El derecho a la educación

En la nueva configuración de la sociedad española, como consecuencia de la implantación de un régimen democrático, la transformación o reforma del sistema educativo será uno de los problemas fundamentales que habrán de ser sometidos a un amplio debate nacional. Una doble exigencia lo impone: la muy grave crisis que atraviesa nuestra educación y el afán de toda nueva sociedad de que sus ideales y aspiraciones se reflejen en la orientación y acción de sus instituciones educativas.Que el sistema educativo cruje por todas partes es algo que se puede apreciar con la mera atención a las noticias que difunden cada día los medios de información. Desde la escuela de párvulos a la universidad las necesidades no atendidas de manera satisfactoria son numerosas y diversas; por otra parte, las familias, los alumnos, el profesorado y la sociedad en general, manifiestan un descontento profundo que se refleja en una conflictividad y en tensiones constantes, antítesis del clima de serenidad y de la continuidad que demanda toda acción educativa eficaz.

Una primera y somera reflexión sobre algunos de los principales problemas que tiene planteados nuestro sistema educativo puede intentarse agrupándolos en torno a tres indicadores que son a la vez objetivos de un sistema progresista y justo en materia social y educativa: el derecho a la educación; el rendimiento eficaz del sistema educativo y la educación para la convivencia y comprensión mutua .Es obvio que el estudio en profundidad de esos temas exige un espacio considerable por el número y complejidad de los problemas que cada uno lleva implícitos. La pretensión es aquí mucho más modesta limitándose a un bosquejo su cinto de cuestiones que se ex pondrán en artículos sucesivos con la intención de que sirvan de punto de partida de una meditación más detenida del lector.

Un derecho primordial

En toda sociedad democrática se parte del principio de que el derecho a la educación es un derecho primordial en el conjunto de los derechos humanos ya que el ejer cicio pleno de éstos lleva consigo la exigencia de un cierto nivel y tipo de formación. El coricepto de ese derecho desborda ahora, en los países desarrollados y en muchos que no lo son, la antigua aspiración limitada a la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Hoy se considera que, además de esa edu cación básica, el sistema educativo debe preparar para una profesión y asegurar las posibilidades de una educación permanente que permi ta completar niveles de formación, a quienes no tuvieron oportunidad de hacerlo antes, y ofrezca las facilidades necesarias para el perfec cionamiento en el ejercicio en cualquier función o las readapta ciones profesionales. que la evolu ción de la ciencia y de la técnica hacen indispensables.

El derecho a la educación, así concebido, lleva aparejado el principio de la igualdad de oportunidades, objetivo éste que debe tender a proporcionar a todos análogas posibilidades no sólo de acceso a los estudios, sino de éxito en éstos, como base y factor poderoso de movilidad social y de equiparación de los individuos para alcanzar las distintas posiciones sociales. Estas aspiraciones no se logran con la mera concesión de un ciertonúmero de becas para estudios medios y superiores, aunque no sea desdeñable, ni mucho menos, la contribución que a ellas prestan.

El problema es mucho más profundo porque los factores que se oponen al logro de una auténtica igualdad de oportunidades son de índole muy diversa: la estructura económica y social del país, el nivel socio-cultural del hogar y del medio en el que vive el niño y las diferencias individuales de capacidad y aptitud para el estudio, entre otros condicionamientos muy importantes, fuera.del alcance del sistema educativo muchos de ellos. Lo que éste puede hacer es, no obstante, de gran efectividad a través, especialmente de una educación personalizada, de una educación compensatoria de determinadas lagunas e insuficiencias y de urios servicios de orientación personal, escolar y vocacional prácticamente inexistentes en nuestro país.

Un rápido examen de ciertos datos y características de nuestro sistema educativo permite llegar a algunas conclusiones sobre su eficacia en relación con el acceso a la educación y consecuentemente su contribución a la movilidad social.

Preescolar

La educación preescolar atiende solamente al 36% del grupo de edad correspond lente a ese ciclo educativo, es decir, de los dos a los cinco años. Es sabido que los primeros años de la vida tienen una importancia capital para el desarrollo intelectual y. de la personalidad del niño y de ahí la creciente atención que se dedica en muchos países a ése nivel educativo. La discriminación que sufre en ese orden tan elevado porcentaje de la niñez de nuestro país motiva en éstos una manifiesta inferioridad de condiciones, de difícil compensación después, al iniciar la educación general básica, con respecto a los que se benefician de la educación preescolar. A ello se agrega el hecho de que la mayor parte de los alumnos de educación preescolar lo son de centros privados y pertenecen, en general, a las clases sociales comparativamente más pudientes. Esto significa que muchos de los niños más necesitados de la acción compensatoria de la escuela, por proceder de hogares donde la escasez de medios suele ir unida a un nivel cultural pobre, se ven privados de ella.

