Beteta dice por carta a los funcionarios que no tiene la culpa de que les baje el sueldo

María José, profesora de Secundaria, se enfadó cuando le llegó la última nómina. No por la bajada de sueldo, unos 13 euros menos, sino porque la factura de enero incluía una carta que "culpaba a Zapatero", explica la docente de la Comunidad de Madrid. La carta, remitida por la Consejería de Economía y Hacienda que encabeza Antonio Beteta, no alude al presidente del Gobierno, pero sí a una de sus medidas. Ofrece una explicación técnica de por qué los funcionarios de la Comunidad de Madrid cobrarán menos este año. La carta ha llegado a unos 160.000, según los sindicatos. La consejería no ofrece estimación. Como el Gobierno central eliminó la deducción de 400 euros en el IRPF, sube la retención y eso "se traduce en una disminución del salario neto mensual" aunque Madrid aprobó una subida del 0,3%. La reducción oscila entre 10 y 40 euros al mes, según CC OO y UGT. Para los sindicatos, la carta supone "una deslealtad institucional".

"No es normal que una Administración use su personal y sus recursos para criticar a otra", según Juan Luis Martín, secretario de políticas sectoriales de UGT. "Es propaganda contra una medida del Gobierno", añade Javier Díaz, secretario general del sector autonómico de CC OO. Ambos destacan que no es un procedimiento usual. Añaden que la Comunidad de Madrid no informó del paso contrario, de cómo subieron los sueldos de los funcionarios cuando se aprobó la deducción hace dos años. "La gente no pide explicaciones cuando le suben el sueldo", justifica un portavoz de la consejería.

El Ministerio de Economía evita valorar la carta. Pero deja claro que ellos nunca han hecho nada parecido. "Ni cuando aprobamos los 400 euros ni cuando los eliminamos", concreta un portavoz. En Madrid, según los sindicatos, sólo hay un precedente. El consejero de Justicia, Francisco Granados, avisó a los funcionarios a finales de 2008 de que pasarían a depender de la Seguridad Social en lugar de mutuas. Granados dejó bien claro que era una decisión "unilateral" del Gobierno de España sin participación de la Comunidad.