Intereses corporativos

La dimisión del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez de su puesto en la Comisión de Calificación de dicho Consejo ha desvelado un sistema de nombramiento de altos cargos judiciales -especialmente, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores de justicia- que parece primar más las relaciones de amistad y la militancia asociativa que el mérito y la capacidad de los candidatos. Había indicios abundantes de que a la lógica de partidos que malea el nombramiento de los miembros del Consejo y condiciona su funcionamiento, dividiéndolo en bloques ideológicos según el partido al que deben su designación por el Parlamento, se había superpuesto una lógica corporativista al servicio de las asociaciones judiciales. Ahora existe un testimonio directo de que eso es lo que ocurre.

Según el dimisionario, vocales que actúan como poderes fácticos en interés de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afín al PP, o de Jueces para la Democracia (JpD), afín al PSOE, burlan la Comisión de Calificación, a la que corresponde seleccionar los candidatos, y logran imponer sus propios candidatos al pleno del Consejo Judicial. El resultado es que otras asociaciones judiciales y los jueces no asociados, la mitad de la carrera, tienen prácticamente vedado el acceso a los altos cargos judiciales.

Los vocales señalados han acusado a Gómez Benítez de "mentir". Pero los datos no le desmienten: la APM y JpD copan el 75% de los cargos judiciales nombrados por este Consejo. Es un paso en la buena dirección que la entrevista a los candidatos sea en adelante pública, como acaba de decidir el Consejo. Pero de poco valdrá esa publicidad si el proceso previo de preselección es opaco y el gremialismo asociativo sigue imponiéndose al mérito y la capacidad.

La lógica corporativista es tan desastrosa para el órgano de gobierno de los jueces, y para la Administración de justicia como lo ha sido su contaminación por la lógica partidista política. No hay diferencia. A esa lógica hay que atribuir el escándalo de que el presidente del Tribunal Superior de Valencia, ya en funciones en el caso Camps, siga en esa situación meses después. Los partidos no dan ejemplo: la renovación del anterior Consejo estuvo bloqueada dos años por el PP y lo mismo ocurre ahora con el Constitucional. Pero se les puede exigir responsabilidades. Al Consejo, no, y eso alimenta la impunidad con que actúan.