De las cajas al bilingüismo amable

Hay vida más allá del decreto del gallego y de la fusión de cajas de ahorro. Quince profesionales de distintos ámbitos desmenuzan lo bueno y lo malo de la gestión del Partido Popular en la Xunta cuando se cumple un año de la victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo.

- Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. "Vivimos un proceso de adaptación", se felicita Javier Garrido, presidente de la principal asociación de promotores de Galicia, Aproin. Tras un período, el del Gobierno bipartito, caracterizado por la "voracidad legislativa", asumida además "a contrapelo de la crisis", para Garrido lo más notable de la consellería que dirige Agustín Hernández es precisamente el desmantelamiento de decisiones como las Normas del Hábitat y el registro de demandantes de vivienda protegida. "Nos gustaría que se fuera más rápido, pero al menos son medidas que están valorizando el sector". Los ecologistas, mientras, ven "más sombras que luces" en la gestión de Hernández, según Xan Duro, de Verdegaia. Celebra que se impulse el Plan del Litoral, aunque lo considera repleto de incógnitas, y se felicita por el anuncio de licitación del Plan de Movilidad Alternativa. Por lo demás, todo son críticas. Por ejemplo, a la reforma de la Lei do Solo, "liberalizadora" y "muy negativa". Lo mismo opina del Plan Move, una apuesta por el transporte "en vehículo privado". Y sobre todo, de "la defensa a ultranza del modelo de Sogama para la gestión de residuos, basado en la incineración".

- Economía. Los tres sindicatos mayoritarios y la patronal apoyan el proyecto de fusión de cajas que abandera Núñez Feijóo. Pero la crisis sigue ahí aunque ya no ocupe tantos titulares. "El 30 de julio había 15.200 familias sin ningún ingreso, ahora hay 16.300. Ese mismo mes se registraban 45.600 hogares donde todos los miembros estaban en paro, ahora son casi 50.000", recuerda José Antonio Gómez, secretario de UGT. Para él, esa es la mejor prueba del fracaso del famoso "plan de choque", que la Xunta presentó en cuanto llegó al poder y del que poco se habla ya. "En su día lo advertimos: era desequilibrado, insuficiente", zanja Gómez. Desde la patronal, su presidente Antonio Fontenla agradece a Feijóo que, "tras entrar con una situación económica delicada, haya planteado reducir el gasto público". Pero se lamenta de que el recorte de los presupuestos "deje poco dinero para actuaciones importantes de inversión". El Igape, "está desbordado, se ha convertido en un apagafuegos de las empresas pequeñas". Una visión mucho más amable que la que presenta el juicio sindical. "Creemos que fue un año perdido en términos de diálogo social", apunta desde CCOO Xosé Manuel Sánchez Aguión. La CIG habla directamente de "inacción del gobierno de Feijóo" y critica lo que considera una "privatización de la sanidad y un ataque a la lengua".

- Cultura. El editor Henrique Alvarellos critica el volumen de los recortes, "con las bibliotecas peor abastecidas de España", pero retrasa el balance. "Ahora hay que aprovechar el Ano do Libro". Encuentra "algo bueno" en Palabra de autor, el minuto que TVG consagra a escritores después del telexornal, financiado por Cultura. Y amplía responsabilidades: "La cultura es el alimento de una sociedad, no puede ser la primera en caer si hay crisis". Otra voz es la de Arturo Casas, profesor de Teoría da Literatura: "Feijóo no tenía política cultural. Sus líneas de fuerza pasan por paralizar el esbozo de programa del bipartito, impugnar el pacto simbólico de la Transición y reformular el binomio cultura-identidad". Opciones que avanzan en "su deseada regionalización de Galicia". Para conseguirlo, sostiene, " vincula elitismo y nacionalismo y declara su voluntad de superar ese esquema otorgándole un supuesto protagonismo al pueblo, dispuesto según él a negociar su identidad y ceder hasta una alienación deseable". Juzga "irresponsable en un gobernante" derivar las relaciones de mercado y consumo a la gestión cultural, pero observa "algo positivo". "El Gobierno ahora será más cauto". Lo que no cree Casas es "que tergiverse menos".

