El Parlamento griego aprueba los recortes en un clima de revuelta social

La crisis griega amenaza con sacar de Europa lo peor de sí misma. El Parlamento griego -dominado por los socialistas- aprobó ayer el severo plan de austeridad que acometerá Grecia para salir del túnel, con una fuerte subida de impuestos combinada con un rotundo recorte de gastos, empezando con la congelación de las pensiones y la bajada de sueldos a los funcionarios. Las instituciones multilaterales y los mercados aplauden esas medidas, pero Alemania reiteró ayer que no dará ayudas bilaterales y en la calle las protestas van subiendo de tono a medida que pasan los días.

El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, visitó ayer Alemania para entrevistarse con la canciller Angela Merkel y se encontró un regalo de bienvenida: el ministro de Economía, Rainer Brüderle, se despachó con unas declaraciones en las que aseguró que Alemania "no dará ni un céntimo a Grecia", sólo unos días después de que dos parlamentarios germanos invitaran al Gobierno heleno a vender alguna de sus islas para pagar la deuda. "Nunca hemos pedido dinero", subrayó el primer ministro griego. "Todo lo que necesitamos es apoyo: apoyo europeo para obtener créditos en condiciones aceptables; no como los actuales", afirmó Papandreu, que ha amagado con acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) si la Unión Europea no se aviene a prestar esa ayuda.

Los trabajadores respondieron con una nueva jornada de huelga contra las medidas del Ejecutivo socialista para atajar el déficit público. Habrá un nuevo paro general el jueves, en medio de un clima cada vez más enrarecido, que incluye altercados y quema de banderas europeas ante la sede de la UE en Atenas.

Los transportes paralizaron Grecia desde la madrugada, con embotellamientos en Atenas y Salónica -la segunda ciudad del país- y el tráfico aéreo interrumpido en todos los aeropuertos. Los empleados de los ferrocarriles, los maestros e incluso los policías se unieron a las manifestaciones convocadas en el sector público. Frente a las advertencias de los socialistas -que no dejan de repetir que la economía "está en estado de emergencia"- los sindicatos aducen que el plan "condena a los pensionistas a unas condiciones de vida miserables y aboca al cierre a miles de empresas".