o 100 años", cuenta Laura Taberné, médico de familia en Salt. Cuenta que la población de pediatras está desbordada. "El modelo español está pensado para un hijo, y ahora las familias inmigrantes tienen cinco". En su día a día básicamente asiste a inmigrantes. Se encuentra con enfermedades tropicales, con hepatitis, incluso con tuberculosis. Aunque la batalla principal son las costumbres. "Hay hombres que no quieren que a sus mujeres las visite un médico varón". O personas que durante el Ramadán no quieren tomar la medicación.

Y así sigue la vida en Salt, con los ánimos caldeados. Los chicos en la puerta del restaurante chino, Morad sentado en el banco poniendo orden entre los suyos. La alcaldesa, mientras, pidiendo dinero para solucionar los problemas, temiendo que esto se repita en el resto del país. Cualquier excusa es buena para iniciar un conflicto ahora, como la discusión en la que se enzarzó el jueves un africano que acabó destrozando con un gato hidráulico los cristales del coche de un tipo que le había llamado "negro de mierda". La dueña de un bar que vio toda la escena se limitó a decir: "Gracias a Dios, hoy no ha pasado nada. Pero acabará pasando".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de marzo de 2010