Los municipios piden más plazo para estudiar el Plan do Litoral

El 17 de mayo está marcado en rojo en los calendarios de la Consellería de Medio Ambiente. Ese día se cumplen tres años desde que el Gobierno bipartito promulgó la prohibición de construir en la franja costera de 500 metros, una medida cautelar en tanto se elaboraba el Plan de Ordenación do Litoral (POL). La medida, prorrogada por la Xunta de Feijóo en 2009, vence dentro de tres meses. Para entonces, el departamento que dirige Agustín Hernández debe cerrar el decreto para una nueva prórroga, en este caso parcial: la Xunta permitirá edificar en zonas ahora vedadas por la ley de los 500 metros, pero incluirá otras más allá de ese límite. El saldo será una superficie afectada de unas 100.000 hectáreas. La distribución de las zonas donde se levanta y donde se incorpora el veto se apoyará en el borrador del Plan do Litoral presentado por la Xunta el pasado 25 enero, una vez que pase por el filtro de las consultas a los 84 ayuntamientos afectados. El proceso está resultando más complicado de lo previsto, debido a las dificultades de los técnicos municipales para interpretar la voluminosa documentación aportada, pero la consellería descarta modificar el calendario previsto. Pero incluso en el caso de que no se cumplieran los plazos -la consellería concedió a los ayuntamientos para estudiar la documentación dos meses, que vencen a finales de marzo-, la Xunta está obligada a perfilar el decreto de prórroga. De lo contrario, estaría abocada a reeditar la prohibición generalizada en la franja de 500 metros que tanto criticó en la oposición, y que se vio obligada a asumir en mayo de 2009. Con la documentación que forma parte del borrador del plan, Medio Ambiente sostiene que hay zonas en ese ámbito del primer medio kilómetro en las que no es necesario mantener el veto. "Se trata principalmente de zonas como traseras de fachadas en áreas consolidadas o en cascos urbanos", apunta un portavoz de la consellería, que denuncia el "gran daño a la economía de Galicia" provocado por la paralización en esos ámbitos. Fuera de ese ámbito, añaden las mismas fuentes, hay zonas de protección ambiental y de corredor de ríos "que merecen una protección de la que ahora carecen". Los cálculos del departamento autonómico de Medio Ambiente pasan por prohibir la construcción en "algo más de la mitad" de la extensión afectada por el borrador del Plan de Ordenación do Litoral, que asciende a 212.164 hectáreas. Será por lo tanto una prohibición para una superficie superior a las 100.000 hectáreas, muy por encima de las 86.663 afectadas por la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral. Dos categorías.

El espacio que la Xunta planea incluir en la prohibición coincide a grandes rasgos con el de las dos categorías de mayor protección incluidas en el plan: de protección (67.143 hectáreas) y de mejora ambiental y paisajística (46.827). Son las zonas donde se excluyen la mayor parte de los usos urbanísticos, en el primer caso, o se permiten con condiciones, en las de mejora. El resto del área del POL se considera de ordenación, lo que equivale a dejarlas al criterio de los planes generales de los ayuntamientos.

El núcleo duro de la protección, constituido por los suelos urbanizables y urbanos no consolidados en los que el borrador del plan del litoral propone impedir o restringir los desarrollos urbanísticos, suma 6.000 hectáreas. De ellas, 2.800 se encuentran fuera de los primeros 500 metros. En la ley de medidas urgentes que aprobó el bipartito en 2007, el suelo urbanizable y urbano no consolidado en los que se prohibió construir ascendía a 4.092 hectáreas.