- Sanidad. La sanidad gallega ha tenido en lo que va de legislatura dos medidas destacadas: la supresión del turno extraordinario de tarde para las operaciones quirúrgicas y la inclusión de capital privado en los hospitales. Ambas son muy contestadas por Manuel Martín, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Este médico de primaria es muy crítico, tanto con esas medidas como con el rumbo del sistema desde que lo dirige la conselleira Pilar Farjas. "Lo primero que hizo la administración fue reducir el gasto por primera vez. Eso es ya una declaración de intenciones", explica Martín.

Algo más comprensivo con la consellería se muestra Pedro Trillo, presidente del Colegio de Médicos de Ourense. "Hay que tener en cuenta que les ha tocado bailar con la más fea, se enfrentan a una enorme crisis". A pesar de ello, también es crítico con la gestión de las listas de espera: "La paralización de las peonadas [como se conoce al turno de tarde] las ha disparado y además se nos ha señalado a los médicos como culpables por no hacer nuestro trabajo por la mañana para cobrarlo más caro por la tarde. No es así. Y donde lo sea, que se detecte y se elimine". Luis Campos, presidente del Consejo de Colegios de Galicia, cree que el Gobierno todavía lleva poco tiempo y que hay "muchos temas que tratar sobre la mesa", pero es optimista con la actitud del Sergas.

- Educación. Todos los focos del ámbito de la Educación están puestos en el decreto sobre el gallego. Pero prescindiendo de ese asunto, dos de las principales asociaciones de padres tienen opiniones muy diferentes. El presidente de las de colegios públicos, Virgilio Gantes, califica el periodo como "negativo". "Es la primera vez desde hace muchos años que a principios de curso andábamos con problemas. Nos habíamos quedado sin profesores de audición y lenguaje, hay agrupamiento de alumnos de varias edades en la misma clase, las comisiones del sistema de préstamo de libros de texto se cayeron de un plumazo". Gantes asegura que no se está gobernando en el ámbito de la educación y pone como ejemplo lo que sucedió con el temporal de la semana pasada: "No se sabía si los colegios tenían que suspender las clases o no". El punto de vista del presidente de la Congapa, que aglutina a las asociaciones de centros concertados, es completamente diferente: "El mandato empezó en verano para nuestro sector. Se retomaron los conciertos educativos que habían estado estancados al final del bipartito y se renovaron".

- Energía eólica. La suspensión, primero, del polémico concurso del bipartito, y la redación luego de una nueva ley eólica puso al sector en jaque. La patronal del viento no se quiere pronunciar sobre lo que ha ocurrido -en ella están representadas grandes industrias nacionales y pymes gallegas, las que más han perdido con la anulación del concurso-. Para el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, "la suspensión fue una decisión valiente". Daniel López, ecologista de Adega, lo rebate: "Quien conozca cómo se modificó en 2004 la Lei del Suelo de Galicia -iniciativa de Feijóo- para poder situar piscifactorías en Red Natura, sólo podía esperar del anteproyecto de Lei eólica que se eliminasen los obstáculos para volver a poner los recursos y el negocio en manos de las grandes empresas". El 21 de diciembre, el Parlamento aprobaba con los votos del PP la nueva norma que, según Adega, "mantiene la exención de evaluar el impacto ambiental de proyectos de menos de 50 molinos e introduce la preocupante posibilidad de que, a nivel urbanístico, los parques puedan ser autorizados por licencia municipal".

- Austeridad. Era una de las grandes apuestas electorales del PP ante las autonómicas. "El Gobierno por lo menos ha lavado la cara en política de austeridad", dice José Francisco Méndez, presidente gallego de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). "Lástima que no se haya transmitido a la administración local". Pero en nombre del ahorro ataca que se hayan congelado los acuerdos retributivos "en especial en la sanidad. Están desmotivando al personal incumpliendo los convenios. Venimos de una etapa de dilapidación del dinero público y si hay crisis hay que dar ejemplo, pero como siempre, los empleados públicos son los paganos". Mari Carmen López, responsable de Administración Pública de la CIG, va mucho más allá: "Se están recortando las plazas públicas y al mismo tiempo se profundiza en la externalización de servicios con empresas privadas y se abusa de la contratación de personal por acumulación de tareas. Este año ha sido sumamente negativo".

ESTA INFORMACIÓN HA SIDO ELABORADA PABLO LINDE, MARÍA FERNÁNDEZ ÓSCAR IGLESIAS Y PABLO LÓPEZ