Educación general básica

La escolarización de la población del grupo de edad correspondiente a la educación general básica (6 a 13 años) es prácticamente total, según las estadísticas oficiales. Sin embargo, las condiciones en que se desarrolla la enseñanza en determinados centros y lugares del país -doble turno, locales sin los necesarios requisitos higiénico-pedagógicos, relación númerica excesiva de alumnos por profesor- hacen pensar que en esos casos se ha resuelto, en mejor o peor forma, el problema de albergue de los alumnos, pero en circunstancias nada propicias para una labor educativa eficaz. En esa situación se encuentra cerca de un millón de niños, es decir, alrededor de la sexta parte de los alumnos inscritos en centros de educación general básica. Es muy expresivo a ese respecto el hecho de que hay unas 8.000 clases que cuentan entre cuarenta y cincuenta alumnos y más de 2.500 aulas en las que se rebasa la cifra el cincuenta alumnos por profesor. Otro tema candente, relacionado estrechamente con la educación general básica, es el de la gratuidad y la política de subvenciones a la enseñanza privada, pero esa es cuestión que merece a artículo aparte.

Evolución

En el tránsito de la educación general básica a los niveles educativos que siguen se plantea otro problema importante en relación con la igualdad de oportunidades: los alumnos que obtienen el título de graduado escolar pueden optar entre los estudios de bachillerato o los de la formación profesional de primer grado; los que no superan las pruebas para la consecución de dicho título han de seguir, forzosamente, los de formación profesional. En buena parte se decide en ese momento el futuro profesional del alumno, aun teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen los planes de estudios de formación profesional de una eventual reincorporación a estudios de otra índole. Sin negar que el camino de la formación profesional es tan honroso y necesario como el que más, es evidente que a la edad en que se produce la decisión de seguirlo es prematura, aunque supo ne un progreso importante en relación con la situación existente anterior a la Ley General de Educación de 1970, cuando esa opción s planteaba a los diez años de edad.

Se estima, por los Servicios de Estadística del Ministerio de Educación y Ciencia, que el 44% del grupo de edad correspondiente al bachillerato y al COU están cursando esos estudios. Ese porcentaje es inferior al de la casi totalidad de los países de la OCDE que ya en 1965 superaban el 80% en algunos casos (Estados Unidos y Japón), estaban cerca del 80% los Países Bajos y Canadá y quedaban en el grupo inferior Grecia, España, Portugal y Turquía. El acceso al bachillerato según la categoría socio-profesional de los padres muestra un predominio importante de las clases sociales más altas. A través de los datos del Censo de 1970 se, observa que los hijos de personas pertenecientes a los cuadros superiores y profesiones liberales (3,3% de la población activa) representaban el 14,90% del bachillerato superior, entonces vigente, mientras que los hijos de obreros calificados (30,7% de la población activa) representaban el 15,2 %y los de jornaleros del campo (10% de la población activa) el 2%.

Ese predominio de las clases más elevadas se acentúa en la educación superior. Según la misma fuente de información antes citada el 31,9% de los estudiantes universitarios procedían del grupo de cuadros superiores y profesiones liberales, mientras que los hijos de obreros calificados representaban el 7% y el de jornaleros del campo el 0,8%. Comparativamente con los países europeos el número de estudiantes universitarios en España entre los veinte y los veinticuatro años nos sitúa en los últimos lugares como puede apreciarse en el cuadro estadístico que figura en esta misma página.

Las cifras y porcentajes mencionados muestran, en cierto modo, las posibilidades de acceso a la educación de la población española, pero no permiten apreciar un aspecto fundamental en relación con la igualdad de oportunidades como es el de los alumnos que terminan los estudios con éxito y su procedencia social. En un próximo artículo sobre aspectos del rendimiento del sistema educativo se tratará de profundizar en esa cuestión, pero ya desde ahora, sobre la base de las cifras y hechos expuestos, se pueden deducir algunas conclusiones.

Desde la más temprana edad tienen menores oportunidades educativas quienes proceden de los sectores sociales que más las necesitan. El ciclo de educación general básica que hoy ofrece posibilidades educativas a toda la población en edad escolar obligatoria ha supuesto un avance importante en relación con la situación anterior a la ley General de Educación, especialmente por la mayor duración de la escolaridad obligatoria, pero tiene pendientes de solución muchos problemas de orden cuantitativo y de calidad de la enseñanza junto a la muy grave y compleja cuestión de la gratuidad de la enseñanza. La procedencia socio profesional de los alumnos de centros de bachillerato y de enseñanza superior muestra cuanto queda todavía por hacer en favor de una mayor equidad y justicia social en ese orden. En fin, la muy débil acción que se desarrolla actualmente en materia de educación permanente y la casi nula en orientación escolar y vocacional, dificultan considerablemente una acción amplia y eficaz en materia de igualdad de oportunidades.

Toda política educativa que se trace para el futuro en favor de una sociedad española más justa deberá, tener en cuenta, entre sus objetivos prioritarios, los del derecho de todos, a la educación y el de igualdad de oportunidades, también para todos. Pero los resultados y posibilidades de esa política educativa seguirían siendo limitados de no estar inserta en el contexto de una política general que tuviera como finalidad la realización de transformaciones sociales muy profundas, en nuestro país.