Consternados y perplejos por la instrucción del Supremo
El ex fiscal de Sala del Supremo y primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha propuesto que un amplio movimiento de ciudadanos dirijan un escrito al Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD) en el que expongan su "perplejidad y consternación" para el caso de que el juez instructor del Supremo Luciano Varela continúe aún formando parte de dicha asociación judicial. La protesta contra Varela, fundador de JpD, está motivada en su decisión de imputar al juez Baltasar Garzón un delito de prevariación por investigar los crímenes del franquismo.
Asimismo, los 200 catedráticos, profesores y jueces que integran el Grupo de Política Criminal han denunciado que la pretensión de Garzón de investigar los crímenes del franquismo se inserta en un "legítimo debate" que abre las posibilidades de revisión de la Ley de Amnistía, al igual que otros países han hecho "con las leyes de Punto Final". El Grupo de Política Criminal afirma que la suspensión de Garzón y el "más que discutible" delito de prevaricación "colaboran a acallar, una vez más, la voz de quiénes sufrieron la represión franquista". Asimismo, la Federación de Jueces Latinoamericanos ha expresado su respaldo a Garzón "por amparar la angustia y el dolor de familiares de desaparecidos".
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó ayer que la tercera querella admitida contra el juez Baltasar Garzón pone de manifiesto una "especie de conjura" que achaca a su intento por investigar la dictadura franquista y la corrupción de la red Gürtel. El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, artífice de la estrategia de su partido contra Garzón, calificó la "teoría conspirativa" como "el más absoluto de los ridículos".
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